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La nueva situación política en México y los retos de la izquierda anticapitalista

Resolución Política de la Coordinadora Socialista Revolucionaria

A pesar del modesto crecimiento de la economía mundial de los últimos años, con enormes ganancias para las corporaciones globales, las causas que generaron el crac del 2008 siguen presentes. El principal origen de dichas ganancias no proviene de un relanzamiento de la actividad productiva, sino de la especulación bursátil, la usura del capital financiero o la acumulación por despojo, lo que explica la profundización de la desigualdad social, la creciente concentración de la riqueza en unas cuantas manos, el exponencial crecimiento de las deudas privadas, corporativas y estatales, así como y la migración forzada por la pobreza, las guerras y las catástrofes ambientales. Una nueva crisis financiera global asoma en el horizonte.

En América Latina y el Caribe, la posibilidad de construir un paradigma alternativo a la barbarie capitalista por parte de gobiernos progresistas –a excepción de Cuba y Bolivia–, ha fracasado ante las trabas que protegen la privatización de las empresas públicas, las reformas laborales o la impunidad de los saqueadores ; la resistencia de las oligarquías locales, apoyadas por el imperialismo, y la inconsecuencia de los progresistas al no apelar a la movilización social o no construir un poder popular independiente, para consolidar un proyecto anti neoliberal que solo puede desembocar en una alternativa anticapitalista.

México ha llegado tarde al ciclo de gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe, la mayoría de los cuales han caído bajo golpes de estado “legales” o por el triunfo electoral de alternativas de extrema derecha. No obstante, el reciente cambio de gobierno en México, aunado a la presencia de los gobiernos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Uruguay (no incluimos, por obvias razones, al régimen de la familia Ortega-Murillo de Nicaragua), además de la persistente fuerza de los movimientos sociales en el continente, mantienen la esperanza de una amplia convergencia de fuerzas opuestas al imperialismo y a las políticas neoliberales en nuestro continente.

El progresismo mexicano

El terremoto electoral causado por la masiva votación a favor de Andrés Manuel López Obrador (30 millones 113 mil 483 votos, 53% del total, con una abstención de sólo 36.58% y ganando en 31 de los 32 estados), resquebrajó al viejo régimen de dominación priista, envió a los principales partidos burgueses (PRI, PAN y PRD) a la sala de cuidados intensivos, desnudó las miserias de los medios masivos de comunicación, causó profundos mareos entre las organizaciones de la extrema izquierda que no atinan a comprender lo que está pasando ni cómo hacerle frente. Las réplicas de este terremoto aún no cesan, continúan agitando el panorama político y amenazan con derrumbar todo el viejo orden social, aunque sin dejar en claro lo que habrá de surgir de sus ruinas.

La izquierda revolucionaria en México, lo mismo que en el mundo, aún no hemos logrado resolver la cuestión estratégica de cómo erigir una alternativa a la ofensiva neoliberal ni cómo enfrentar a una ultra derecha en expansión y que actúa dentro y fuera de los cauces de la democracia representativa. Mientras tanto, se nos presenta un giro de 180 grados en la situación política nacional y debemos confrontar a un gobierno progresista, que, aunque distinto del PRI y al PAN, tampoco rompe con el capitalismo, pero que se ha convertido en una fuerza hegemónica dentro del campo popular y de la clase trabajadora.

Las raíces del régimen priista

El régimen priista se consolidó sobre bases muy sólidas. Primero se legitimó sobre las conquistas sociales de la Revolución, plasmadas en la Constitución de 1917 y de las reformas del régimen cardenista de 1936-40. Estas reformas permitieron a las direcciones reformistas y estalinistas de los movimientos sociales integrarse al nuevo régimen bajo el control del partido en el poder, primero bajo el nombre de Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929, en 1938 reconstituido como Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y en 1946 como Partido Revolucionario Institucional. La pérdida de independencia política por parte de las organizaciones sindicales y campesinas fue clave para desarmarlas y convertirlas en eficaces instrumentos de control político. A pesar de sus pretensiones democráticas, e incluso utilizando una fraseología “socialista”, el estado instituyó un partido de gobierno que controlaba a todos los sectores sociales. Luego vino el largo periodo del “desarrollo estabilizador” (1946-76) en donde las direcciones oficialistas de los sindicatos y las organizaciones campesinas lograron nuevas conquistas que les aseguraron mayor legitimidad. La curva regresiva del neoliberalismo -que prácticamente liquidó la mayoría de esas conquistas laborales, salariales y del derecho a la tierra y de su usufructo-, reinó desde 1982 hasta la actualidad.

