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CECOP-La Parota: «La tierra es nuestra»

Por Rodolfo Chávez Galindo, miembro del CECOP-La Parota y militante de la Coordinadora Socialista Revolucionaria

En el año 2003 dio inicio uno de los movimientos más representativos en México en contra de los megaproyectos depredadores, el cual por sus logros, combatividad y consistencia es reconocido como tal a nivel nacional y en otros países sobre todo en Centro y Sudamérica: el movimiento de resistencia contra el Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota, en los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, Guerrero, México.

El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) desde hace quince años dirige este movimiento ejemplar que abarca varios de los elementos que, en los últimos años, están en la base de múltiples resistencias en nuestro país y en muchos otros: la resistencia en contra del despojo de tierras y territorios; la defensa del agua y el acceso a ella como derecho humano; la reivindicación del carácter comunitario de los territorios ancestrales, la cultura y las costumbres del ámbito comunal; la defensa de los derechos de quienes son sus legítimos dueños: los pueblos originarios; la lucha en contra de la represión y la criminalización de los luchadores sociales que se oponen a la depredación y el despojo.

La resistencia en contra de la construcción de la presa La Parota es parte de las luchas contra el extractivismo, cada vez más frecuentes en el mundo subdesarrollado, particularmente en América Latina. La crisis del capitalismo y la caída tendencial de la tasa de ganancia han llevado al capital, sobre todo trasnacional a invertir en proyectos de carácter extractivista, que sus empresas han diseminado sobre todo en los países del Sur global ejerciendo su dominio frente a gobiernos corruptos que les abren las puertas y ponen a su servicio los aparatos de poder público, las leyes y las fuerzas represivas para que puedan expulsar de sus territorios a millones de campesinos, sobre todo indígenas en un proceso de acumulación por desposesión.

En este marco de acumulación originaria depredadora global, el movimiento del CECOP que ha logrado detener por quince años el megaproyecto, ha sido considerado un movimiento emblemático, aun tomando en cuenta los duros golpes recibidos, lo cual no disminuye la riqueza acumulada en la toma de conciencia de lo que significa construir un movimiento social y haber sabido enfrentar con dignidad los intentos del Estado por imponer el proyecto; éste está suspendido por decisión de los pueblos; queda pendiente lograr la cancelación definitiva.

La resistencia nació y avanzó en un marco de permanente confrontación por la represión gubernamental lo que derivó en la independencia del movimiento frente al poder establecido, lo que llevó a rebasar los aparatos de dominio, concretamente las estructuras del corporativismo. Este avance quedó de manifiesto al ser rebasados los corruptos comisariados ejidales y de bienes comunales que, por décadas sirvieron sumisos a los dictados del aparato de poder estatal de control para el campo, la Confederación Nacional Campesina (CNC).

Por la lucha, el peso y la presencia del CECOP en las comunidades y por los triunfos obtenidos por la vía legal en los tribunales agrarios, el gobierno no logró acabar con el movimiento, por lo cual optó por instrumentar actos de provocación en 2017 y 2018 para acabar con él por la vía de la fuerza, haciendo uso de la violencia de Estado. El 7 de enero de 2018 el gobierno entró a la comunidad de La Concepción, centro de la lucha, con un descomunal operativo policíaco-militar para acabar con el CECOP por medio del asesinato y el encarcelamiento. Cinco compañeros del CECOP, que además formaban parte de la policía comunitaria de Cacahuatepec fueron asesinados, tres de ellos por medio de ejecuciones extrajudiciales. Treinta y ocho compañeros fueron detenidos y enviados a prisión. Después de un año, diecisiete compañeros siguen en prisión en el penal de Acapulco. Son los presos políticos del CECOP.

A la demanda por la cancelación del proyecto La Parota se agrega la demanda por la libertad de los presos políticos; por justicia y por el cese de la represión.

Origen del conflicto

En enero de 2003, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ingresó ilegalmente en tierras de los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, en el municipio de Acapulco y comenzó a ejecutar obras sin consulta y sin haber informado sobre la afectación que llegaría a implicar el desalojo de comunidades enteras. El 28 de julio de 2003 dio inicio el movimiento de resistencia. Se respondió a la agresión primero de manera espontánea defendiendo la propiedad de la tierra, “la tierra es nuestra” y se buscó la más amplia solidaridad. Se aprendió cómo enfrentar el conflicto y las agresiones venidas desde las instituciones gubernamentales. El 15 de agosto de 2004 el movimiento adoptó el nombre de Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP). Se dio a la lucha una visión de defensa de derechos. Se emplazó al gobierno mexicano por la violación de derechos reconocidos en la Declaración de los Derechos Humanos, en la Declaración del Derecho al Desarrollo y la Conferencia de la ONU sobre Medioambiente y Desarrollo. El reconocimiento de estos derechos es recomendación básica de la Comisión Mundial de Represas (CMR) que, desde abril de 1997 por encomienda del Banco Mundial y la Comisión Mundial para la Naturaleza, estudió los aspectos controversiales asociados con las grandes presas y cuyo reporte final se publicó en noviembre del año 2000. (Informe CMR, 2000: 99-133)1.

El Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota está integrado al Proyecto Mesoamérica, antes Plan Puebla Panamá (PPP), firmado el 15 de junio de 2001. Se inscribe en el Programa Mesoamericano de Interconexión Energética, ratificado por los presidentes de la región y el presidente de México, en la VIII Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, el 11 de julio de 2006 en Panamá al cual posteriormente se agregó Colombia. La Parota sería una de más de 300 presas programadas de México a Panamá, el objetivo es generar un mercado regional de energía eléctrica para la maquila mesoamericana a través del Sistema de Interconexión Energética de América Central (SIEPAC), que desde 2009 junto con el sistema mexicano de energía eléctrica conforman un proyecto trasnacional controlado por las grandes empresas de la energía. Los 900 MW programados para La Parota están inscritos en el interés económico de esas empresas, de bancos extranjeros y constructoras de capital global. La industria de las presas es un gran negocio a nivel mundial, la estrategia actual es trasladar su construcción a los países periféricos y desmantelar el mayor número de presas en los países industrializados. Trasladan los conflictos sociales y los desastres ambientales hacia los países pobres y dependientes. “Los países poderosos comercializan la energía; los problemas y los desastres quedan en el Sur”. (Mc Cully, 2004a: 21-34)2.

