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¡Los derechos de las y los estudiantes se ganan con la lucha! | Declaración de las y los estudiantes de la CSR

Aunque la educación es enarbolada por el actual gobierno mexicano como uno de los pilares fundamentales de la mejora social, décadas de aplicación del modelo neoliberal han desembocado en recortes sistemáticos a la inversión en educación pública, lo que fomenta la privatización de la educación, descuidando el acceso y la gratuidad en pro de  la llamada “calidad educativa”.

Así mismo, un gran número de estudiantes provenientes de las clases populares tiene que buscar opciones de estudio en instituciones privadas ante la falta de espacio en las universidades públicas, incluso, en el peor de los casos, su derecho constitucional a la educación es negado por no poder cubrir los gastos que estudiar requiere. De acuerdo con datos oficiales[1], en México hay cerca de 32 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, de los cuales más del 50% son mujeres. De estos, únicamente tres de cada diez tienen un espacio en el  nivel de educación superior, pues el país cuenta sólo con 5 mil 343 instituciones de educación superior. Así mismo,  el 77% de los mexicanos entre 25 y 34 años no cuenta con estudios de educación universitaria, y menos de una cuarta parte de la juventud nacional (el 23%) tiene estudios de educación superior. Además, también hay una desigualdad enorme cuando se toma en cuenta el origen étnico. Para el 2019, solo 6.6% de los mexicanos  pertenecientes a grupos étnicos diversos eran egresados de alguna universidad, Por otra parte, aunque las mujeres tienen mayores tasas de graduación  en la educación universitaria,  (21% comparado con 18% de los hombres), según un estudio realizado por la CONAPRED en 2018, las mexicanas ganaban en promedio un 34% menos que los hombres.

Más allá del contexto universitario, también es pertinente señalar  que de acuerdo con el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 42.4% de las y los adolescentes y jóvenes entre 12 y 29 años se encuentran en situación de pobreza, además, este estudio también señala que  el 66.8% de ésta población no asiste a la escuela. La situación se profundiza entre las y los jóvenes de  25 a 29 años, ya que  sólo 1 por cada 10 se encuentra tomando clases en alguna institución educativa.

En México concluir una carrera profesional no es garantía para la obtención de empleo. Del universo total de  32 millones de jóvenes que hay en el país,  solo 15.5 tienen trabajo, y de los que se encuentran laborando , 8 de cada 10 no cuentan con los ingresos suficientes para adquirir una canasta básica para dos personas, mientras que el 51% carecen de seguridad social. Según datos del INEGI para el primer trimestre del 2019, en nuestro país, 884,237 personas habían culminado sus estudios de licenciatura, maestría o doctorado. Mientras que el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), señaló en el 2019  que la proporción de jóvenes que logran ubicarse en un trabajo estable es del 30.7%, de ese porcentaje,  solo 1 de cada 3 consigue desempeñarse en actividades vinculadas con su perfil profesional. Ante tal panorama,  muchos son las y los jóvenes que al salir de las universidades se encuentran con un futuro totalmente incierto,  ya que en promedio 65 de cada 100 egresados, por la desesperación y frustración de no encontrar un empleo, deciden trabajar en un área diferente a la que estudiaron, por lo que  se emplean de manera informal y precaria en trabajos totalmente ajenos a las áreas educativas en las que invirtieron años de su vida.

Todas las estadísticas anteriores dan la razón a las voces que sostienen que la educación  superior en México es un privilegio de clase, racista  y patriarcal,  al que por su costo, origen étnico o condición de género,  pocas y pocos jóvenes pueden acceder, así mismo, estos datos también demuestran que contrario al pensamiento aspiracionista, estudiar en una universidad y terminar un licenciatura, e inclusive acceder y concluir un posgrado, no garantizan tener mejores condiciones y un futuro de vida estable y pleno.

El desolador e incierto contexto  al que se enfrenta la juventud de México, nos obliga a pensar, construir y consolidar  las universidades públicas,  como instituciones en donde tengan cabida las y los hijos de las y los trabajadores, quienes con sus impuestos posibilitan la existencia de las mismas, aunque para ello es necesario fomentar el pensamiento crítico, estimular  el compromiso social para con las causas de las mayorías, y plantear propuestas y posibles soluciones a los grandes problemas sociales nacionales e internacionales.

Sin embargo,  30 años de neoliberalismo,  traen como consecuencia que actualmente la mayoría de las instituciones de educación superior en México estén atravesadas por visiones educativas individualistas y competitivas, que se centran en formar y cualificar y producir  mano de obra especializada, útil a los intereses del capital. La lógica mercantil  ha intentado suprimir la educación con sentido humanista, y su embestida se profundiza en las escuelas de ciencias sociales y humanidades, pues sus estudiantes, profesores, planes y programas de estudio, no se ajustan al paradigma neoliberal y a las necesidades del mercado.

