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La crisis de violencia en Colima | Resolución de la CSR

Julio de 2022 | Coordinadora Socialista Revolucionaria – Colima

  1. Seis meses después: el panorama actual de la violencia en Colima

Hemos llegado a una de las peores crisis de inseguridad y violencia de la historia reciente de Colima. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del 2022, la tasa de homicidios dolosos es de 44.2 por cada 100 mil habitantes, lo que nos coloca en el primer lugar nacional. En la siguiente gráfica que hemos elaborado a partir de los datos de dicho Secretariado, podemos apreciar la tendencia a la alza de estos crímenes en nuestro Estado.

grafica violencia

Tenemos también otro deshonroso primer lugar en feminicidios. Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2022 se cometieron 14 homicidios dolosos contra mujeres en Colima, es decir, 3.45 por cada 100 mil mujeres, muy por encima de la media nacional, que fue de 1 asesinato por cada 100 mil mujeres.

Según datos del INEGI, la percepción social de inseguridad pública por parte de las y los habitantes de la ciudad de Colima pasó de 66.5% en diciembre del año pasado a 85.7% en marzo de este año, una subida considerable apenas un mes después del inicio de la ola de violencia. Los asesinatos, secuestros, tiroteos, narcomensajes, incendios provocados y abandono de cuerpos suceden a plena luz del día, en medio de zonas habitacionales y avenidas transitadas, incluso cerca de escuelas, con un componente, además, de clase: son las colonias populares como La Albarrada, Liberación, Torres Quintero, El Zalatón, El Mezcalito, entre otras, las más expuestas a la violencia y a la presencia militar.

Los altos niveles de impunidad (solo 1.8% de los delitos denunciados son castigados en Colima, según la asociación civil Impunidad Cero) y la lentitud de las investigaciones, sumados a la falta de comunicación generalizada por parte del gobierno, han causado incertidumbre y descontento entre la población, además de un desgaste político significativo de la aprobación de Indira Vizcaíno (como se puede comprobar en diversas encuestas de aprobación ciudadana) a tan solo pocos meses de haber asumido el ejecutivo del Estado.

  1. Efectos sociales y económicos de la violencia

Uno de los sectores económicos golpeados directamente por la crisis de violencia en el estado son las pequeñas y medianas empresas, ya de por sí afectadas por la parálisis de la pandemia. Estos negocios dependen del consumo diario de la población, y el miedo a salir a la calle provoca una disminución de la clientela, por lo que no pueden seguir solventando sus gastos frente a la competencia de las grandes empresas. Es por eso que varios negocios locales, como restaurantes y tiendas, se vieron orillados a cerrar sus espacios de trabajo, incrementando aún más la precarización de los trabajadores colimenses.

Otro sector laboral vulnerable es el de las y los trabajadores de “aplicación”, tanto de transporte como repartidores. Estos empleos se caracterizan por la falta de regulación laboral, la explotación, la nula paga de prestaciones y el abandono de las responsabilidades de los patrones. Estas condiciones permiten que los trabajadores sean blanco de las organizaciones criminales, quienes transportan a través de ellos mercancías ilegales como drogas, armamento o municiones, sin que el repartidor lo sepa, exponiéndolos así a atentados como el que sufrió un repartidor de comida rápida el 6 de marzo, en la colonia La Albarrada, causándole la muerte.

En el panorama social, la población muestra síntomas de miedo, hartazgo y desconfianza hacia la policía, los militares y todo el aparato de Seguridad Pública del Estado. Pero al mismo tiempo, afloran en la sociedad discursos conservadores de criminalización y estigmatización hacia ciertos sectores socioeconómicos marginados, producto del bombardeo ideológico que las clases dominantes infligen a través de sus medios de comunicación, en donde priorizan el morbo gráfico, el desprecio y la deshumanización de las víctimas, por sobre el entendimiento crítico del fenómeno social de la crisis de violencia.