El derecho a la libre determinación cobró importancia fundamental por el problema de los desalojos forzados, lo mismo los derechos a la información y a la consulta. Se trata de comunidades que serían desplazadas y por tanto se verían privadas no sólo de su organización social, sus costumbres y valores, sino que serían arrebatados hogares y medios de subsistencia. Se hubiera violado el derecho de las comunidades a preservar la propiedad social y colectiva de las tierras. (Art. 133 Constitucional) y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en sus artículos 6, 7, y del 14 al 18, por el desplazamiento de comunidades indígenas de los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, el lugar que hubiera resultado más afectado en tanto que es el punto donde pretendieron construir la cortina de la presa además de la afectación a 19 ejidos. (OIT, Convenio 169, Informe 2006: 501)3.

El proyecto Presa La Parota hubiera afectado cinco municipios del estado de Guerrero: Acapulco, Juan R. Escudero, San Marcos, Chilpancingo y Tecoanapa. Inundando 17,300 hectáreas (170 millones trescientos mil metros cuadrados) de selva mediana y baja caducifolia, así como tierras de cultivo, carreteras y puentes tras una cortina de 192 metros de altura; habría significado el desalojo directo de 25 mil campesinos y la afectación de 80 mil más que viven y siembran río abajo, además de que el cierre del cauce del río habría dejado sin agua por varios años al puerto de Acapulco y hubiera llevado a la desaparición de núcleos asentados desde tiempos prehispánicos en la ribera del Río Papagayo. La CFE en los meses que entró sin autorización destruyó sitios prehispánicos y extrajo piezas arqueológicas.

Se violaron los derechos a la información y la consulta. En la voz de comuneros y ejidatarios: la CFE no informó sobre el proyecto; ejecutó obras sin haber obtenido los permisos de las asambleas respectivas para ejecutar la ocupación previa infringiendo la Ley Agraria. No obtuvo, ni cuenta a la fecha con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para el cambio de uso del suelo. El 9 de junio de 2005, los comuneros interpusimos una denuncia por delitos ambientales contra la CFE ante la Procuraduría General de la República. (PGR, Exp. A.P. 192-Ueidaple/D.A.”B”/3/2005)4. La CFE recurrió a formas antijurídicas como la compra de conciencias y de votos, esas acciones y otros actos de corrupción aceleraron el proceso de rompimiento del tejido social. Tres pueblos comenzaron el movimiento de resistencia, posteriormente llegaron a participar 36 pueblos. Se instaló un primer plantón (retén de campesinos en los caminos) para impedir a la CFE el acceso a la zona. Se instalaron después siete plantones para impedir el paso de la maquinaria por otros caminos y brechas permaneciendo en alerta día y noche durante cinco años, resguardados sobre todo por compañeras mujeres.

Represión, violencia de Estado, intimidación

El 27 de julio de 2004, con base en delitos prefabricados por la CFE, la autoridad judicial emitió seis órdenes de aprehensión. Detuvieron arbitrariamente a dos comuneros, Marco Antonio Suástegui Muñoz y Francisco Hernández Valeriano quienes fueron liberados nueve días después por la movilización de miles de campesinos. En 2007 detuvieron a dos compañeros más, después de haber obtenido amparos definitivos. La crispación social aumentó con la criminalización de la resistencia.

El 18 de septiembre de 2005, al término de la asamblea del CECOP en que se había llamado a dialogar al gobernador del estado, quien no asistió, en el camino de regreso a su comunidad, campesinos de Huamuchitos fueron emboscados en las camionetas que los conducían. Un pistolero subió a la camioneta del compañero Tomás Cruz Zamora quien murió de un balazo en la cabeza.

El 29 de enero de 2006, Eduardo Maya Manrique fue asesinado a golpes frente a su casa en el ejido Dos Arroyos. En esos primeros años, también en Huamuchitos fue asesinado Benito Jacinto Cruz. En 2014, Celerino García Hernández fue asesinado por caciques gravilleros.

Se creó la policía comunitaria de Cacahuatepec. La adopción del Sistema Comunitario de Justicia de la CRAC-PC respaldado por la Ley 701 de protección, reconocimiento y cultura de los pueblos indígenas del estado de Guerrero permitió avanzar en la decisión de los pueblos de ejercer su derecho a la autodeterminación en lo que corresponde a la seguridad y a la impartición comunitaria de justicia.

La fuerza de la tormenta “Manuel” y el huracán “Ingrid” hizo que se rompieran las compuertas de la presa La Venta, río arriba lo que destruyó más de 500 casas, terrenos y sembradíos de habitantes de los ejidos y de los bienes comunales. La exigencia al gobierno estatal de que entregara los apoyos por el desastre se topó nuevamente con su actitud represiva a la que se agregaron provocaciones y falsas denuncias de los empresarios que estaban extrayendo grava del río. Se giraron más de 50 órdenes de aprehensión. Varios compañeros fueron detenidos, entre ellos el vocero del CECOP, Marco Antonio Suástegui Muñoz a quien remitieron a la cárcel de alta seguridad en el estado de Nayarit y a María de la Cruz Dorantes Zamora a la cárcel de Acapulco. Ambos estuvieron injustamente en prisión más de un año.

En 2016, el gobierno del estado envió a un funcionario de alto nivel a provocar abiertamente a la policía comunitaria, hasta que fue detenido por ésta y exhibido en los medios junto con sus sicarios guardaespaldas. Posteriormente, el 8 de marzo de 2017, el gobierno estatal envió a la organización Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) con paramilitares para provocar un enfrentamiento con la policía comunitaria. Los pobladores de La Concepción, encabezados por las mujeres impidieron el enfrentamiento. La UPOEG se retiró a otra comunidad en donde permaneció más de tres meses hasta que fueron expulsados por haber masacrado a una familia que en su mayoría eran mujeres, niños y un bebé; multitudinario crimen que sigue en la impunidad.

El 7 de enero de 2018 el gobierno del estado envió un operativo descomunal en contra del CECOP y de la policía comunitaria de Cacahuatepec con el fin de acabar con el movimiento de quince años de resistencia contra la construcción de La Parota y para destruir el Sistema Comunitario de Justicia de Cacahuatepec.

En la comunidad de La Concepción, fuerzas del Estado irrumpieron con un operativo policíaco-militar en el que participaron más de 200 elementos de las policías del estado junto con la policía federal (gendarmería), además del ejército, apoyados por más de 35 patrullas, dos tanquetas y un helicóptero. En las acciones de ese día murieron cinco compañeros del CECOP que habían sido nombrados en sus pueblos como policías comunitarios. Dos de ellos fueron asesinados por la espalda y tres fueron ejecutados extrajudicialmente en tanto que fueron abatidos después de que habían sido detenidos.

