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México: crisis multidimensional y las perspectivas de organización

Resolución Política de la Coordinadora Socialista Revolucionaria

 

El capitalismo en México atraviesa por un período de crisis multidimensional, crisis que se manifiesta con diferentes formas e intensidades en la situación económica, social, ambiental y política. Sólo con fines de análisis es válido separar las causas, efectos y expresiones de esta crisis en los campos anteriormente señalados. En la realidad, causas, expresiones y efectos se entrecruzan, presentando un panorama más complejo que el que nos puede proporcionar la teoría. Esta situación se manifiesta de diferentes formas y genera diversas reacciones, agrietando las bases mismas de la sociedad, abriendo espacios que pueden allanar el camino para la construcción de alternativas políticas revolucionarias.

Los efectos de las políticas neoliberales afectan a cada vez más amplios sectores de la población: encarecimiento ininterrumpido de los precios de productos y servicios básicos, elevados impuestos con relación a bajos salarios, etc. Sólo en parte esta situación se explica por el hecho de que se han destruido las bases constituyentes del México post revolucionario que permitieron una relativa estabilidad política y económica de más de 40 años. Pero, en su aspecto más amplio la situación de crisis se relaciona con la agudización de las contradicciones internas generadas por la evolución natural del sistema capitalista.

La imposición de políticas neoliberales y el despojo de bienes comunes se han traducido en la expulsión de la mitad de la población económicamente activa (alrededor de 30 millones de personas) de la esfera productiva y que ha sido lanzada a la precariedad, la emigración o la delincuencia. Por otro lado ha reducido el salario a niveles por debajo del mínimo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo. Otras consecuencias de estas políticas han sido la degradación de la posición social de un amplio sector de la clase  media, el saqueo de los principales recursos naturales y la destrucción acelerada del medio ambiente. Cada año el 10% de la población se apropia de las dos terceras partes de la riqueza generada; el coeficiente de GINI (el cual mide la desigualdad en la distribución del ingreso y donde cero significa que todos tienen el mismo ingreso y 1 si una sola persona tuviera todos los ingresos) es de 0.47, lo cual coloca al país entre las naciones que a nivel internacional registran los niveles más dramáticos en cuanto a la desigualdad en la distribución del ingreso. La nueva inserción de México en el mercado mundial a través de tratados comerciales como el TLCAN ha destruido al grueso de la pequeña y mediana industria, devastando comunidades campesinas e indígenas, y convirtiendo al país en proveedor de materias primas y maquilador de grandes transnacionales que no ofrecen mayor ventaja comparativa que el salario miserable de su clase trabajadora.

La agresiva política de Donald Trump para revisar el TLCAN aún más a su favor y la real posibilidad de su cancelación unilateral puede tener efectos aún más graves ya que paralizaría la inversión extranjera y promovería una fuga de capitales en medio de un prolongado estancamiento económico. Desde luego que esto no significa que defendamos el TLCAN, más bien confirma la necesidad de romper la dependencia hacia la economía estadunidense, diversificando el comercio internacional, promoviendo el mercado interno y la integración económica con los demás países latinoamericanos y del Caribe.

El desmantelamiento y la privatización de las principales fuentes de ingresos fiscales (Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad), aunada a una política recaudatoria en beneficio de los grandes capitales, elevaron la deuda pública a 10 billones de pesos en enero del 2018, aunque la deuda publica real del país (sumando deuda no programable, de estados y municipios, más pensiones) se elevó a un estimado de 36 billones de pesos, 178 % del PIB nacional. Demasiada carga para un país subdesarrollado que ahora dedica el 13 % de su presupuesto al pago de intereses y el 29 % al pago del gasto “no programable” (el costo anual del total de la deuda pública).

Si agregamos la deuda privada (hogares y empresas), el panorama  es aún  más desolador. Al primer trimestre de  2016, el saldo de crédito total, que incluye interno y externo, otorgado a los hogares, gobierno y empresas fue igual al 97.5 % del PIB, al sobrepasar los 18 billones de pesos en ese periodo de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El autoritario régimen post revolucionario, basado en la construcción de lo que se llamó un Estado de bienestar, ha sido sustituido por una cleptocracia asentada en un capitalismo salvaje y depredador, institucionalizando la corrupción y sus derivados como: el nepotismo, el clientelismo político y/o el peculado, de forma tal que sus acciones delictivas quedan impunes debido a que el aparato procurador de justicia está bajo su mando.