  1. Origen estructural de la crisis de violencia e inseguridad

El narcotráfico es una actividad económica más que se rige bajo las leyes capitalistas de la competencia y la obtención de la máxima ganancia. Los cárteles son empresas que, al operar bajo la ilegalidad, llevan estas dinámicas económicas hasta sus últimas consecuencias, sacando así a relucir la forma más explícita y visceral de un sistema que reduce al ser humano a simple mano de obra descartable.

Existe una sólida red comercial transnacional que garantiza la rentabilidad, producción, distribución e intercambio de drogas o narcóticos. Además, los cárteles diversifican sus operaciones a otras actividades económicas tanto ilegales (trata de personas, tráfico de armas, venta de órganos y cobro de piso) como legales (la agroindustria del aguacate y el sector restaurantero y de ocio). El poder sociopolítico de los cárteles se deriva de su gran poder económico y de las acciones violentas e ilícitas que realizan con impunidad, para garantizar su acumulación sin ningún obstáculo, como la intimidación, el asesinato, la desaparición forzada, el lavado de dinero, el enriquecimiento ilícito por medio de inyecciones de capital, delitos de corrupción y la complicidad con las fuerzas de seguridad del Estado.

Las políticas neoliberales, que fomentan la precarización y el recorte de los programas sociales, incrementaron la migración y la informalidad laboral, así como el abandono del campo y la falta de oportunidades en general. Esto orilla a muchas personas a trabajar para la delincuencia organizada, en su búsqueda de una mejor vida o simplemente de una condición económica más digna. La desregulación del comercio internacional y la subordinación de los países periféricos a las grandes potencias, han permitido la entrada de armas de alto calibre a nuestro país desde el vecino del norte (recordemos la Operación Rápido y Furioso) y nos han llevado a ser los proveedores del mercado de drogas en Estados Unidos, provocando que una de las actividades importantes del campo mexicano sea la producción de amapola y mariguana para consumo extranjero.

La cooperación entre el Estado y los cárteles es una hecho a la vista de todos. Para mantenerse en el poder por décadas, el PRI creó una estructura corporativa y antidemocrática, caracterizada por la corrupción, el clientelismo, y la impunidad. Es a través de esta estructura que el crimen organizado logra ganar influencia dentro de las instituciones, llegando, incluso, en algunos sitios a imponer sus propios candidatos por medio del dinero o la violencia. No es raro, además, ver que en los territorios controlados por el narcotráfico existan megaproyectos extractivistas como minas y presas, y que en las agresiones a defensores del territorio esté involucrado el crimen organizado.

Hay que mencionar, también, que los índices de violencia han incrementado sin precedentes en los estados que cambiaron de partido en el gobierno. Para octubre de 2021, de las 10 entidades más violentas del país, 6 renovaron sus autoridades estatales. Esto se debe a la disputa entre diversos cárteles como el CJNG, el de Sinaloa, Juárez, La Familia, Arellano Félix, Golfo, o, localmente, el Independiente de Colima y otras cédulas, que buscan renovar o renegociar sus pactos, para obtener la mayor ventaja con el nuevo gobierno.

  1. Las respuestas de las y los actores sociales y políticos

La primera respuesta del gobierno fue el silencio: mientras la sociedad colimense se preguntaba qué estaba sucediendo y cómo lo iban a afrontar las autoridades, la gobernadora tardó días en dirigir un mensaje a la población, lo que incrementó la incertidumbre y el enojo. Desde entonces, la falla en la comunicación social ha sido la constante del gobierno, lo cual, junto con los múltiples viajes de Indira Vizcaíno a otros estados para participar en campañas electorales, han generado la percepción en importantes sectores sociales de que el gobierno es indiferente a la situación que se vive.