Todo este periodo de alto crecimiento económico y relativa paz social apenas se vio interrumpido por diversos movimientos sociales como el ferrocarrilero (1958); el magisterial de 1959 encabezado por Othón Salazar; el médico (1964); el campesinos del estado de Guerrero en la segunda mitad de los años 1960 y que dio origen a las guerrillas de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas; el movimiento estudiantil de 1968 y 1971; la ola de grupos armados de los años 70; la insurgencia de la Tendencia Democrática de los electricistas en 1974-75; el auge del sindicalismo independiente de fines de los 70 y principios de los 80; la insurgencia magisterial democrática de 1979 en Chiapas que originó la fundación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); este año también fue testigo de la conformación de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), como respuesta al agotamiento definitivo de la Reforma Agraria como fuente de legitimidad campesina del estado posrevolucionario, y de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (Conamup); y, después del terremoto de 1985, surgieron otras organizaciones urbanas en lucha por la construcción de viviendas dignas; las huelgas estudiantiles de 1987 y 1999 para garantizar la gratuidad de la enseñanza; los fraudes electorales de 1988 y del 2006 y la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. La mayoría de estas luchas fueron neutralizadas con ayuda del enorme consenso de que gozaba el régimen, del control burocrático de las organizaciones sociales y del uso discrecional de la violencia represiva por parte del estado.

Un rasgo distintivo de este periodo fue la gran capacidad del régimen para cooptar o eliminar opositores, de combinar la represión con la manipulación y el chantaje, de controlar los medios de comunicación, de inventar una compleja red de operadores para realizar fraudes electorales, es decir de encubrir con maquillaje “democrático”, lo que en realidad era una especie de “dictadura perfecta”.

El abandono del perfil “nacionalista revolucionario” del PRI en aras de la adopción del neoliberalismo, no solo significó un cambio de orientación política, significó algo más profundo: la conversión de una casta política, con rasgos semi bonapartistas (un gobierno por “encima de las clases sociales”), a un régimen abiertamente capitalista, dispuesto a eliminar todo rastro del “estado benefactor” y embarcarse en un proceso de acumulación salvaje de capital basado en el despojo de los bienes comunes. La “derechización” del PRI se profundizó luego del fraude electoral de 1988, cuando el Partido Acción Nacional cobró su apoyo a Carlos Salinas de Gortari estableciendo fuertes lazos de complicidad política y de negocios con el régimen y que sirvieron de base para la transición sin cambio de régimen de los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón del 2000 al 2012.

La entrada de México al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, fue otro factor complementario para el desmantelamiento del viejo estado benefactor; sus efectos sociales fueron desastrosos para la pequeña y mediana industria, pero, sobre todo, para el campo mexicano. Los millones de trabajadores despedidos o desplazados no tuvieron otra alternativa que aceptar los miserables salarios ofrecidos por la industria maquiladora, la migración masiva hacia los Estados Unidos, el comercio informal o integrarse a las diversas bandas de la delincuencia.

La destrucción del tejido social y su descomposición no es lo único que explica la espiral de violencia generada por bandas criminales con toda una generación de jóvenes aspirantes a integrarse a estas y el avance de la “cultura del narco”; se trata ante todo del resultado de políticas de Estado que algunos llegan a llamar narco Estado, con el objetivo de acorralar a la población e imponer una agenda de seguridad imperialista. En este contexto, el intento de terminar la ola delictiva por medio de la militarización del país no solo resultó vano, sino que aceleró la espiral de violencia, la penetración del Ejército y la Marina por parte del narcotráfico, los “daños colaterales” (eufemismo para encubrir el asesinato de civiles por parte de militares), el despojo de territorios sobre todo en regiones donde se programan megaproyectos capitalistas, graves violaciones a los derechos humanos y criminalización de la protesta social. Todo ello se relaciona con el plan dictado desde Estados Unidos (ASPAN, Iniciativa Mérida) de militarizar la vida civil al explotar la doctrina del “enemigo interno”.

A partir de la elección de Enrique Peña Nieto en el 2012, la descomposición del viejo régimen era tan profunda que provocó fisuras en la elite. El Grupo Atlacomulco (encabezado por políticos originarios de esta región del Estado de México) en sociedad con Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Ceballos, Jorge Larrea, Claudio X González, entre otros grandes capitalistas, concentró tanto poder político y económico, que provocó fuertes rivalidades con el resto de la oligarquía. La tradicional disciplina de la oligarquía en torno del presidente en turno se desmoronó y surgieron expresiones críticas al “capitalismo de cuates”, a la “ortodoxia neoliberal”, en el contexto de revelaciones escandalosas sobre la corrupción de Peña Nieto y sus más cercanos colaboradores. Esta división no existió ni en el 2006 ni en el 2012 cuando, a pesar de la ceguera de la izquierda que veía en López Obrador un candidato “burgués”, en realidad la burguesía en su conjunto se pronunció en contra de su candidatura. Fue en vísperas de la campaña del 2018 cuando una fracción burguesa encontró en esta candidatura una vía para derrotar a sus adversarios. Es muy común que la izquierda radical desdeñe analizar estos conflictos calificándolos de simples “pugnas interburguesas” y resulte incapaz de ver que, tarde o temprano, estas pugnas inciden en el rumbo concreto de la lucha de clases. No es gratuito que Carlos Marx, en sus escritos sobre Francia, dedique especial atención al curso de estas pugnas. De cualquier forma, estas divisiones y escándalos entre los de arriba, hicieron añicos la poca credibilidad con la que aún contaba el régimen priista.