 

La ofensiva ecocida

 

La crisis del capitalismo y la caída tendencial de la tasa de ganancia han llevado al capital, sobre todo trasnacional, a invertir en proyectos de carácter extractivista que sus empresas han diseminado sobre todo en los países del sur global. De esta manera ejerce su dominio frente a gobiernos corruptos que les abren las puertas y ponen a su servicio los aparatos de poder público, las leyes y las fuerzas represivas para que puedan expulsar de sus territorios a millones de campesinos, sobre todo indígenas, en un proceso de acumulación por desposesión.

En México, el despojo de tierras y territorios es ocasionado por los megaproyectos de presas, carreteras, puertos, monocultivos y sobre todo por proyectos mineros de capital principalmente canadiense. Los últimos gobiernos han cedido ya el 30% del territorio nacional vía concesiones mineras a empresas canadienses; éstas abarcan todo el país lo mismo que los proyectos de infraestructura hidráulica; en el occidente y sur sobresalen los monocultivos, la agroindustria y en el oriente la extracción de energéticos. Los casos van desde el trasvase impuesto a la tribu Yaqui en Sonora, el proyecto hidroeléctrico Las Cruces que afecta a los Coras, los proyectos mineros sobre el territorio Huichol, el tiradero tóxico que pretenden instalar en Coahuila, el aeropuerto en Atenco; hasta los proyectos de presas en Temacapulín, Jalisco, La Parota en Guerrero, y Paso de la Reyna en Oaxaca; las minas a cielo abierto en Cerro San Pedro, S.L.P., Carrizalillo en Guerrero; proyectos mineros en Cuetzalan, Puebla, San José del Progreso en Oaxaca, Zacualpan en Colima, Chicomuselo en Chiapas; la siembra de transgénicos en Campeche y Quintana Roo, la deforestación y los proyectos carreteros en el centro del país.

El gobierno mexicano modificó la Constitución para hacer legal el despojo y la depredación: en 1992 el salinismo reformó el Artículo 27 Constitucional para hacer transferible el Ejido y ponerlo a la venta a los empresarios privados. Posteriormente impusieron la Ley Minera que da a la minería un carácter preferente sobre cualquier otro tipo de uso del suelo. La Ley reglamentaria de la peñista reforma energética, fuertemente cuestionada, permitirá el despojo de todo el campesinado mexicano, en tanto que señala como prioritarias frente a toda otra actividad la extracción de hidrocarburos y la generación de energía eléctrica, dando además a las empresas el poder legal para expulsar de sus tierras a sus legítimos dueños. Está en el Congreso además, para su aprobación, la Ley de Biodiversidad que daría paso al robo de los saberes de los pueblos originarios para que sean patentados “legalmente” por las trasnacionales. Más grave aún es el nivel de violencia sistémica que abarca ya todo el país para hacer efectivo el despojo. Violencia que viene desde el Estado a través de sus fuerzas de seguridad coludidos con el crimen organizado; por eso se multiplican los crímenes a defensores ambientales, la criminalización, las expropiaciones a los pueblos, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y las desapariciones forzadas.

La defensa de los pueblos, de la tierra, el territorio, el agua y los bienes comunes se extiende por todo el país; se forman redes de afectados ambientales y grupos que buscan la unidad para luchar por lo que ha sido siempre propiedad de los pueblos; pero ahora habrá que organizarse en contra de la violencia sistémica y estructural. Habrá que enfrentar la guerra institucional que ha declarado el Estado contra todos aquellos que defienden el territorio. La lucha es ahora por la vida.

Crisis de seguridad: narco, militarización y el Estado Mexicano

Desde que en el 2006 Felipe Calderón declaró la supuesta “guerra contra el narcotráfico”, los costos sociales han sido enormes: más de 150 mil muertos, 30 mil desaparecidos y 250 mil desplazados. Aún en condiciones de guerra civil, estos costos serían enormes para un país como México.