Además, no ha habido una estrategia de seguridad estatal, sino que se ha supeditado a la que mantiene la Federación con el envío de miles de agentes de la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército para incorporarlos a las labores de la Policía Estatal en patrullajes, retenes y cateos; es decir, la estrategia es la militarización de la seguridad pública y la vida cotidiana. Recientemente en junio llegaron 300 miembros de la Guardia Nacional que se sumaron a los 950 militares que ya se encontraban aquí desde febrero.

La narrativa gubernamental se ha centrado en restarles importancia a las personas asesinadas, con el argumento de que formaban parte del crimen organizado. El vocero designado por la gobernadora para este tema, Gustavo Joya Cervera, se negó durante meses a reconocer que habían “víctimas colaterales”, y aseguraba categóricamente que las y los asesinados y desaparecidos durante estos meses tenían nexos con los cárteles. Sobre esto mismo, la gobernadora declaró el 16 de junio que la prioridad de su estrategia de seguridad era cuidar de los “ciudadanos de bien”, una narrativa que sigue la línea de las administraciones pasadas de criminalizar a las víctimas y dividir a la sociedad, por sentencia gubernamental, entre las vidas que merecen ser protegidas y las que no.

Todo esto ha sido aprovechado por la oposición de derecha que, como carroñeros políticos, utilizan la oportunidad para atacar a la gobernadora, aún cuando fueron sus partidos quienes sentaron las bases de este terrible escenario, aplicando las políticas neoliberales causantes del problema y haciendo pactos con el crimen organizado para beneficiar a unos cárteles sobre otros. Sus críticas a la consigna federal de “abrazos no balazos” no tiene sentido, porque no ha habido abrazos, sino solo balazos: la estrategia basada en la militarización que inauguró Felipe Calderón continúa en la actual administración. Incluso el PRI nacional propuso facilitar el acceso de las familias a las armas, propuesta que, como vemos en Estados Unidos, solo incrementaría la violencia en todos los espacios.  El PRI, PAN y PRD son unos hipócritas y oportunistas a los que no les importa la seguridad de la población, sino solamente golpear políticamente a sus adversarios para recuperar los espacios perdidos.

La derecha social también ha intentado sacar provecho de la situación para impulsar su agenda reaccionaria. Culpan de la violencia en Colima a la aprobación del derecho a decidir y a la “pérdida de los valores familiares”, intentando reforzar la idea de la familia patriarcal como el núcleo donde supuestamente radica la paz, y tratando de eliminar los derechos conquistados por las mujeres y las disidencias sexogenéricas. La iniciativa de ley entregada en el Congreso para declarar un Día Estatal de la Oración (apoyada, por cierto, por dos diputados panistas), es un intento de llevar estas posturas conservadoras a las políticas públicas.

Ante esto, quienes trabajan para el Gobierno del Estado y los simpatizantes de Indira Vizcaíno se han limitado a elogiar las acciones de la gobernadora en redes sociales y medios de comunicación, y a deslindarla de cualquier responsabilidad, lo que los ha presentado ante algunos sectores de la sociedad como individuos insensibles a las inquietudes de la población y a las demandas legítimas de los familiares de las víctimas, ya que las meten en el mismo saco en el que incluyen a la oposición de derecha.

La mayoría de los medios de comunicación abonan también a la incertidumbre y al sentimiento de indefensión social, al exponer los hechos violentos de manera aislada, muchas veces con un matiz sensacionalista y amarillista, sin un análisis sistemático del conjunto de acontecimientos que componen la situación inédita que vivimos, la cual va más allá del tiroteo en tal o cual colonia o de los cuerpos encontrados en vía pública, sino que comprende toda la gama de factores que enumeramos más arriba. Los medios no ayudan, por lo tanto, a que la sociedad colimense comprenda el trasfondo y complejidad de lo que realmente sucede.