Aunque las numerosas luchas de resistencia en contra de los megaproyectos y de las reformas neoliberales (CNTE, SME, CECOP ambientalistas, defensores de los derechos humanos, feministas, etc.), no fueron capaces de revertir la ofensiva neoliberal, ya sea por la represión de un régimen semi-dictatorial, por haber sido víctimas de la violencia provocada por el mismo régimen o por su dispersión y falta de capacidad de elaborar una táctica de lucha apropiada, tampoco se puede negar su importancia en deslegitimar y restar credibilidad a los partidos del régimen y, aún sin haber llamado a votar por el partido Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), contribuyeron a su triunfo electoral.

No obstante que todas las encuestas auguraban un amplio descalabro del candidato oficial, José Antonio Meade, el régimen continuó utilizando todas sus malas artes para reducir el margen de la derrota. Medios de comunicación y comentaristas difundiendo campañas de odio e infamias en contra de AMLO, crearon un clima de terror, más de 120 candidatos fueron asesinados, se otorgaron dádivas a los electores, hubo compra masiva de votos e incluso robo de urnas y fraudes grotescos como el acontecido en el estado de Puebla. Las elecciones no fueron limpias, AMLO triunfó de manera aplastante a pesar del fraude.

La suma de todos estos factores, aunados al intenso trabajo y una cuidadosa imagen de honestidad y sobriedad de Andrés Manuel López Obrador, explica la expresión del rechazo abrumador al viejo régimen y de por qué esta candidatura capitalizó el enorme descontento social en las urnas.

La transición a un nuevo régimen capitalista: rupturas y continuidades

No obstante la magnitud de la derrota electoral de los viejos partidos dominantes, aún es prematuro decretar tajantemente la muerte del viejo régimen y el nacimiento de uno nuevo. Una cosa es ganar el gobierno y otra muy distinta destruir las anquilosadas estructuras corporativas sobre las que descansaba el viejo régimen y la “cultura priista” metida hasta la médula entre la población, y conjurar su retorno. Una autentica transición hacia un nuevo régimen, dentro del capitalismo, sólo se logrará con el traspaso del poder de una fracción de la clase dominante a otra, estableciendo un nuevo consenso entre gobernantes y gobernados, con cambios económicos y sociales profundos, y dependerá de la disposición de los de abajo para llevar este proceso lo más lejos posible.

La primera condición está en proceso de ser resuelta. Una fracción de la oligarquía ha sido desplazada del poder por otra. El grupo Atlacomulco y sus socios han sido echados del poder por la que ahora representan Alfonso Romo, Ricardo Salinas Pliego y Carlos Slim, entre otros capitalistas. Pero dentro del nuevo gobierno se han integrado decenas de representantes e incluso caciques del viejo régimen. Con la participación de estos sectores en su gobierno, López Obrador intenta ampliar su base de apoyo y también mandar un mensaje de que no es un “antisistema”, aun siendo consciente de que muchos de ellos están dispuestos a jugar el papel de Michel Temer en Brasil.

La bandera de la lucha contra la corrupción y la “austeridad republicana” también le han servido para intentar disciplinar al Poder Judicial. El desacatar reducir sus sueldos de 600 mil pesos mensuales (30 mil dólares) por debajo de lo que gana el presidente (108,656 pesos netos, 5,432 dólares), como marca la Constitución, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia han mermado su propia credibilidad y legitimidad.

Es en el marco de esta disputa sobre “quien manda”, en donde se debe ubicar el conflicto en torno a la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Más allá del tema ecológico, en donde coincidimos, la cancelación de este megaproyecto significó un duro golpe económico y político a los grupos empresariales ligados al grupo Atlacomulco y otros como el Grupo Carso y un mensaje a la nación sobre quien manda ahora.

Otro escenario de esta disputa se refleja en la lucha en contra de la corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE). Con el objetivo de fortalecer la industria energética nacional, que compartimos, se ha emprendido una lucha en contra del robo de combustibles (“huachicoleo”), tanto en ductos (20 por ciento del total) como en plantas de refinación y distribución, barcos y plataformas de perforación. A pesar del desabasto generado por el cierre de ductos y el sabotaje, esta lucha cuenta con abrumador apoyo popular (90%) y es muy importante para recuperar pérdidas por 35 mil millones de dólares anuales y recomponer la imagen de la administración pública incluyendo al ejército. Pero también es un arma poderosa en contra de ex presidentes y de la mafiosa dirección del sindicato petrolero, los cuales han sido puestos contra la pared. Por esa razón es muy importante compartir el objetivo de eliminar la corrupción en Pemex, reclamar acciones judiciales en contra de quienes, desde arriba, han promovido este saqueo; luchar por que los trabajadores recuperen el control del sindicato y retomar el objetivo de la renacionalizar los sectores petrolero y eléctrico.

Aún más contundente ha sido el golpe propinado a poderosos ex funcionarios de la Secretaría de energía y de la CFE al ser exhibidos por la ignominiosa práctica de “puertas giratorias” (aquellos que utilizan sus altos cargos públicos para servir a los intereses de grandes empresas a las que, tras dejar su puesto, integran como altos directivos). Entre los señalados figuran el ex presidente Felipe Calderón; el jefe de la Oficina de la Presidencia con Carlos Salinas, José Córdoba Montoya; los ex secretarios de Energía Jesús Reyes Heroles, Luis Téllez, Georgina Kessel, Carlos Ruíz Sacristán y Alfredo Elías Ayub.