En ese despliegue descomunal de fuerzas represivas quedó al descubierto la violencia de Estado en sus niveles extremos. Fueron detenidos con lujo de violencia 38 compañeros a quienes se torturó; 16 de ellos aún quedan detenidos en el penal de Acapulco y tres más por órdenes de aprehensión anteriores, dos de ellos fueron liberados posteriormente. El supuesto móvil del operativo fue, según el entonces Fiscal de Guerrero, el desarme de los policías comunitarios a manos de las fuerzas del Estado por el altercado generado por un acto de provocación a las 3 de la madrugada de ese día, en el que resultaron muertos por un enfrentamiento seis atacantes armados que habían matado por la espalda a dos de nuestros policías comunitarios. A las 10:30 de la mañana, los dos compañeros estaban siendo velados en la comandancia comunitaria cuando irrumpieron las fuerzas estatales y federales en ese operativo desmedido en el que, según testimonios de compañeros que lograron salvarse, no se escuchó la orden de desarmarlos, como declaró el fiscal. La orden ejecutora fue ¡mátenlos!

La demanda por justicia y por la libertad de los diecisiete presos políticos toma un lugar prioritario en la lucha del CECOP.

Las afectaciones ambientales

El 24 de agosto de 2004, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a exigencia de los campesinos, sometió a Consulta Pública el proyecto. (Semarnat, MIA La Parota: 23-129) Se impugnó por los propios campesinos y por expertos la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en tanto que no evalúa integralmente los daños al sistema hidrológico. No impone medidas al problema de erosión y sedimentación. No evalúa el impacto en el abasto y calidad de agua para Acapulco. Afecta la Región Hidrológica Prioritaria No. 29, Río Papagayo-Acapulco, y la Región Marítima Prioritaria No. 32, Coyuca-Tres Palos. Se expondría la zona a un riesgo de epidemias y enfermedades hídricas. Destruiría especies de flora y fauna, algunas endémicas, protegidas por su categoría de especies en peligro de extinción. No presenta un estudio sísmico de fondo. La Parota se localiza en la zona más altamente sísmica del país, la Fosa Mesoamericana, que limita con la Placa de Cocos y la Placa Continental Norteamericana, y, como todas las grandes presas, se requiere de profundos estudios sobre sismicidad. (Mc Cully, 2004b:135-138). El 13 de diciembre de 2004, la Semarnat autorizó el impacto ambiental. Ejidatarios y comuneros presentaron un recurso de revisión con la asesoría legal del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). (Semarnat, 2005:12GE2004H0014)5.

En agosto de 2005, la Semarnat confirmó la autorización sin considerar el principio precautorio. El 3 de marzo de 2006 se interpuso una demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. (TFJFA: Exp.7384/06/17-08-8)6.

El conflicto agrario

El 25 de abril de 2004 mediante una asamblea fraudulenta convocada por el comisariado de los bienes comunales y bajo un fuerte operativo policíaco, la CFE pretendió obtener el permiso para los estudios de factibilidad. El 24 de junio de ese año, 1590 comuneros interpusieron ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) una demanda de nulidad de la asamblea. (TUA: Exp. 0447/2004). Ante la PGR se denunció la falsificación de firmas, se entregó una muestra de 30 de entre las más de 600 firmas falsificadas utilizadas para validar la asamblea. El 15 de julio de 2005, el Tribunal Unitario Agrario emitió la medida precautoria que ordena a la CFE abstenerse de realizar cualquier actividad en el núcleo comunal con el fin de preservar la paz social. (TUA: Exp. 315/2005).

Pasando sobre las medidas emitidas por el Tribunal, el comisariado, maiceado por la CFE volvió a convocar a asamblea general para el 14 de agosto de 2005 en el poblado de El Campanario con el fin de iniciar el proceso expropiatorio y el trámite de cambio de uso del suelo en los bienes comunales. Más de mil trescientos policías de todas las corporaciones, trataron de cerrar el paso e impedir el acceso a la asamblea a los comuneros opositores a la presa. La agresión policíaca llevada al enfrentamiento impidió su realización. En segunda convocatoria, emitida sin respetar los tiempos legales, el 23 de agosto se realizó la asamblea en el municipio de San Marcos, fuera del núcleo agrario y fuera del municipio de Acapulco. Más de mil policías, con gases lacrimógenos impidieron a la gran mayoría de comuneros participar en la asamblea. El 7 de septiembre ante el Tribunal Unitario Agrario No. 41 con sede en Acapulco, 3 mil 282 comuneros interpusieron demanda de nulidad en contra del acta de asamblea con el apoyo invaluable de los abogados del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan. El 17 de enero de 2006, el Tribunal Unitario Agrario declaró la nulidad de la asamblea de Comuneros del 23 de agosto de 2005.

La CFE con la intervención del gobernador del estado continuaron intentando llevar a cabo el proceso expropiatorio ahora, por medio de la manipulación de los comisariados ejidales, lo mismo, mediante asambleas amañadas. El 27 de noviembre convocaron a asamblea en el ejido Dos Arroyos; más de 800 policías cerraron el paso con piedras y gases lacrimógenos a los ejidatarios opositores. La represión impidió su realización. En forma ilegal, sin convocar en tiempo y forma, el 16 de diciembre realizaron la asamblea en Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero, fuera del núcleo agrario y fuera del municipio de Acapulco. El 27 de diciembre, llevaron a cabo la asamblea del ejido Los Huajes fuera del núcleo ejidal, la trasladaron al Kilómetro 21 de la carretera a Acapulco. Ilegalmente validaron cartas poder falsas de comuneros ausentes que se encontraban trabajando en Estados Unidos, también votaron los muertos. El mismo día y con las mismas irregularidades realizaron la asamblea en el ejido La Palma, municipio de Juan R. Escudero.

Resoluciones del Tribunal Unitario Agrario

cecop 3El Tribunal Unitario Agrario No. 41 con sede en Acapulco, Gro. declaró nulas las asambleas de los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, y de los ejidos Los Huajes, Dos Arroyos y La Palma. Estas asambleas pretendieron ser una consulta a través de un mecanismo controlado, que no fue respetado ni por el mismo gobierno, quien rompió su propia legalidad, además que las realizó con el uso de las fuerzas policíacas y la represión.