Pese al enorme descontento, las mayorías sociales en Colima han tardado en encontrar la manera de que su voz se escuche entre tanto ruido mediático. La primera iniciativa pública se dio en febrero, con una “caminata por la paz” convocada por un grupo cultural de jóvenes que, si bien tienen el mérito de haber dado el primer paso, cuando la violencia había encerrado a todos en nuestras casas, portaron exigencias bastante limitadas. La situación cambió el 8 de marzo, cuando cientos de mujeres salieron a las calles de forma masiva, rompiendo el aislamiento y el miedo social, bajo la consigna “contra la inseguridad, los feminicidios y la desaparición de mujeres”, y señalando públicamente la responsabilidad del Gobierno del Estado. En todo este tiempo, es destacable el papel que ha jugado la Red de Desaparecidos en Colima y demás grupos de búsqueda que, manteniendo su independencia del gobierno, se han acercado a las familias afectadas, brindándoles acompañamiento y denunciando abiertamente los intentos de criminalización de las víctimas por parte de los funcionarios estatales.

  1. Militarización y estigmatización

Una tendencia creciente a nivel nacional es el uso de las Fuerzas Armadas, no sólo en la estrategia de seguridad, sino en encomiendas de todo tipo. Lo vemos cotidianamente en Colima, con agentes de la Marina a bordo de patrullas estatales, realizando rondines y retenes. Estos últimos muchas veces se realizan exclusivamente por militares, complementados con la llegada de una policía militarizada a México, la Guardia Nacional, sin ningún elemento civil de seguridad presente.

Un ejemplo de la utilización del marco legal desarrollado durante la llamada “guerra contra el narco” de Felipe Calderón, que permite el nombramiento de militares en servicio en los cargos de seguridad pública o relacionados, es la reciente designación, en Villa de Álvarez, del capitán de fragata Inocencio Guzmán de la Peña como Director de Seguridad por parte de la administración priista de Esther Gutiérrez, que desde que está al mando no ha conseguido disminuir la violencia en el municipio, y en cambio han asesinado a cuatro policías municipales.

Los operativos de vigilancia se han enfocado con mayor frecuencia en las colonias populares de la ciudad, cuyas condiciones de vulnerabilidad social las hace susceptibles a violaciones de garantías constitucionales al momento de realizarse las inspecciones, detenciones y otras medidas coercitivas e intimidatorias. Además, se asocia la criminalidad con las clases marginadas y se les estigmatiza. Un ejemplo de esto, es la reciente prohibición de compra de jeringas en tiendas de abarrotes en el municipio de Colima, presentada como una medida para combatir el consumo de drogas, y que afecta a quienes necesitan adquirir jeringas por necesidad médica. Además, esta medida debilita a las “tienditas” familiares, a la par que refuerza el ingreso de las grandes empresas y la industria farmacéutica.

La presencia pública de las Fuerzas Armadas pone en riesgo también los derechos humanos de las y los civiles. El 24 de febrero, el periodista Guillermo García denunció en redes sociales la agresión de la que fue objeto por parte de elementos de la Marina Nacional, afuera de un puesto de tacos, en el que, tras ataques verbales, tildándolo como “sospechoso”, lo golpearon, le quitaron su cámara y su mochila y amenazaron con “levantarlo”.

La discriminación alentada por el Estado agranda las divisiones entre las clases populares, dificultan la articulación de una estrategia política para encontrar soluciones a la crisis de inseguridad y merman el tejido social, al punto de que el Otro es considerado de antemano como un peligro y causante único de la posición en la que se encuentra, sin considerar que el problema es el sistema capitalista, que fomenta el aumento de personas precarizadas y susceptibles de entrar a las filas de la delincuencia organizada, pues ésta se presenta como la única vía, o la más pronta, para salir de las condiciones en las que se nace.

  1. La lucha de clases en medio de la violencia

La gota que derramó el vaso fue el secuestro de dos mujeres el 10 de junio al mediodía, en una de las principales avenidas de la ciudad capital, y a la vista de conductores y transeúntes. Después de interponer la denuncia en la Fiscalía General del Estado, sus familiares tomaron la decisión de bloquear el Libramiento, exigiendo una respuesta ágil de las autoridades. Dos días después, tras ser levantado el primer plantón, otras familias las relevaron, demandando la aparición con vida de tres personas más.  La vialidad obstruida tiene mucha importancia para los grandes capitales, pues es la vía de transporte para sus mercancías, que van y vienen del Puerto de Manzanillo a Guadalajara.