En política social se han adoptado medidas que rompen con la ortodoxia neoliberal y se han anunciado otras que son consideradas una afrenta a posiciones conservadoras y reaccionarias. Entre las primeras podemos saludar la creación de una pensión universal y el incremento de su monto para todos los mayores a 68 años de edad (a excepción de los grupos indígenas que se mantiene en los 65), a los discapacitados, las becas a estudiantes, y los subsidios a los agricultores. Más discutible son las becas otorgados a jóvenes para trabajar como aprendices en las grandes empresas, porque significan un subsidio inadmisible para los grandes empresarios; otra cosa sería que se otorgaran exclusivamente a empresas sociales, cooperativas o pequeñas empresas y talleres. Aunque estas medidas pueden contribuir a recomponer el tejido social, e incluso impulsar el mercado interno y alentar un cierto crecimiento económico, aún están lejos de revertir los nefastos efectos destructores de la política neoliberal. Para revertir a fondo estos efectos se requieren acciones de largo plazo como recuperar el 80% de la pérdida del poder adquisitivo del salario y reducir la jornada laboral.

Para el próximo periodo legislativo están programadas reformas progresistas que incluyen extender a nivel nacional el derecho al aborto libre y gratuito, el matrimonio homosexual, ampliar los derechos para la comunidad LGBTI, la legalización de la marihuana y el derecho a una muerte asistida. Los socialistas debemos estar en la primera línea de combate para hacer realidad estas reformas.

En un país en donde la libertad de expresión era más aparente que real y el oficio del periodismo uno de los más peligrosos del mundo -en la última década han sido asesinados decenas de periodistas, otros han sido despedidos o se han autoexiliado- es notable observar ahora el ejercicio de un periodismo crítico y sin cesura, se ha levantado el veto a medios y periodistas críticos han regresado a trabajar o de su exilio (solo falta José Gutiérrez Vivó), e incluso algunos han sido llamados dirigir medios de comunicación oficiales.

El reto más importante para el nuevo gobierno, en materia de derechos humanos, es investigar la localización de los más de 40 mil casos de desaparición forzosa, el más emblemático es el de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ya que en su mayor parte son responsabilidad del crimen organizado o de las fuerzas armadas. Actuar con el mayor profesionalismo y rendir cuentas claras, lo antes posible, sobre todo en el caso de Ayotzinapa, es condición indispensable para confirmar la disposición del nuevo gobierno de romper con una de las peores prácticas del viejo régimen.

La liberación de los primeros presos políticos es otro programa puesto en marcha. Pero es necesario dar mayor celeridad a los trámites de liberación, venciendo trabas de gobiernos estatales del PRI y el PAN y cumpliendo la petición de los presos de que el estado mexicano se disculpe por incriminarlos de manera falsa, para alcanzar el objetivo de que no exista un solo preso político en nuestro país.

El pronunciamiento de la cancillería mexicana en el sentido de reconocer a Nicolás Maduro Moros como el legítimo presidente de Venezuela, no reconocer al títere del imperialismo yanqui, Juan Gerardo Guaidó Márquez, y demandar una solución pacífica del conflicto, ha sido bienvenido por el propio presidente Maduro, la izquierda latinoamericana e incluso mundial. En un contexto latinoamericano de fortalecimiento de la derecha, de los grupos fascistas y del intervencionismo imperialista, no debemos soslayar la importancia de este viraje, aunque aún está pendiente tomar distancia del gobierno de Trump en temas de seguridad, migración, comercio y el ignominioso muro fronterizo.

Aunque el nuevo gobierno se auto define como anti-neoliberal y pretende un utópico regreso a los tiempos del “estado benefactor”, lo cierto es que tampoco pretende romper con el capitalismo, sin ser igual al PRI o al PAN. El nuevo gobierno y el partido Morena son una convergencia de fuerzas que van de la derecha (incluyendo sectores oligárquicos), pasando por un amplio abanico de fuerzas de izquierda o de quienes sólo utilizaron esta maquinaria electoral para deshacerse de los odiados partidos del “Pacto por México”. Estamos ante el proceso de consolidación de un nuevo tipo de régimen capitalista con un perfil democrático-nacional-progresista. No es el gran cambio al que aspiramos los socialistas, pero es imposible negar que se está abriendo un proceso democrático que abre mejores condiciones para el desenvolvimiento de la lucha de clases. La insurrección electoral ha creado excelentes condiciones para que las fuerzas más a la izquierda de este movimiento impulsemos la lucha por la total destrucción del podrido aparato de control corporativo priista e impulsemos nuestras propias demandas democráticas hasta sus últimas consecuencias. Esta posibilidad no vendrá desde arriba, sino de nuestra capacidad de aprovechar el impulso de la creciente politización y movilizarnos de manera independiente.