Asamblea de los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec. Expediente 447/20057.

El 17 de enero de 2006 el Tribunal Unitario Agrario No. 41, con residencia en Acapulco, Gro., emitió la resolución correspondiente al Juicio de Nulidad 447/2005 resolviendo a favor de los comuneros. Se decretó la nulidad del Acta y de la Asamblea del 23 de agosto de 2005, junto con los convenios y acuerdos suscritos.

Asamblea del Ejido Los Huajes. Expediente 0072/2006.

El 29 de agosto de 2008 el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41 declaró nula la convocatoria del 18 de diciembre de 2005 así como la Asamblea General del Ejido Los Huajes del 27 de Diciembre de 2005.

Asamblea del Ejido Dos Arroyos. Expediente 0073/2006.

El 18 de abril de 2007 el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41 certificó y declaró nulos todos los convenios y contratos que se derivan de la Asamblea Ejidal realizada el 16 de diciembre de 2005.

Asamblea del Ejido La Palma. Expediente 0074/2006.

El 14 de mayo de 2007. El Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41 declara nulas las convocatorias del 9 y 19 de diciembre de 2005 así como la Asamblea General de Ejidatarios del 27 de diciembre de 2005.

La declaración de nulidad. Razones jurídicas.

  1. No se convocó adecuadamente. No existió convocatoria real, y no se apegaron a los plazos legalmente establecidos.
  2. Se negó el derecho a votar, en tanto se impidió con policías la entrada de los comuneros y ejidatarios opositores.
  3. Se generó violencia por parte de los policías.
  4. No se verificó el quórum establecido por la Ley Agraria que debía ser del 75 por ciento de los campesinos.
  5. Las asambleas fueron sacadas de los terrenos ejidales y comunales. En el caso de Cacahuatepec se sacó al municipio de San Marcos. La asamblea de Dos Arroyos fue llevada al municipio de Juan R. Escudero. La asamblea de Los Huajes la realizaron en el Km. 21 de la carretera a Acapulco.
  6. Se constató que a las asambleas fue acarreada gente de las colonias de Acapulco y de San Marcos que nada tienen que ver con los bienes comunales ni con los ejidos.
  7. Se verificó que cientos de firmas fueron falsificadas, decenas de votos fueron acreditados con cartas poder falsas, además de que votaron muchos muertos.

Estas sentencias echan por tierra la intención de la CFE de contar con la anuencia de los comuneros y ejidatarios para iniciar el proceso expropiatorio e impide a los comisariados firmar convenios de ocupación previa, lo mismo la anuencia para que la CFE realice el trámite de cambio de uso del suelo ante la Semarnat. Se niega también el paso de una línea de transmisión. Las razones de nulidad son las mismas para los bienes comunales y para los ejidos.

La asamblea legítima del 12 de agosto de 2007

Al perder los juicios agrarios la CFE impulsó en 2007 la reposición del proceso con los mismos métodos fraudulentos pero con la clara intención de reprimir al movimiento. El CECOP extendió la más amplia convocatoria a organizaciones y personalidades democráticas del país para conformar una misión de observación que impidiera el uso de la fuerza pública y hacer una indiscriminada y a la vez selectiva aprehensión de campesinos como acababa de acontecer en Oaxaca y en Atenco, Estado de México. La participación de más de 120 organizaciones detuvo el operativo y como resultado se firmó un Convenio Conciliatorio entre los líderes agrarios espurios y el Comisariado legítimo y autónomo nombrado por los pueblos, ambos convocaron conjuntamente a una asamblea comunal.

Esta se llevó a cabo el 12 de agosto de 2007 y fue legalmente convocada e instalada. A ella asistieron más de cuatro mil comuneros. Se­gún el acuerdo, se invitó por primera y única vez a la CFE a dar su punto de vista sobre el proyecto, cuyo in­forme recayó en uno de sus funcio­narios de más alto rango y su equipo de asesores. Por parte del CECOP expertos indepen­dientes dieron a conocer las caren­cias y omisiones de la Manifestación de Impacto Ambien­tal, las afectacio­nes irreversibles al ecosistema y los costos socia-

les que traería ese proyecto sobre los pueblos al ser despojados de sus tierras y desplazados de sus comunidades. La decisión casi unánime de los cuatro mil comuneros, afines y oposi­tores al proyecto fue el rotundo NO a la presa La Parota. No más de veinte votaron por el sí. Esta decisión tomada democráticamente en asamblea legalmente establecida no fue reco­nocida por la Procuraduría Agraria, pero para todos los campesinos ésta es la asamblea defi­nitoria, la única válida. La decisión está toma­da: la presa no se hace.

El 28 de abril de 2010 se dio otro intento gubernamental por reponer el proceso en la comunidad de La Concepción de los Bienes Comunales con una variante en el número de hectáreas a ser afectadas, lo que generó nuevos elementos de confrontación al realizar otra asamblea fraudulenta a la que acudieron taxistas a votar en lugar de los comuneros. Al igual que las anteriores, esta asamblea fue declarada nula por el Tribunal Agrario.

El Tribunal Latinoamericano del Agua. Veredicto

El 17 de marzo de 2006, el caso La Parota fue tratado en la Primera Audiencia Pública del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) -tribunal internacional de justicia ambiental con carácter ético-. En su veredicto consideró que, la manifestación de impacto ambiental y su correspondiente autorización no considera los daños a la salud pública ni a la calidad de vida de la población, con lo que se violan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. (LGEEPA), la Ley de Aguas Nacionales, y la Ley General de Salud. El TLA resolvió: “Los derechos agrarios de las comunidades afectadas y el control del territorio y sus recursos naturales deben ser garantizados como lo marca el artículo 27 constitucional. De igual manera debe respetarse la diversidad cultural, la existencia de comunidades indígenas, los derechos agrarios y formas de gobierno, usos y costumbres en su territorio como se especifica en el artículo 2 de la Constitución”

Por consiguiente:

  1. El Proyecto Hidroeléctrico La Parota debe cancelarse ya que no se demuestran los beneficios a la población local ni su contribución al desarrollo regional, ni considera la protección del ambiente y los recursos naturales.
  2. El gobierno del estado de Guerrero debe garantizar las condiciones de seguridad para la población, respetar los derechos humanos y contribuir a la paz social de los habitantes de la región afectados por el citado proyecto. (TLA, Veredicto La Parota, http//www.tragua.com)8.
  3. El Comité DESC de Naciones Unidas
  4. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUD), conoció del caso La Parota por el Informe Alternativo entregado por el Espacio DESC y 105 organizaciones mexicanas, así como por el informe escrito y oral del CECOP en reunión del 1 de mayo de 2006 realizada en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza. El Comité DESC de la ONU consideró el cuarto informe periódico de México sobre aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), (E/C.12/4/Add.16), y adoptó, en su 29 Sesión, el 19 de mayo de 2006, entre otras, las siguientes observaciones finales: Preocupación por los informes sobre comunidades indígenas y locales que se oponen a la construcción de la Presa Hidroeléctrica La Parota, por violación de derechos a la alimentación, vivienda, salud, educación, derecho al agua, a la tierra, al territorio y al desarrollo.
  5. El Comité DESC de la ONU recomienda: Apartado E, párrafo 28: “El Comité urge al Estado Parte asegurar que las comunidades indígenas y locales afectadas por el proyecto de la Presa Hidroeléctrica La Parota u otros megaproyectos en las tierras y territorios que éstos poseen o que tradicionalmente ocupan o utilizan sean debidamente consultadas, y que se procure su previo consentimiento informado en cualquiera de los procesos de toma de decisión relacionados con estos proyectos que afectan sus derechos e intereses reconocidos en el PIDESC, en concordancia con el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. El Comité también urge al Estado Parte a reconocer los derechos de propiedad y posesión de las comunidades indígenas sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por ellos, y de ser el caso, asegurar a las comunidades indígenas y campesinos locales afectados por la construcción de la Presa La Parota u otros proyectos de infraestructura dentro del Plan Puebla Panamá, una adecuada compensación y/o reubicación alternativa y tierras fértiles para los cultivos, y que sus derechos económicos, sociales y culturales sean salvaguardados. Al respecto, el Estado Parte debe referirse a las Observaciones Generales Nº 14 y 15 del Comité sobre el derecho al disfrute del nivel más alto posible de salud y el derecho al agua”. (ONU, Consejo Económico y Social, 2006: E/C.12/CO/MEX/4)9.

Informes de Relatores de Naciones Unidas

El Relator Especial de la ONU sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, Dr. Rodolfo Stavenhagen en su primera visita a los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, el 10 de Agosto de 2006, reconoció el movimiento del CECOP como “un movimiento legítimo en defensa de los Derechos Humanos fundamentales que son: los derechos a la vida, a la subsistencia, a la tierra, al territorio, el derecho a la participación, sus derechos como comuneros, como comunidades, el derecho a que se les respeten estas tierras, que son tierras de la comunidad ya antiguas, que son tierras comunales, que no son mercancías a ser compradas y vendidas, sino que forman parte de la vida de la comunidad”. El Relator informó de su visita a la ONU quien hizo las recomendaciones necesarias al Estado mexicano sobre el conflicto Presa La Parota.

En septiembre de 2007 visitaron al CECOP el Relator Especial sobre Derecho a una Vivienda Adecuada, Sr. Miloon Kothari y el Relator Rodolfo Stavenhagen en segunda visita. De ésta resultó un importante documento titulado “Reflexiones sobre algunas implicaciones en materia de derechos humanos del Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota” que los relatores enviaron al gobierno mexicano el 19 de octubre de 2007, el cual se reprodujo íntegramente en el informe del Relator Kothari ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 4 de marzo de 2008 (A/HRC/7/16/Add.1), e incluye los comentarios y observaciones del gobierno mexicano en respuesta del 8 de enero de 200810.

En el documento los Relatores afirman que la CFE además de “subestimar” las complejidades y la problemática que trae consigo la transformación en la vida económica y social de las comunidades implicadas en el megaproyecto, también trata de “imponer” a los pueblos sus propios conceptos y estrategias de desarrollo. En el texto se menciona que a partir de las entrevistas y reuniones que sostuvieron con integrantes del CECOP, y después de recibir información de organizaciones de la sociedad civil, los Relatores consideran que “existen algunas inconsistencias en las medidas que el Estado Mexicano ha adoptado con el fin de garantizar los derechos humanos de las personas afectadas por la realización del proyecto” y afirman que “la información generada por la CFE no ha logrado realmente llegar de manera clara y precisa a los pobladores de la zona que se vería afectada”. También destacan que “las personas afectadas adquirieron conocimiento del proyecto una vez que éste ya estaba completamente definido y sólo cuando la CFE empezó a realizar los primeros trabajos en la zona para iniciar el proyecto. Aún hoy en día entre las comunidades existe un gran desconocimiento en torno a lo que sucederá con el proyecto (…) este factor habla de la poca transparencia con la que parece haber sido tomadas las decisiones acerca del proyecto”. En otro apartado mencionan que los campesinos tampoco tienen la certeza de si el impacto de la obra es negativo o positivo, debido a la “inexistencia de un estudio de impacto ambiental social” en el que se proyecten las consecuencias.

En el apartado denominado “Marco institucional”, Kothari y Stavenhagen manifiestan su “preocupación” ante la falta de coordinación de las dependencias de gobierno y que por ende sea la CFE quien esté asumiendo facultades que rebasan por mucho su competencia, como es el hecho de ocuparse de asuntos de vivienda, salud, trabajo, agricultura, comunicaciones y transporte o medio ambiente. Finalmente, agregan que el alto grado de marginación en que se sitúan los pueblos de La Parota no debe ser una justificación para construir un megaproyecto, sino “por el contrario se trata de una señal para asegurarse de que este tipo de proyectos no traerá como consecuencias indirectas graves violaciones a los derechos humanos”. Enseguida resaltan que en su visita a La Parota tampoco tuvieron constancia de cómo se van a mitigar los impactos negativos en la población que sería desplazada y las medidas que se tomarán frente a la acelerada desigualdad social y la marginación que traen consigo la construcción de este tipo de presas. De ahí que “el resultado de este proceso sobre la vida de las personas y la estabilidad de las comunidades sería muy preocupante”. Ante esta situación, los Relatores recomendaron al gobierno mexicano que “se suspendan los trabajos de realización” del proyecto y agregaron que parte del conflicto se debe al “vacío legislativo relacionado con los mecanismos para hacer efectivo el derecho a la consulta de las comunidades afectadas”. Consideran asimismo que debe contar con una política exhaustiva sobre el tema de los posibles desalojos con motivo de proyectos de desarrollo. En otro punto afirman que tras constatar que “en ocasiones la agresión verbal y la descalificación mutua entre los grupos polarizados generan niveles peligrosos de tensión y conflictividad social”, es “necesario” que el gobierno mexicano promueva un proceso de diálogo y reconciliación entre las comunidades.