Los bloqueos recibieron el apoyo de muchas personas, colectivos de búsqueda y organizaciones sociales, los cuales pasaron la noche con los familiares, les llevaron alimentos y agua, organizaron caravanas para visibilizar sus demandas y se pronunciaron masivamente a favor en redes sociales. En un Colima desacostumbrado a este tipo de manifestaciones, el hecho de que la mayoría de quienes opinaban aprobara el bloqueo es la muestra de que las demandas de seguridad y paz para nuestro Estado eran sentidas por un amplio espectro de la población, no solamente por las víctimas directas de la violencia.

La oposición al bloqueo vino de las asociaciones patronales. El Consejo Empresarial Turístico y la Comunidad Portuaria de Manzanillo reprobaron las medidas de presión “unilaterales”, con el argumento de que afectaban a la economía. Las respuestas que recibieron de la población fueron hechas desde una posición de clase: las vidas de los nuestros están antes que las ganancias de unos pocos.

Grupos afines a la gobernadora también hicieron lo suyo para deslegitimar el bloqueo. Hubo una campaña articulada en redes sociales para esparcir el rumor de que una de las mujeres tenía vínculos con el crimen organizado, cuestionando así su carácter de víctima, como si hubiera personas que sí merecen ser secuestradas y otras que no. Y cuando aparecieron las dos mujeres con vida y los cuerpos de los otros tres desaparecidos, el vocero Gustavo Jota Cervera señaló que la respuesta veloz de las autoridades no tenía nada que ver con las acciones de protesta, buscando desanimar futuros bloqueos. Los burócratas del Gobierno del Estado y simpatizantes de Indira Vizcaíno se volcaron, entonces, en felicitaciones y en mensajes de solidaridad hacia la gobernadora, cuando en los días anteriores no emitieron ningún mensaje de apoyo a las familias.

Aunque el plantón se levantó sin generar un proceso organizativo, su gran mérito fue haberle demostrado a las mayorías sociales de Colima que sus demandas pueden hacerse realidad solamente si actúan por cuenta propia sin esperar pasivamente a la voluntad de la pesada maquinaria burocrática. También, refrendó a las organizaciones políticas como la nuestra que las demandas de paz y seguridad tienen potencial movilizador desde la izquierda.

  1. Nuestras tareas

Un problema tan complejo como la violencia parece escapar de las posibilidades de cualquier persona o grupo. Sin embargo, siendo constantes y serios en la aproximación a él, y estando presentes activamente, siempre del lado de las víctimas, en las iniciativas que las clases populares ensayen, podemos ir encontrando juntos las salidas.

Por eso, como sociedad colimense es necesario:

  • Señalar los peligros de estrategias de seguridad basadas en la militarización y repudiar los discursos criminalizantes, presionando para la aplicación de políticas públicas a la altura de las necesidades.
  • Solidarizarnos con las víctimas y sus familiares y acompañarlos en las acciones que decidan emprender para empujar juntos hacia un desenlace positivo de sus demandas concretas, que ayuden a elevar la conciencia y la autoconfianza. Combatir decididamente los intentos empresariales y gubernamentales de minimización y denostación de las luchas.
  • Buscar relación con las víctimas, sus familiares y personas solidarias con miras a impulsar procesos organizativos por izquierda desde las demandas de paz y seguridad.
  • Discutir el tema desde una posición de clase y ayudar en su comprensión, ante la ausencia de análisis profundos que aborden la crisis de seguridad en todas sus aristas, y organizarse en los centros de trabajo, de estudio y colonias para llevar a cabo estas tareas.