El intenso debate y los zigzags respecto a diversas iniciativas gubernamentales, como las relativas a la guardia nacional o los mega proyectos de desarrollo, indican que, al interior del heterogéneo bloque del actual gobierno, aún están en proceso de definición la orientación y los alcances de algunas de sus políticas públicas, debido a que subsisten visiones diferentes sobre dichos temas o existen rezagos muy profundos heredados del régimen anterior.

En cuanto a la creación de una Guardia Nacional conformada y dirigida por militares, es decir militarizada, es preciso señalar que además de ser una clara inconsecuencia con el propósito original de iniciar un proceso de desmilitarización de la política de seguridad pública, existe un hilo de continuidad con la política militarista dictada por el imperialismo. El concepto de Guardia Nacional fue incorporado a la Constitución de 1857 ante las constantes invasiones extranjeras, como una fuerza armada civil para la defensa de la nación. Su existencia se mantiene en la actual Constitución, pero nunca se reglamentó, ante el temor de la clase dominante de permitir la existencia de cuerpos armados de carácter civil. No obstante, la experiencia reciente ha demostrado que los únicos lugares en donde ha sido erradicada la presencia del crimen organizado, es donde han surgido diferentes expresiones de auto organización armada de la sociedad, como son las policías comunitarias en los estados de Guerrero y Oaxaca, las autodefensas de Michoacán o las zonas bajo el control del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La conformación de una Guardia Nacional dirigida exclusivamente por militares reaviva el temor de la continuación de la “guerra” en contra del crimen organizado y sus afectaciones en contra de la población civil. Reafirmamos nuestra convicción de reivindicar una Guardia Nacional, de carácter civil y similar a las policías comunitarias, para la autodefensa ciudadana; la depuración y profesionalización de los cuerpos policiacos y la elección de sus mandos superiores por la ciudadanía y el gradual regreso del ejército a sus cuarteles.

El objetivo de iniciar una política de desmilitarización va más allá de un problema de seguridad pública; se trata de desvincular a México de una orientación imperialista, impuesta en los capítulos sobre seguridad del Plan Puebla-Panamá y de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), que pretenden impulsar una solución militarista para enfrentar el potencial descontento causado por las políticas de miseria y despojo del neoliberalismo.

Sobre los proyectos de tren Maya y Transítsmico, al igual que la campaña de reforestación de un millón de hectáreas, nos pronunciamos por la necesaria consulta a la población, y sobre todo a los pueblos indígenas, sobre las transformaciones en sus territorios, en los términos del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). No obstante, ratificamos nuestra orientación ecosocialista de promover el transporte ferroviario sobre el automotor y de reforestar, con las especies apropiadas, un territorio nacional altamente devastado por la tala inmoderada. Consideramos necesario precisar que el objetivo de estos megaproyectos no debe ser promover un crecimiento en beneficio de los grandes intereses de la industria turística o comercial, sino de promover un turismo sustentable y desarrollo social equitativo, reconociendo que la entrada de relaciones de producción y mercado capitalistas a estas regiones puede trastocar profundamente las relaciones sociales tradicionales.

Con respecto de las consultas, es pertinente demandar que sean reales y no simuladas. El hecho de que diversos movimientos sociales apoyamos la consulta sobre el aeropuerto, y que aceptamos su abrumador resultado, no debe privarnos de criticar que no se realizó un auténtico debate nacional y de que los mecanismos para su realización fueron bastante débiles para garantizar completa transparencia. Estamos de acuerdo en impulsar mecanismos de democracia directa como el referéndum, el plebiscito y la consulta, pero deben establecerse reglas claras y justas para su realización.

Este panorama político confirma nuestras previsiones cuando, en el pasado proceso electoral, llamamos a votar en contra de los partidos del “Pacto por México” (PRI, PAN y PRD), sumándonos a la lucha en contra de un posible fraude electoral, proponiendo un programa alternativo de lucha y manteniendo nuestra independencia política y orgánica con respecto de Morena. Gracias a este posicionamiento hemos logrado establecer una relación fructífera con los sectores más a la izquierda de Morena y conectar con diversos movimientos sociales.

Relanzamiento de la lucha social

No es casual que, al momento de escribir este documento, se está realizando una oleada de huelgas de 50 mil trabajadores (de 45 empresas) de la industria maquiladora en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, para demandar aumento salarial del 20 por ciento, un bono anual de 32 mil pesos, pago de salarios caídos y no ejercicio de represalias. El detonador del movimiento fue la maniobra patronal de cancelar el bono anual, establecido contractualmente, según ellos por no poder pagar el aumento del 100% a los salarios mínimos decretado por el gobierno federal. Este movimiento refleja que la derrota del PRI y el PAN y la promesa de mejorar el nivel de vida de los asalariados, empieza a generar confianza en la clase trabajadora para desafiar las condiciones de esclavitud y a las direcciones charras de sus organizaciones sindicales. Independientemente de cual sea el desenlace de este movimiento, una cosa es clara e irreversible, se ha iniciado un proceso de recomposición del movimiento obrero.