Participación en foros y eventos internacionales

Desde el inicio del movimiento, el CECOP participó, de 2003 a 2011 (año en que concluyó) en el Foro Mesoamericano de los Pueblos realizado en todos los países de Centroamérica y el Sureste mexicano.

cecop 5El 7 de diciembre de 2005 como CECOP participamos con la ponencia “El Movimiento Mesoamericano contra las Represas, confrontación y respuesta al Plan Puebla Panamá” en el taller “Alternativas a las estrategias de grandes obras hidráulicas” en el marco del Encuentro por una Nueva Cultura del Agua en América Latina realizado en Fortaleza, Ceará, Brasil. Años después realizamos un intercambio de experiencias con movimientos brasileños en resistencia contra las represas integrados al Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) en Ceará y en Minas Gerais.

Expusimos los avances de nuestra resistencia en la Expo Mundial del Agua, “Zaragoza 2008” en España.

Frente a la delegación oficial de México, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, D.C. denunciamos las graves violaciones a los derechos humanos en los territorios amenazados por el Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota.

El caso La Parota fue presentado por miembros del CECOP ante la Unión Europea en Bélgica, así como a la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México y otras organizaciones en Alemania y Suiza.

Se participó en más de una ocasión en el Foro de Sao Paulo. Frente a cientos de organizaciones de todos los continentes, el movimiento de resistencia contra la presa La Parota comenzó a colocarse como un movimiento emblemático en la lucha socioambiental.

Visitas, acompañamiento y solidaridad de organizaciones hermanas

Un gran apoyo para la lucha del CECOP y la defensa de los derechos socioambientales significó la visita de la Directora de Amnistía Internacional (AI), la Sra. Irene Khan a los plantones de Aguacaliente y del ejido Dos Arroyos.

Igual relevancia tuvo la denuncia por la violación de los derechos humanos de comuneros y ejidatarios ante la Sra. Louise Arbour, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su visita a México y al estado de Guerrero.

Organizaciones internacionales como la Fundación de Derechos Humanos Robert F. Kennedy conoció a fondo el caso La Parota.

El 16 de abril de 2006 el CECOP recibió al Subcomandante Marcos del EZLN quien afirmó que “la presa La Parota sólo podría hacerse con una guerra en el Sureste mexicano”.

De 2011 a 2014, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) documentó los casos de violencia y violación a los derechos en México y concluyó que existe una violación sistemática a los derechos humanos y una grave devastación ambiental en el país; el caso La Parota fue expuesto y analizado en ese proceso. El TPP exigió que en el caso presa La Parota se respeten la autonomía de las comunidades, el carácter colectivo de las tierras comunales y ejidales y se cancele de manera definitiva el proyecto hidroeléctrico Presa La Parota.

En su visita a Guerrero en noviembre de 2017, la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Sra. Victoria Tauli-Corpuz escuchó al CECOP y concluyó que existe un clima de violencia institucional contra los pueblos y territorios amenazados por el proyecto Presa La Parota que, como otros pueblos indígenas enfrentan un modelo económico basado en el despojo y la ocupación forzosa de sus territorios con el objetivo de que sus recursos naturales sirvan como base para un desarrollo que no los beneficia. Los únicos beneficiados de la depredación y el despojo son los ricos de siempre; los pueblos indígenas siguen siendo encarcelados y criminalizados.

Cientos de organizaciones dieron seguimiento y solidaridad al movimiento del CECOP, entre ellas el Espacio DESC, la Coalición Internacional para el Hábitat oficina para América Latina (HIC-AL), FIAN Internacional y su representación en México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (PRODH), el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM), el Frente en Defensa de la Tierra de Atenco, la Universidad Autónoma de Chapingo, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) entre muchas, además de aquellas redes de las que el CECOP forma parte como la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), la Coalición Mexicana por el Derecho al Agua (COMDA), la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), la Red Nacional de Resistencia Civil y, a nivel internacional la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua (REDLAR).

La integración del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos

Los afectados por las presas en México conformamos el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder).

La construcción de presas implica desplazamientos masivos, la constante ha sido la imposición de los proyectos, desplazando de tierras, territorios y poblados a decenas o cientos de miles de afectados, pisoteando sus derechos. Por los fuertes impactos sociales y ambientales, los constructores, las instituciones promoventes de los proyectos y los tres niveles de gobierno se han valido de promesas, engaños y actos ilegales para que los afectados cedan los derechos sobre sus tierras. En ocasiones prometen pagos que nunca cumplen y en casos extremos llevan a cabo desalojos forzosos.

El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas nace de la decisión de los afectados de distintos estados para integrar una resistencia unificada frente a la agresión. En México, las instituciones encargadas de abrir el camino a los capitales saqueadores son, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con el apoyo de la Semarnat como agente de ventas y permisos para el saqueo y de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) para validar el despojo de tierras.

El Mapder, nacido en 2003, realizó su Primer Encuentro en octubre de 2004 en el territorio en resistencia contra la Presa La Parota. Se reforzaron lazos de cooperación entre afectados y con organizaciones defensoras de derechos humanos y se puso especial énfasis en la defensa de derechos como pueblos indígenas. Se fijó la línea política independiente del gobierno y se adoptó la movilización como método fundamental de lucha.

El Mapder integró durante los últimos quince años las resistencias contra los proyectos de presas, La Parota en Guerrero; Arcediano y posteriormente El Zapotillo en Jalisco; El Cajón, La Yesca y Las Cruces en Nayarit; Itzantún en Huitiupán, Chiapas y los proyectos binacionales compartidos con Guatemala en el Río Usumacinta; la presa Benito Juárez y Paso de la Reyna en Oaxaca; grupos de desplazados desde décadas atrás por las presas Miguel Alemán y Cerro de Oro en la Cuenca del Papaloapan; Jalcomulco y Amatlán en Veracruz; Olintla, San Felipe, Tepatlán y Ahuacatán en la Sierra Norte de Puebla.

Al Mapder tocó la realización del III Encuentro Mundial de afectados por presas el cual tuvo lugar en Temacapulín, Jalisco, del 1° al 7 de octubre de 2010 en el marco de la resistencia contra la presa El Zapotillo, al cual asistieron representaciones de 60 países de todos los continentes.