Paralelamente, los directivos, y una elite académica enquistada en las cúpulas de las universidades públicas han conformado  burocracias con espíritu y formas feudalistas, pues poseen sueldos  y privilegios exorbitantes, y hacen  de todo para mantener  el antidemocrático  orden universitario, pilar del estatus quo de la elite universitaria. Lo anterior de visibiliza cuando nos damos cuenta de que la mayoría de las exigencias y movimientos de estudiantes, profesores y trabajadores son ignoradas, boicoteadas o reprimidas, esto sin mencionar que el movimiento feminista, ha evidenciado en tiempos recientes que  las autoridades también solapan  con su inacción, su silencio, y su falta de transparencia,  los casos de acoso y agresión sexual sobre alumnas y profesoras y trabajadoras, ya que al parecer  su fin es proteger la imagen publica  de las instituciones  y enarbolar una y otra vez  la  fantasía del llamado «orgullo universitario».

En suma, la crisis económica ocasionada por el COVID-19, ha puesto en jaque la economía de las y los estudiantes y sus familias. Ante esto, la burocracia y las élites universitarias han mostrado poca comprensión y solidaridad  con quienes peor la han pasando en esta pandemia, ya que antes  de optar por bajar sus altos sueldos y  renunciar a sus privilegios, han decidido mantener o subir las cuotas de inscripción, sostener los excluyentes exámenes de admisión, y defender las medidas académicas y laborales  punitivas, factores que en su conjunto persisten en la mayoría de las universidades públicas del país, sin importarles que  debido a las condiciones sanitarias este ciclo escolar  será a distancia,  y que la infraestructura educativa (salones, talleres y laboratorios) no será utilizada,  tampoco se realizarán actividades presenciales en los campus universitarios, y se cancelaron las prácticas escolares en campo, además, las y los estudiantes y profesores  tienen  que cubrir el costo  y mantenimiento de su  equipo de cómputo y su  servicio de internet  para poder tomar clases en línea. Los efectos de  la crisis sanitaria y económica vuelven absurdo e insostenible el pago de cuotas de inscripción, las medidas de individualización del proceso de enseñanza-aprendizaje acelera el proceso de privatización, y vuelve la situación aún más elitista, clasista, racista y patriarcal.

Es un hecho que la educación pública se encuentra en un momento de crisis, y ante esto se vuelve urgente y necesario reactivar la organización universitaria entre las y los estudiantes, profesores y trabajadores, para en conjunto, exigir y defender el derecho a la educación pública y gratuita.

Los brotes de movilización de estos sectores en varios puntos del país, pueden ser los primeros pasos en la construcción de una alternativa a la actual situación de decadencia de la educación en el país. Como estudiantes, militantes  y simpatizantes de la CSR, nos posicionamos a favor de la lucha por la defensa de la educación, hacemos un llamado a las y los jóvenes a reforzar las luchas que están dando nuestras y nuestros compañeros en la Universidad de Colima, en San Luis Potosí, en la ENAH y en otras centros educativos a lo largo y ancho del territorio nacional, les convocamos a construir movimientos en cada una de nuestras trincheras, pues para nosotras y nosotros, la organización y la lucha social es la única vía para conseguir una juventud más digna en todos los sentidos y un futuro más próspero para la sociedad en su conjunto. Consideramos elemental que nuestras demandas sean acordes al panorama nacional e internacional, pues entendemos que la lucha por la democratización de nuestros espacios escolares, y  la lucha por el acceso y la gratuidad a la educación,  deben construirse a la par de una agenda de luchas y resistencias anticapitalistas, ecológicas y feministas que luchan contra la catástrofe ecológica,  que buscan erradicar el acoso y el hostigamiento sexual en todos los espacios y que combaten al racismo, el patriarcado y el capital en todas sus expresiones.

¡Porque los derechos de las y los estudiantes no se mendigan, se ganan con la lucha!

¡Por la democratización de las universidades e instituciones educativas!

¡Por una educación pública y gratuita!

¡Por una juventud digna y un futuro a la altura de nuestros sueños!

Estudiantes de la Coordinadora Socialista Revolucionaria


[1] Los datos estadísticos que fueron incorporados en este documento fueron consultados en línea el  día  5 de Octubre del 2020 en los siguientes links:

Es  prudente comentar que las fuentes de consulta son diversas, por lo que las estadísticas fueron seleccionadas de forma arbitraria, lo que en términos formalistas y estrictos puede causar contradicciones, pero no un cambio en las tendencias. Los temas que abordan los textos también son distintos y van desde la situación general y laboral de los jóvenes en México, hasta análisis sobre el acceso  que este sector tiene a la educación superior, sus situación laboral y la brecha étnica y de género.