Este proceso de recomposición también se expresa en huelgas y movilizaciones en Ciudad Juárez, Sonora y Baja California, así como en los procesos de reorganización del sindicalismo independiente (Nueva Central de Trabajadores, Sindicato Minero, Unión Nacional de Trabajadores) e incluso dentro del sindicalismo burocrático (Petroleros, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Congreso del Trabajo). Ante las erróneas expectativas de sindicalistas democráticos, afiliados a los sindicatos “charros”, de esperar la intervención del nuevo gobierno para encarcelar a sus dirigentes corruptos y reestablecer la democrática sindical, debemos ser muy enfáticos en señalar que esta tarea únicamente les corresponde a los propios trabajadores y que la defensa de la democracia sindical pasa primero por guardar completa independencia hacia cualquier tipo de gobierno.

También debemos saludar la abrogación de la mal llamada “reforma educativa”, que en realidad pretendía facilitar el despido de trabajadores y privatizar el sector educativo, aunque aún están lejos de resolverse los problemas educativos en su conjunto. En cuanto al proyecto de reforma laboral que presentará Morena en el próximo periodo de sesiones del Congreso, todo parece indicar que contiene elementos positivos para impulsar la libertad sindical, pero deja intactas las reformas neoliberales de 2012 que legalizan el outsourcing, facilitan los despidos y limitan a un año el pago de salarios caídos en los juicios laborales. Existen versiones de que Morena presentará una reforma a las pensiones que refuerza el control privado de los fondos de ahorro de los trabajadores; debemos estar pendientes de ello y continuar exigiendo el regreso al régimen solidario y el control directo de los trabajadores sobre el manejo de sus ahorros para el retiro.

Además de la lucha obrera por la democracia sindical y por mejores condiciones de vida, se percibe ya una reanimación del espíritu de lucha de otros movimientos en defensa de la tierra, del agua o por los derechos humanos y de género.

Otros sectores urbanos siguen en lucha, como los usuarios de la energía eléctrica agrupados en organizaciones como la Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia (CONUR), que buscan unificar sus esfuerzos a nivel nacional para demandar una tarifa social, la cancelación de deudas impagables y la renacionalización del sector eléctrico.

La reactivación del movimiento campesino tiene su expresión en el reagrupamiento en el movimiento campesino Plan de Ayala, SIGLO XXI. Las mujeres campesinas están en procesos organizativos por regiones y están construyendo una fuerza importante que viene a reforzar la política de rebeldía y reivindicación.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), con 18 años de resistencia, que fue el motor para la cancelación del nuevo aeropuerto, en la actualidad se encuentra en el proceso de formular proyectos de desarrollo municipal, que tiene como eje la restitución de sus tierras, así como la construcción de la democracia desde los pueblos. La lucha se expresa en la resistencia contra los megaproyectos, que tiene como base la exigencia del respeto a todos los derechos de los pueblos.

Los campesinos del CECOP, que todavía tienen 19 presos políticos, detenidos injustamente desde hace más de un año por delitos que no cometieron, están aprovechando el momento para exigir vigorosamente la libertad de sus presos y la cancelación definitiva del proyecto de presa La Parota.

El movimiento de mujeres y feminista sigue su curso de lucha centralmente en contra de la violencia feminicida que azota al país. Los esfuerzos organizativos en torno a fechas conmemorativas (25 de noviembre, 8 de marzo) han avanzado para incluir a más que las ONG que venían ocupando el centro de la escena como protagonistas y ahora comprenden fundamentalmente a sectores sindicales y populares importantes. Además, existe un impulso de mujeres jóvenes que rechazan de forma decidida todas las formas de opresión, partiendo de la lucha contra la violencia, pero extendiéndose a otros ámbitos. La necesidad de unir estos esfuerzos a otros, incluyendo las tradicionales feministas, tanto geográfica como políticamente, sigue siendo una tarea de estos sectores múltiples.

En lo inmediato es indispensable rechazar que, bajo el pretexto de la “austeridad republicana”, se estén despidiendo a miles de trabajadores en el Gobierno Federal y de la Ciudad de México, con recortes todavía más drásticos que los neoliberales en los sectores de la docencia e investigación científica. Es cierto que, en el caso de la capital del país, el gobierno del PRD dejó cientos de plazas ocupadas por personal que cobraba sin trabajar (“aviadores”), deshonestas o simples operadores políticos, pero ese no es el caso de miles de trabajadores precarios, que realizan labores de base y de confianza. Para ellos y ellas demandamos su reinstalación y basificación inmediata y nos declaramos incondicionales defensores de su movimiento.

Tampoco se deben aceptar los recortes del 50% del financiamiento a las estancias infantiles, a tabla rasa, sin análisis ni precisiones de los ejemplos de corrupción a servicios sociales tan importantes. Mucho menos podemos secundar las opiniones expresadas por las autoridades de que “mejor se da el dinero a las familias” para que decidan qué hacer con ello, o que “las abuelas cuiden a los niños.” Aquí es doble el problema: por un lado, es un retroceso pensar que los niños no requieren de una socialización de calidad como parte de su educación; y, por otro lado, plantear que la educación de los hijos es un “asunto familiar, privado” descansa sobre la vieja idea de que es la familia —léase, las mujeres— la que debe encargarse de asuntos que ya hace décadas se habían ganado como derechos que deberían proveer el estado. El que la derecha está protestando este mismo recorte no nos debe dar pausa: nuestros motivos para oponernos son otros y no podemos dejar que esta ideología retrógrada prevalezca en la población.