Del 16 al 18 de noviembre del 2018, a quince años de su nacimiento, se realizó el 13° Encuentro Nacional del Mapder nuevamente en territorio de La Parota. Después de arduas luchas y largas resistencias nos pesa corroborar que seguimos enfrentando las mismas agresiones, en muchos casos incrementadas, de empresas y autoridades que insisten en construir los proyectos de presas pasando sobre los derechos y los intereses de los pueblos. Esos proyectos no responden a intereses nacionales sino son parte de los megaproyectos de las trasnacionales. Continúan desarticulando el tejido social de los pueblos y, para su construcción, continúan ejerciendo la represión y la violencia de Estado en todas sus formas.

Cancelación definitiva del Proyecto Presa La Parota

Los movimientos contra la construcción de presas se han convertido en resistencias con carácter transexenal. No puede ser de otro modo ya que, tanto un gobierno que sale, como otro que entra, responden a intereses de grupos o de empresas que se mueven bajo el esquema capitalista dominante. El interés es el negocio y pasan por encima de los intereses de las clases desposeídas, particularmente campesinos e indígenas a quienes arrebatan sus tierras para convertirlas en mercancías que se compran y se venden. En La Parota, la CFE se topó con el rechazo de los pueblos que desde el principio se convirtió en el eje principal de la lucha: ¡La tierra no se vende!

Tres sexenios pasaron dejando una estela de asesinatos y cárcel para comuneros y ejidatarios pero la decisión es la misma: “la presa no se hace”. Está suspendida por la contundencia del movimiento pero la lucha continúa hasta lograr la cancelación definitiva. Esta posición se sostiene firme frente al nuevo gobierno. El 29 de julio de 2018 en la conmemoración del 15° Aniversario del movimiento, el CECOP envió al entonces presidente electo, Lic. Andrés Manuel López Obrador, un documento en el que se pide que, al tomar posesión de su cargo, ejerza sus facultades para cancelar de manera definitiva el proyecto, algo que a él corresponde, en tanto que es un proyecto federal. Cualquier relación con el nuevo gobierno tendrá como punto de partida esta demanda.

El CECOP seguirá manifestando su oposición ante el imperante modelo económico basado en el despojo y la ocupación forzosa de los territorios que es una forma de colonialismo interno ejercido por la clase dominante. El movimiento contra la presa La Parota manifestó al nuevo gobierno que, antes de impulsar los megaproyectos deben anteponerse los derechos humanos de los habitantes de los territorios. Nos parece correcto que haya eliminado de su programa para el Sector Energético la creación de nuevos proyectos de presas por la fuerte oposición de grupos ambientalistas a lo que agregamos: y de movimientos como el CECOP que no cejamos en nuestra lucha por defender los territorios, el medio ambiente y los derechos de los pueblos. Es de esperarse que asuman como programa la investigación sobre energías que no desplazan población, concretamente la energía solar. Las hidroeléctricas no son energía limpia: la materia orgánica en descomposición que por miles de toneladas se asienta en el fondo de las presas, sobre todo en zonas tropicales, emite grandes cantidades de gas metano, 20 veces más nocivo que el bióxido de carbono, por lo que contribuyen a incrementar desproporcionadamente la emisión de gases de efecto invernadero.

Consideramos como muy grave la iniciativa presentada por los senadores de Morena quienes anunciaron que abrogarán la Ley Agraria para dar paso a la Ley para el Desarrollo Agrario. El cambio de nombre es sólo el señuelo. Se trata ni más ni menos que de la ley que dejó pendiente el gobierno peñista y da continuidad a la reforma salinista al Artículo 27 que, en 1992 abrió el campo mexicano al capital privado, nacional y extranjero. Además se ciñe al contenido de las “contrareformas” estructurales que llevaron a la debacle peñista. Esta iniciativa de ley tiene como objetivo integrar las disposiciones legales en materia agraria con las reformas estructurales en materia energética y de hidrocarburos y, junto con la ley sobre minería separan a los campesinos de su tierra para facilitar el saqueo y el despojo de territorios. Llegaron al extremo de copiar la propuesta neoliberal de cercenar el ejido para crear asociaciones público-privadas con los empresarios. Si pretenden que ese sea el cambio, pronto van a chocar con el pueblo que los eligió.

El gobierno mexicano en diversas ocasiones modificó la Constitución para hacer legal el despojo y la depredación. En 1992 el salinismo modificó el Artículo 27 Constitucional para hacer transferible el Ejido y ponerlo a la venta a los empresarios privados. Posteriormente impusieron la Ley Minera que da a la minería un carácter preferente sobre cualquier otro tipo de uso del suelo. La Ley reglamentaria de la reforma energética, fuertemente cuestionada, permitirá el despojo de todo el campesinado mexicano, ya que señala como prioritarias frente a toda otra actividad la extracción de hidrocarburos y la generación de energía eléctrica, dando además a las empresas el poder legal para expulsar de sus tierras a sus legítimos dueños. Está en el Congreso, para su aprobación la Ley de Biodiversidad que daría paso al robo de los saberes de los pueblos originarios para que sean patentados “legalmente” por las trasnacionales. El decreto sobre las concesiones de las cuencas hidrológicas es otra de las aberraciones que esperamos sea revertida y no retomada por el nuevo gobierno.

Al lograr la libertad de nuestros compañeros presos, quedará por delante la tarea de recuperar la paz, recomponer el tejido social, consolidar la seguridad comunitaria y avanzar en una visión de más largo alcance. El movimiento emprendido seguirá inmerso en todos los procesos que induzcan a la protección del equilibrio ecológico; esto atraviesa la lucha contra el calentamiento global y su consecuencia: el cambio climático. Junto con miles de luchadores sociales en el mundo, consideramos que el punto de partida es la lucha socioambiental para cambiar el sistema, no el clima.

Deberemos avanzar en la comprensión de que la conservación de la vida comunitaria y la preservación de un modelo favorable para las especies vivientes es incompatible con la lógica de la producción capitalista que no tiene límite que la frene y su contraparte, el consumo compulsivo, propios de ese sistema. Se trata de avanzar en propuestas como la del ecosocialismo que plantea la superación del régimen de propiedad capitalista y, por el contrario, plantea que el desarrollo humano debe responder a las necesidades básicas de los pueblos, lo que nos permitirá afrontar la crisis de civilización que tenemos enfrente todos los seres que habitamos este planeta, no sólo quienes luchamos por la defensa del territorio y de los ecosistemas.

