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Elección histórica en México

Por José Luis Hernández Ayala, militante de la Coordinadora Socialista Revolucionaria

El abrumador triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) -nada menos que el 53 por ciento de la votación, mayoría en las cámaras de diputados y senadores, por lo menos cinco de nueve gubernaturas en juego y un sinnúmero de congresos estatales, alcaldías y concejales-, expresa la furia popular en contra de un régimen oligárquico corrupto, por la inseguridad producto de la infernal guerra interna, supuestamente, en contra del crimen organizado y la desigualdad social. De hecho, estas elecciones se transformaron en un gran plebiscito nacional en contra de las políticas neoliberales y de un régimen político en descomposición. Los dos partidos burgueses tradicionales –Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y su socio menor el Partido de la Revolución Democrática-, han recibido un golpe contundente y humillante.

Ricardo Anaya, candidato de la coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, apenas recibió alrededor del 22.52% y José Antonio Meade, candidato del PRI y dos partidos satélites, ronda el 16%. Estos partidos, desgastados por fuertes enfrentamientos entre el PRI y el PAN, seguramente afrontarán nuevas divisiones internas, rupturas y un mayor descrédito. La clase dominante está ante un fuerte dilema: intentar refundar estos desprestigiados instrumentos de dominación o inventar otros. Intensa división en las elites Esta división de los partidos de la derecha, y al interior de ellos, es un reflejo de grandes conflictos existentes al seno de la oligarquía. El conflicto más fuerte lo desató el reparto del botín de las reformas neoliberales realizadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, entre ellas la privatización de la industria petrolera, pero también existen contradicciones entre los sectores más ligados al mercado interno con los grandes grupos exportadores e incluso por su descontento por el alto grado de corrupción del actual grupo gobernante. Esta división burguesa fue el caldo de cultivo que propició el apoyo de un sector empresarial a la candidatura de López Obrador y que el resto se resigne a aceptarlo como el mal menor. El gran poder oligárquico ha perdido una batalla, pero no la guerra. Se han visto obligados a respetar la voluntad popular porque saben que no les alcanzaba para el fraude y menos querían despertar al tigre desconociendo o violentando el proceso electoral. Saben que perder el poder Ejecutivo y el Legislativo, no es perder todo el Poder. Aún cuentan con el control de los altos mandos de las fuerzas armadas, el poder Judicial (sobre todo de una Suprema Corte de Justicia dispuesta a defender la “legitimidad” de las reformas neoliberales), la alta burocracia de carrera en todos los ministerios, los aparataos corporativos, la Iglesia, los medios de comunicación y, sobre todo, de un enorme poder económico. En un principio la oligarquía intentará congraciarse con el nuevo gobierno, lo cortejará e incluso estarán dispuestos a cambiar un poco para que nada cambie, infiltrarán (ya lo han hecho) al nuevo partido en el poder y al gabinete presidencial para contener, desde dentro, cualquier esfuerzo de cambio verdadero que afecte sus intereses y, si todo esto falla, impulsarán una guerra mediática e incluso la amenaza golpista.

El pragmatismo electoral que llevó a AMLO a pactar con partidos de derecha como el Partido Encuentro Social (PES) o abrir candidaturas y puertas de Morena a tránsfugas del PRI, PAN y PRD, le sirvieron para vencer al centenario aparato de dominación priísta, pero es completamente equivocado pensar qué, por este camino se puede lograr una auténtica transición a la democracia. Hay objetivos, como investigar y castigar la enorme corrupción en Pemex o auditar la deuda pública, completamente inaceptables para la oligarquía y no existe otra alternativa que apelar a la movilización popular para alcanzarlos. Posibilidades y límites del nuevo régimen A diferencia de la izquierda ultraizquierdista, que apuesta a un pronto desgaste del gobierno de López Obrador por incumplir sus promesas de campaña y revertir las reformas neoliberales, existe la posibilidad de que su gobierno sí impulse una serie de reformas mínimas que pueden mejorar, en lo inmediato, la extrema pobreza de amplios sectores de la población, impulsar el crecimiento económico y consolidar un nuevo tipo de régimen. Para empezar las medidas que ha anunciado en contra de la corrupción y el despilfarro (reducir a la mitad de los salarios de los altos funcionarios públicos y erradicar todo tipo de privilegios, no robar, vender la flota de aviones del gobierno y utilizar líneas aéreas comerciales, eliminar los millonarios gastos de publicidad, revisar los contratos y concesiones gubernamentales y castigar los malos manejos, cancelar las impopular y millonaria pensión a los ex presidentes, etc.), son puntos que está en condiciones de cumplir y que tendrían un gran impacto en la opinión pública.

