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Los movimientos socioambientales en México

Por Rodolfo Chávez Galindo, miembro del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP-La Parota) y militante de la Coordinadora Socialista Revolucionaria

Los movimientos socioambientales que tienen lugar actualmente en México vienen de cuando menos una década atrás. Se derivan de la situación de violencia estructural que impera en el país, en particular en las regiones rurales; están relacionados en su mayoría con el extractivismo y la imposición de megaproyectos que benefician a la clase dominante y sojuzgan a los pueblos y comunidades cuyas tierras pretenden serles arrebatadas, despojo que pone en juego no sólo el territorio sino la vida misma de pueblos enteros.

Por los niveles de agresión gubernamental a los movimientos socioambientales, la mayoría de éstos están referidos sobre todo a su carácter social, a la afectación de pueblos y comunidades y a responder a la represión y a la criminalización. Pocos son los que tienen como prioridad responder a las afectaciones ambientales, menos aún tocan el tema del cambio climático. Algunos, particularmente en la Sierra Juárez de Oaxaca enfrentan el problema de la introducción ilegal del maíz transgénico; otros en Michoacán, Oaxaca y Chiapas se enfrentan ya a la implantación de procesos integrados a los llamados “servicios ambientales” que entre otras atribuciones pagan a los campesinos por cuidar sus bosques y no tocarlos ni sembrar en ellos lo que ha acarreado muchos problemas hasta correr el riesgo de perder sus tierras.

Entre los proyectos que en este 2019 han destacado por haber entrado en confrontación con el nuevo gobierno destacan:

El proyecto del Nuevo Aeropuerto de Texcoco. Si bien fue cancelado, sus secuelas y las afectaciones provocadas por el mismo siguen pesando sobre los pueblos en lucha representados por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Destaca el hecho de que cientos de hectáreas les fueron arrebatadas las que deberán serles devueltas. Otras tantas hectáreas pertenecientes a los pueblos fueron vendidas por aquellos que cayeron en la trampa de la compra-venta para confrontar y debilitar el movimiento en defensa de la tierra surgido en Atenco desde 2001. Un elemento más de confrontación es la autopista que, en varios tramos, se construyó sobre las tierras de los campesinos y sobre los mismos pueblos.

Otro conflicto abierto es la pretensión del actual gobierno de imponer a toda costa el proyecto calderonista inconcluso de dos Termoeléctricas en la comunidad náhuatl de Huexca en el estado de Morelos cuya construcción rechazan desde hace varios años las poblaciones agrupados en la Asamblea Permanente del estado de Morelos. El proyecto comprende además un gasoducto cuya construcción fue detenida por los pobladores de tres estados, ya que al rodear al volcán Popocatépetl significaría un riesgo para decenas de miles de pobladores que viven a las faldas del volcán. El movimiento, agrupado en el Frente de Pueblos en defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala ya mostró su fuerza opositora al haber tomado Chinameca y realizar por parte de los pueblos el acto conmemorativo por los 100 años del asesinato de Emiliano Zapata, obligando al poder gubernamental a trasladar a Cuernavaca el acto oficial programado originalmente precisamente en Chinameca.

El nuevo gobierno decretó la desaparición del proyecto peñista Zonas Económicas Especiales y las sustituyó, de inicio, con la creación de una zona libre con seis parques industriales a lo largo del Istmo de Tehuantepec lo que implicaría la introducción de un sinnúmero de proyectos, (negocios) para cuya concreción ya se apuntó el empresariado para participar en el nuevo plan de inversiones, siempre con una visión empresarial sin tomar en cuenta el verdadero desarrollo para los pueblos y menos aún, las afectaciones ambientales en una zona rica en diversidad de flora y fauna. La confrontación ya estalló al haber sido impuesta a los pueblos una simulación de consulta ante la cual los pueblos indígenas respondieron con la consigna: “el Istmo es nuestro” y reiteran su rechazo al proyecto Transístmico, entre ellos movimientos y organizaciones como la Unión Campesina e Indígena de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) con 34 años de lucha desde Matías Romero hasta Guichicovi y otras organizaciones como la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio de Juchitán, Ixtepec y Tehuantepec que en los últimos años enfrentan la depredación provocada por los parques eólicos con infinidad de aerogeneradores que han invadido el Istmo, la mayoría de ellos propiedad de trasnacionales españolas y de otros países sobre todo europeos. Hasta el momento los pueblos más afectados además de los Zapotecos son los Ikoojts (Huaves) de San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar y de San Mateo del Mar en la costa..

El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) sigue en resistencia ante la amenaza de dar continuidad a los proyectos de presas iniciados en años anteriores. En Temacapulín, Jalisco, continúa la lucha para impedir que se lleve a término la presa El Zapotillo, suspendida por la lucha tenaz del pueblo. Se ha fortalecido la lucha en contra del proyecto de presa en Milpillas, Zacatecas, Sigue vigente la lucha en contra de los proyectos de presas:  Paso de la Reyna en Oaxaca, Las Cruces en Nayarit, las presas programadas en el río Antigua en el estado de Veracruz y La Parota en Guerrero siendo particularmente agredido este movimiento agrupado en el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), mismo que junto a su Policía Comunitaria fue víctima de un descomunal operativo policíaco-militar el 7 de enero de 2018 en el que fueron asesinados cinco policías comunitarios, tres de ellos por medio de ejecuciones extrajudiciales, operativo en el que detuvieron a 38 compañeros, acción punitiva de la que aún quedan en prisión diecisiete presos políticos.

Los proyectos mineros son la expresión del extractivismo llevado a su máximo nivel por los tres sexenios anteriores que llevaron la depredación y la venta del país a niveles de ignominia. Las concesiones mineras significaron la entrega de cerca de la tercera parte del país a las empresas canadienses y de otros países, también a grandes mineras mexicanas. Los movimientos de resistencia contra las minas siguen luchando en defensa del territorio, del agua y del medio ambiente en Guerrero, Coahuila, Zacatecas, Oaxaca, San Luis Potosí, Chiapas, Sonora y otros estados. Destacan, la resistencia en la Montaña de Guerrero donde los pueblos indígenas ganaron litigios que declaran sus territorios libres de minería; en Magdalena Ocotlán, Oaxaca declararon su territorio prohibido para la minería; San José del Progreso, también en Oaxaca cuyo movimiento ha sufrido el asesinato de varios de sus dirigentes; la afectación por el derrame de lixiviados en el río Sonora y la huelga ejemplar de los mineros de Cananea; lo mismo que la prolongada huelga de los mineros de Taxco en Guerrero.

Un punto rojo que aparece en el horizonte próximo es el proyecto del Tren Maya al cual se han sumado muchos afamados empresarios y, en un abierto desplante colonialista, hasta el mismo gobierno de los Estados Unidos se apuntó ya para participar en el negocio.