Libertad a los presos políticos

La libertad de los presos políticos es en este momento la demanda central del CECOP, todo lo que después venga parte de la inaplazable libertad de nuestros compañeros que fueron criminalizados, judicializados y encarcelados de manera arbitraria el 7 de enero de 2018 por medio de un operativo descomunal del gobierno estatal que irrumpió en la comandancia de la policía comunitaria en el poblado de La Concepción. El gobierno buscó destruir el peso social del CECOP y, a la vez, eliminar el Sistema Comunitario de Justicia con el uso de la violencia de Estado. Su objetivo fue acabar con la lucha de quince años en defensa de los pueblos, del territorio comunal, la autonomía y la libre determinación enmarcadas en el Artículo 2° de la Constitución.

cecop 2Las agresiones permanentes contra el CECOP fueron reprobadas por la Relatora Especial de Naciones Unidas para los derechos de los pueblos indígenas, Sra. Victoria Tauli-Corpuz quien, el 11 de noviembre de 2017 se entrevistó con compañeros del CECOP que ahora son presos políticos, entre ellos con su vocero Marco Antonio Suástegui. La Relatora hizo énfasis en la impunidad en que se mueven las fuerzas represivas, sus mandos y los gobernantes después de ejecutar esos actos altamente violatorios de los derechos humanos.

La exigencia por la libertad de los presos políticos del CECOP y de la policía comunitaria se lleva a cabo en un marco de derechos. La defensa legal es conducida por los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan y toma en cuenta la documentación recabada por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en su visita presencial al lugar de los hechos y la visita en el penal a los compañeros detenidos. Dicha oficina de la ONU declaró públicamente “tener fuertes elementos de convicción sobre la existencia de violaciones de derechos humanos cometidas por parte de fuerzas de seguridad durante el operativo sobre el cual se recabó información de la comisión de actos de tortura y malos tratos, falta de respeto y obstrucción al derecho a la defensa, fabricación de pruebas, allanamientos sin orden judicial y condiciones indignas de detención”. Señaló que el gobierno está obligado a asegurar la investigación y el procesamiento efectivos e imparciales sobre las denuncias de tortura y malos tratos y sobre todo sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales de los tres policías comunitarios, aplicando cabalmente los protocolos internacionales, el Protocolo de Estambul y el Protocolo de Minnesota.

La defensa jurídica seguirá marcando la pauta en el proceso, acompañada de la movilización de las comunidades y de las organizaciones solidarias del estado y del país. Los abogados defensores desde el primer momento señalaron que la detención de los compañeros fue arbitraria e ilegal y se violó el debido proceso. Se exige el derecho a una defensa adecuada, que tome en cuenta la probable fabricación de evidencias y el carácter no individualizante de las pruebas presentadas por el Ministerio Público para la formulación de imputación y vinculación a proceso. La propuesta del nuevo gobierno sobre la promulgación de una Ley de Amnistía para los presos políticos es importante, y se suma de manera significativa a la decisión de los pueblos de pugnar por la libertad de los compañeros que han sido privados de su libertad por defender la tierra, el agua, el territorio, la autonomía comunitaria y el derecho pleno a la vida.

Al salir libres los compañeros presos reforzaremos la lucha, emprendida tiempo atrás, por la cancelación de más de 50 órdenes de aprehensión, giradas también sobre delitos falsos contra compañeras y compañeros del CECOP. Éste seguirá siendo un eje fundamental para alcanzar la justicia y la libertad total en los territorios. No puede haber paz con una soga en el cuello. Basta de acusaciones falsas. De una vez por todas debe acabar en México la práctica aberrante de fabricar delitos contra los luchadores sociales. Es una vergüenza que a la fecha siga existiendo esta práctica sobre todo de los gobiernos estatales, asumida y cínicamente negada, que los lleva a afirmar que en los estados y en todo México no existen presos políticos. Sus expresiones perversas de simulación y cinismo tendrán que ser aplastadas por la decisión de los pueblos de defender sus derechos, su territorio y su visión del mundo que aún no se ha contaminado de la estulticia que impera en todos los ámbitos de gobiernos que desprecian a los más pobres; gobiernos que solamente obedecen los dictados del capital.

El CECOP tiene por delante la tarea de unir fuerzas con otros movimientos sociales y organizaciones democráticas para hacer valer y poner en primer plano la visión y los intereses de los más necesitados, los campesinos, los indígenas y los trabajadores de las ciudades. Hacer visible el peso de las mayorías que somos nosotros; hacer escuchar nuestra voz, arrebatada por décadas de dominación priísta y ejercer de manera independiente de cualquier gobierno, un contrapeso frente al dominio de la clase en el poder y sólo así lograr alcanzar la democracia, la justicia y la paz tan necesarias en México.

¡LA TIERRA NO SE VENDE!

Febrero de 2019

 

BIBLIOGRAFÍA

1 Comisión Mundial de Represas (CMR), Vlaberg, Cape Town, South Africa, trad. José María Blanch, Unión Mundial para la Naturaleza-Mesoamérica, Moravia, Costa Rica, 2000, pp 412.

2 Mc Cully, Patrick, Ríos Silenciados, Proteger Ediciones, Argentina, trad. Leticia Isaurralde, 2004, pp 450.

3 OIT, Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, Conferencia Internacional del Trabajo 95ª. Reunión, 2006, Informe (Dcto. GB.289/17/3), Ginebra, Suiza, 2006, pp 576.

4 Procuraduría General de la República (PGR), Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales, Unidad Especializada en Delitos contra el Ambiente y previstos en las Leyes especiales, (exp. A.P. 192-UEIDAPLE/D.A.”B”/3/2005).

5 SEMARNAT, Autorización MIA, 2005: (12GE2004H0014).

6 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, (exp. 7384/06/17-08-8).

7 Tribunal Unitario Agrario No. 41 con sede en Acapulco, 2004: (exp. 0447/2004) 2005: (exp. 315/2005, 447/2005), 2006: (exp.72/2006, 73/2006, 74/2006).

8 Tribunal Latinoamericano del Agua (TUA), La Parota, Veredicto, San José, Costa Rica,

Inicio

9 ONU, Comité DESC, IV Informe de México sobre aplicación del PIDESC, 2006: (E/C.12/4/Add.16).

10 ONU-CDH – A/HRC/4/32/Add