Nuestra actitud ante Morena

Como decíamos anteriormente, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es un partido pluriclasista, no se propone la destrucción del capitalismo (si acaso “humanizarlo”), tiene una gran influencia de masas, está totalmente centralizado en torno a las decisiones de AMLO y aunque su estatuto no permite la formación de tendencias, existen debates internos y un ala de izquierda y social con la cual podemos relacionarnos y, eventualmente, influir.

Todas estas características hacen imposible integrarnos o esperar una evolución de Morena favorable a los intereses últimos de la clase trabajadora. Esto no quiere decir que ignoremos la tremenda importancia de impulsar una política de acercamiento con las bases de Morena, de establecer puentes con sus sectores más a la izquierda e impulsar todo tipo de acciones conjuntas. Los millones que votaron por MORENA son potenciales aliados en diversas luchas. En este caso es muy importante discutir el significado concreto de la política del Frente Único impulsada por la III Internacional.

La existencia de grupos en Morena, simpatizantes de la CSR, es muy importante. Debemos establecer una relación permanente con estos grupos e impulsar políticas comunes.

Nuestra actitud ante el EZLN

Desde el inicio de la insurrección de las comunidades zapatistas en 1994, encabezadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), nuestra vertiente política apoyó incondicionalmente su lucha, incluso una fracción de nuestro movimiento se integró a la construcción del Frente Zapatista de Liberación Nacional (brazo civil del EZLN), jugando un papel de primer orden en su expansión urbana y en la electrificación de las comunidades indígenas zapatistas.

No obstante, nuestra buena voluntad de impulsar la recomposición de la izquierda revolucionaria mexicana al lado del EZLN, pronto nos topamos con su total indisposición de apoyar otras luchas cuyas dirigencias u objetivos no coincidían con su orientación, como las del SME, mineros o ambientalistas. Peor fue su intolerancia hacia quienes disentían de sus orientaciones, para su disidencia no existía más alternativa que el sometimiento o la marginación. El caso más grave fue en el 2006 cuando se enfrascaron en una lucha frontal en contra del entonces candidato del PRD a la presidencia de la república, Andrés Manuel López Obrador, que les costó la deserción de miles de cuadros e intelectuales. Estas son las razones por las cuales optamos por reconstruir la alternativa de la IVa Internacional en México.

Entendimos la propuesta del Congreso Nacional Indígena (CNI), apoyada por el EZLN, de impulsar la candidatura a la presidencia de la república de la compañera Marichuy, como un esfuerzo para presentar una alternativa de lucha claramente anticapitalista y recomponer su relación con los sectores sociales más a la izquierda. Por eso, desde la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT), participamos en la recolección de firmas para su registro. Su propuesta de “¡No importa por quien votes, organízate!” fue incluso atractiva para militantes del Morena que también le otorgaron su firma. Ante el fracaso de esta iniciativa – escasamente se colectaron 300 mil de las casi 800 mil firmas necesarias– se generó un nuevo repliegue que sólo se interrumpió con el discurso del sub Comandante Moisés, el pasado 1 de enero, en donde optaron por volver al enfrentamiento radical con AMLO, identificándolo como igual al PRI o al PAN.

Reiteramos nuestro respeto crítico ante la dirección del EZLN, nuestro apoyo incondicional a la causa de las comunidades indígenas, la construcción de sus órganos de auto-organización (“Caracoles”) y demandamos el cabal cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y del Convenio 169 de la OIT.

Los retos de la Izquierda Anticapitalista

Es completamente absurdo pretender utilizar una misma estrategia, incluso una misma táctica, ante un gobierno abiertamente neoliberal, desprestigiado y aislado, que, a uno reformista, con un alto grado de legitimidad y con un respaldo popular solamente comparable a la época cardenista. Esta verdad de Perogrullo viene a cuento porque una parte importante de la izquierda anticapitalista mexicana está actuando como si todo siguiera igual y todas las mañanas se levantan con la ilusión de encontrar los argumentos necesarios para “desenmascarar” al nuevo gobierno y radicalizar al movimiento social. Este método no sólo no ha hecho la menor mella en el nuevo gobierno, sino que los aísla cada día más.

Ante un régimen como el de López Obrador, es absurdo adoptar una actitud de aceptar o rechazar en bloque sus propuestas, apoyaremos aquellas que supongan mejoras las condiciones de vida de la clase trabajadora, la ampliación de las libertades democráticas o la defensa del medio ambiente; criticaremos, sin concesiones, pero sin sectarismo, todo lo que vaya en sentido contrario. Siempre manteniendo nuestra total independencia política y orgánica hacia el nuevo gobierno.