El problema central de elevar los salarios mínimos y contractuales, es otra de sus promesas que es factible realizar. Los bajos salarios de la clase trabajadora mexicana no son causados por una supuesta “baja productividad”, como se nos ha hecho creer, es una decisión de estado para defender un modelo económico basado en ofrecer mano de obra barata a empresas trasnacionales. Este punto es uno de los asuntos más controvertidos en la actual renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en donde los gobiernos de Trump, Trudeau y los sindicatos de Estados Unidos y Canadá, presionan a México para elevar salarios de sus trabajadores que son diez veces menores a los de sus contrapartes. Incluso en México, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), ha demandado la elevación del salario mínimo para fortalecer el mercado interno. Desde luego que la patronal no estará dispuesta a que los salarios recuperen su nivel histórico de 1976, pero sí existen las condiciones económicas y políticas para presionar por mejores salarios y estos es algo que los sindicalistas debemos aprovechar. Las propuestas de incrementar al doble la pensión de los adultos mayores, hacerla extensiva a nivel nacional y que incluya a los discapacitados, además de crear becas para todos los jóvenes, son medidas asistencialistas que pueden crearse de inmediato, otra cosa es saber si pueden sostenerse con los actuales ingresos del estado o se tendrán que cobrar mayores impuestos a las grandes fortunas. La derogación de la “reforma educativa”, que no ha podido generalizarse por la heroica lucha de resistencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es un casi un hecho, no le cuesta nada y sí le brinda enorme beneficio político entre el millón 300 mil integrantes del gremio magisterial. Como parte de la lucha en contra de la corrupción y para desmantelar uno de los pilares básicos de sistema de dominación priista, es posible que López Obrador intente construir una nueva relación con la clase trabajadora basado en pactar con nuevos liderazgos sindicales y campesinos y no con el charrismo o los caciques del campo controlados por el PRI. Este punto es crucial para que la clase trabajadora pueda recuperar su democracia e independencia, este es el momento de que el sindicalismo y las centrales campesinas independientes, deberían iniciar una ofensiva para reagruparse y lanzar una ofensiva para recuperar las organizaciones que ahora están bajo el control de gánsteres o de organizar a los millones de trabajadores que carecen de organización. Otro objetivo que puede cumplirse, este de mayor envergadura, es iniciar un proceso de pacificación del país. Esto podría resolverse terminando, abierta y tajantemente, con el contubernio del estado con las bandas criminales; cesando la protección militar al comercio y producción de estupefacientes; regresado el ejército a los cuarteles; esclareciendo la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y legalizando el consumo de la marihuana. Es completamente cierto, y en esto coincidimos muchos agrupamientos de la izquierda anticapitalista, que existen muchas otras demandas que el nuevo gobierno de López Obrador sólo podrá resolver si se atreve a enfrentar la voracidad de los patrones y apoyarse en la movilización social. Investigar, hasta sus últimas consecuencias, las corruptelas de anteriores gobiernos; echar abajo la reforma energética que privatizó la electricidad y el petróleo; cancelar la construcción del nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco y otros megaproyectos que atentan contra el medio ambiente; realizar una auditoría al deuda pública y privada; convocar a un nuevo constituyente para derogar las reformas neoliberales en materia laboral, educativa, seguridad, etc., son algunas de ellas.

La mejor forma de darle fuerza a estas demandas, es haciéndolas bandera de amplios movimientos sociales y no mediante estridentes gritos de pequeños grupos. Estamos ante un nuevo ciclo político que abre nuevos y trascendentales retos para la izquierda anticapitalista: ni la crítica ultraizquierdista ni el seguidismo hacia el nuevo gobierno son la alternativa. Debemos construir un polo de izquierda que, sin sectarismo, ofrezca una autentica propuesta alternativa de transición democrática y de ruptura con las políticas neoliberales. Finalmente considero que la izquierda anticapitalista debería estar contenta, y no amargada como le sucede a muchas personas y organizaciones, de que, por fin, el caduco y casi centenario régimen de dominación priísta haya recibido este golpe mortal.