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Empresarios del transporte vs Usuarios movilizados: la lucha contra el tarifazo en Colima

Por Irving Radillo Murguía, militante de la Coordinadora Socialista Revolucionaria

Cuando hablamos de transporte público colectivo en Colima tenemos que hacer referencia obligada a las condiciones en las que se encuentra: unidades con asientos dañados, sin timbre o que producen gran cantidad de gases contaminantes, carencia de paraderos adecuados, malos tratos en el servicio a causa de las deplorables condiciones laborales de los choferes y frecuencia insuficiente que se agrava los fines de semana y las vacaciones.

En este contexto es que se recibe a finales de julio el anuncio de los concesionarios del transporte de buscar un aumento de la tarifa de $8 a $10 argumentando que la reciente aprobación del descuento estudiantil universal afectaría sus finanzas al incrementar por mucho el número de nuevos estudiantes que accederían a él. Dicha modificación de la ley, dio un duro golpe a la Federación de Estudiantes Colimenses (FEC) que tenía el monopolio del descuento estudiantil al cual utilizaba para movilizar al estudiantado a favor de sus intereses de grupo, ligado íntimamente al PRI. Cabe recordar que el presidente de la federación de concesionarios, Zenén Campos Beas, fue presidente de la FEC en sus años de estudiante. La amenaza del aumento era entonces un amague político contra los legisladores y las organizaciones que trabajaron para quitarle el monopolio a la FEC, buscando generar malestar social, así como un golpe de mesa con dedicatoria al Gobierno del Estado reafirmando su intención de controlar la movilidad y deshacerse de toda tutela estatal sobre su negocio.

Durante esas semanas se dio a conocer un análisis de datos oficiales realizado por la experta en movilidad urbana y anterior encargada de dicha secretaría, Gisela Méndez, (destituida de su cargo el año pasado por la presión de los transportistas) en el que se desmentían los argumentos que se daban para el aumento: no serían 197 mil nuevos usuarios con descuento, como mencionaban los transportistas, sino solamente 4 mil, pues más del 70% de los alumnos de nivel primaria, que son quienes se vieron mayormente beneficiados con el descuento universal, se mueve a sus escuelas caminando, esto por una política de la Secretaría de Educación que busca que los niños se inscriban en el plantel más cercano a su hogar. Estos 4 mil nuevos usuarios, divididos entre las tres zonas metropolitanas del Estado y la cantidad de rutas que existen, representan una cifra muy baja y con prácticamente nulo impacto en las finanzas de los transportistas. Además que la cantidad de combustible utilizado y el desgaste de las unidades es el mismo sin importar el número de personas que lleve a bordo.

La reacción de los usuarios era de esperarse. El rechazo en redes sociales al aumento fue instantáneo. Seguía presente en el imaginario colectivo la falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos por los transportistas en la última alza a la tarifa de hace apenas dos años. Muchos incluso dirigían su malestar hacia los choferes por los malos tratos recibidos en el servicio. Nosotros aclaramos desde el principio que los operadores no eran los culpables del aumento y que ellos realizaban jornadas extenuantes de trabajo, sin horarios establecidos para comer y realizar sus necesidades fisiológicas, sin derechos laborales y expuestos a la violencia imperante en el Estado que en 2017 costó la vida de un chofer de camión tras oponerse a ser asaltado.

Como Coordinadora Socialista Revolucionaria (CSR) comenzamos entonces una estrategia de visibilización de la problemática con una campaña de difusión en redes sociales y en las calles: hicimos brigadas durante dos semanas pegando carteles en las paradas de camión, impulsamos una campaña de denuncia de las deficiencias del servicio y recopilamos testimonios y opiniones de usuarios en un vídeo. La respuesta fue buena y comenzó a ser tema de debate público, rompiendo el cerco mediático y llevando nuestro discurso a sectores a los que anteriormente no habíamos podido llegar.

Luego comenzamos a preparar la movilización a través de un módulo de recolecta de firmas en el centro de la ciudad que arrojó alrededor de un millar de rúbricas en menos de 24 horas efectivas de trabajo. Estas muestras de apoyo acompañaron una exigencia por escrito dirigida y entregada a dos de los miembros de la Comisión Mixta que aprueba los cambios en la tarifa: Rafael Martínez Brun, secretario de Movilidad, y Luis Fernando Escamilla Velazco, presidente de la Comisión de Movilidad del Congreso del Estado. Este último, a quien ya conocíamos cuando hace dos años durante las protestas contra el gasolinazo tomamos el Puerto de Manzanillo y él huyó del lugar en cuanto se presentaron los policías antimotines, recibió con desdén la petición, queriendo aparecer como un actor neutral en el asunto y menospreciando las firmas de los usuarios puesto que “no porque haya hasta 10 mil firmas les haré caso si no tienen la verdad”.

Tras estas acciones, a las que se sumaron estudiantes, trabajadores y miembros de otras organizaciones como el Frente en Defensa del Maíz, recibimos la noticia de que el secretario de Movilidad anunció durante la comparecencia ante los diputados que no habría aumento en la tarifa para el inicio del ciclo escolar. Fue entonces que cantamos victoria vigilante: la presión popular había detenido el tarifazo que se anunciaba inmediato, aunque el tema se tocaría durante las próximas mesas de trabajo entre los transportistas y el funcionario.

Para nosotros, este triunfo nos abre un panorama más favorable a la organización de un movimiento de usuarios del transporte público que estuviera vigilante y que pugnara por un servicio de calidad, sustentable ambientalmente y accesible a las mayorías populares, un movimiento con presencia en las calles y colonias, y también con representatividad en la Comisión Mixta de transporte. Que pudiera exigir la revisión de las concesiones, muchas de ellas bajo sospecha de ser otorgadas a familiares y amigos de los miembros del gobierno en turno, y que luchara por la recuperación del Estado, bajo control público, del servicio de movilidad urbana con el fin de escapar de la lógica meramente mercantil a la que está sometido este servicio crucial para la población.

En una ciudad de la talla de Colima es lamentable que haya tan alta densidad de parque vehicular con todos los problemas ambientales, sociales y urbanísticos que conlleva, cuando podrían priorizarse otras formas de movilidad. El transporte público eficiente y al alcance de todos debe ser una de las demandas más importantes para quienes buscamos transformar radicalmente la sociedad y con ello, salvarnos de la catástrofe ambiental que ya estamos sintiendo sobre nosotros.