Construir una alternativa de izquierda radical ante el nuevo gobierno no será una tarea sencilla, pero tampoco imposible. Los marxistas no contamos con un libro de recetas, pero sí con el método de cómo hacerlo. En principio los marxistas no rechazamos un programa mínimo de reformas, las apoyamos, pero, lo que nos diferencia es llevar hasta sus últimas consecuencias cada una de esas demandas y proponer alternativas transicionales que significan construir un puente entre el actual nivel de conciencia de las masas y el programa socialista. Oponer, mecánicamente, el programa máximo al mínimo simplemente significa aislarse de las masas o confrontarnos con ellas.

En las nuevas condiciones políticas, incluso una demanda mínima, como un modesto incremento salarial, puede provocar un vendaval de protestas, huelgas y movilizaciones que ponen contra la pared a charros, patrones e incuso al mismo gobierno, como acontece en Matamoros, y alcanzar el 100% de sus demandas. Aunque de momento este histórico triunfo obrero ha sido capitalizado por los charros, que se pusieron al frente del movimiento y por el gobierno federal que no interpuso una declaración de inexistencia de las huelgas, lo importante es que se está iniciando un nuevo ciclo de luchas obreras y populares. Es el momento de iniciar un giro para impulsar la organización independiente de la clase trabajadora y de extender la lucha por la recuperación salarial.

En este mismo sentido, los socialistas debemos proponer una amplia variedad de políticas públicas que nos permitan ampliar nuestro radio de acción e influencia política. Una propuesta de reforma laboral que derogue las contrarreformas neoliberales, impulse la justicia laboral, la democracia y la autonomía sindical. Proponer un programa de reducción de la semana laboral y recuperación salarial. Las reformas asistencialistas deben evolucionar hacia el establecimiento de una Renta Básica Universal. Recuperar el régimen solidario de pensiones. Por la soberanía alimentaria, impulsar una agricultura orgánica libre de pesticidas y transgénicos, revertir la reforma salinista al artículo 27 constitucional ¡La tierra debe ser de quien la trabaja! Rechazamos la ofensiva de la Iglesia Católica y la derecha en contra de los derechos de las mujeres a la salud reproductiva y sexual, a una maternidad voluntaria, incluyendo el derecho al aborto; y el derecho de los niños a una educación y cuidados infantiles profesionales pagado por el gobierno. Reconocimiento del derecho humano a todos los servicios públicos (salud, educación, energía, transporte, alimentación). Acciones apropiadas para poner alto a la violencia feminicida en el país, incluyendo la creación de albergues para mujeres agredidas y sus hijos, cuidados psicológicos y médicos para mujeres violadas, campañas anti-violencia de género a todos los niveles. Auditoria a toda la administración pública y empresas públicas descentralizadas (Pemex y CFE), cárcel a corruptos. Auditoria a la deuda pública y cese de pagos a la deuda odiosa. Reducción de la desigualdad social aplicando un impuesto progresivo a las grandes fortunas. Renacionalización del sector energético. Desmilitarización de la Seguridad Pública.

Los marxistas tampoco rechazamos incluso alianzas de facto con fracciones de la burguesía democrática en situaciones concretas, por ejemplo, actualmente apoyamos al gobierno de Nicolás Maduro (con todo lo criticable que sea su gobierno) en contra de las agresiones del imperialismo norteamericano y también apoyamos la decisión del gobierno de AMLO de no sumarse a la cruzada en contra de Maduro.

Las débiles fuerzas anticapitalistas solo podemos aprovechar esta oportunidad si somos capaces de no anteponer ningún interés particular al interés supremo de unificar la lucha de la clase trabajadora y crear un auténtico poder popular. La emancipación de la clase trabajadora será obra de la clase obrera misma.

Ante la política sectaria del EZLN y la reconstrucción capitalista de AMLO, es necesario reafirmar la necesidad de construir una izquierda anticapitalista independiente. Cualquier polarización sectaria, al interior de la frágil izquierda anticapitalista o del resto de los movimientos sociales, únicamente nos debilitará ante una derecha, ahora agazapada, pero dispuesta a retomar la contraofensiva en cuanto tenga la menor oportunidad.

El capitalismo tiene a México y al mundo en una situación sumamente grave. La concentración de la riqueza en pocas manos, la corrupción generalizada, el cambio climático, las guerras, el injerencismo imperialista y los riesgos de guerras aún más destructivas azotan a la humanidad y no hacen sino empeorar las condiciones de explotación y opresión que la someten. Es cierto que el neoliberalismo ha agudizado esos fenómenos en las últimas décadas, pero se trata de tendencias típicas del capitalismo. Aunque son sin duda bienvenidos los cambios con sentido social que están ocurriendo en México desde diciembre de 2018, lo que el país y el mundo necesitan es subvertir el capitalismo para construir un orden de solidaridad, con visión ambientalista, que nos permita el florecimiento como seres humanos plenos, libres de opresión y violencia hacia las mujeres, las personas LGBTIQ y todos los sectores oprimidos de la sociedad. Urge establecer un desarrollo armónico desde abajo, desde las y los trabajadores, indígenas, campesinos y campesinas. Por ello, nuestra propuesta sigue siendo anticapitalista, feminista, ecosocialista y antimilitarista.