Esta “guerra” tuvo como objetivo inmediato legitimar a un gobierno surgido de un fraude electoral, justificar la militarización de la seguridad pública, generar terror entre la población y servir de cobertura para reprimir a los movimientos sociales y asesinar a opositores al régimen.

La continuidad de esa guerra, aunque con cambios en el discurso estatal, se ha mantenido con el gobierno de Enrique Peña Nieto, dejando en varios estados crisis de violencia aguda. Solamente en el 2017 hubo más de 24 mil asesinatos dolosos, convirtiéndolo en el año más violento en la historia reciente del país. La magnitud de la violencia sólo se explica coherentemente por la complicidad del Estado Mexicano. Aunque oficialmente se categoriza como violencia del narcotráfico, se obvia que el narcotráfico depende de redes políticas y económicas del más alto nivel, incluidas las redes internacionales.

A partir del año 2000 el neoliberalismo llega a su cenit como alternativa de organización del capitalismo, iniciando un período de crisis desiguales. La agudización de la violencia, bajo la estrategia militarista del Estado, coincide con la crisis económica mundial del neoliberalismo y es equivalente a la “guerra contra el terrorismo” del imperialismo estadounidense impulsada desde el ataque a las torres gemelas en 2001. Con el pretexto de la “guerra contra el narco”, el Estado Mexicano, subordinado a la injerencia militar de Estados Unidos (amparados en la “Iniciativa Mérida”), ha sacado a los militares de los cuarteles para desempeñar tareas de seguridad pública, militarizado policías municipales, reestructurado policías estatales bajo el mando único en la mayoría de los estados y renovado a las fuerzas armadas federales. En tanto que poblaciones y territorios son reconfigurados bajo la violencia del crimen organizado, de las fuerzas militares (o militarizadas) y paramilitares.

Poniendo como enemigo interno a los grupos del narcotráfico, el Estado ha transformado su estructura para fortalecer su aparato policiaco-militar, hasta el grado de llegar a aprobar la Ley de Seguridad Interior, la cual legaliza la intervención del ejército en tareas de seguridad pública, al borrar la frontera ente ésta y la seguridad nacional; además de abrir las puertas para la represión social y la imposición de un estado de excepción a criterio del poder ejecutivo. Esta Ley aprobada en diciembre de 2017 viene a redondear la serie de reformas estructurales que implementan las políticas neoliberales, las cuales atacan los derechos laborales de la mayoría trabajadora, privatizan los recursos energéticos y buena parte del territorio nacional, favoreciendo al capital transnacional. Al mismo tiempo los negocios del narcotráfico se han reconfigurado, pero no desaparecido; aunque existe la disputa entre carteles, el estado no es neutro, sino que toma parte favoreciendo a uno u otro, acumulando a través de la violencia un capital original basado en el despojo. De la Marina y el Ejército frecuentemente derivan grupos paramilitares que se han involucrado en asesinatos y feminicidios ahí donde empresas nacionales y trasnacionales pretenden construir mega-proyectos de inversión o en zonas con movimientos sociales fuertes que resultan incómodos al poder.

En los primeros días de este 2018, se observa un recrudecimiento de acciones violentas del estado, o de sus fuerzas paramilitares, en contra de comunidades de Chiapas, Guerrero (La Parota), Veracruz, Baja California, Oaxaca y Puebla, asesinato de periodistas y de candidatos electorales de diversos partidos, enfrentamientos entre bandas criminales. Todo parece indicar que la tendencia no cambiará.

El fortalecimiento de las posiciones conservadoras

Ante la descomposición del tejido social a causa de las políticas neoliberales, la degradación de las clases medias y la debilidad de la Izquierda radical, sectores de la población son presa fácil del discurso conservador que limita todo el problema a una pérdida de valores morales y que plantea retomar valores conservadores como los católicos, aunque esto signifique limitar derechos democráticos que se habían ganado en varios terrenos. Una de sus expresiones orgánicas más nefastas es el Frente Nacional por la Familia que agrupa a más de 1,000 organizaciones católicas en una plataforma que tiene como objetivo defender la familia nuclear como la única posible, y lograr que las Instituciones jurídicas sólo permitan el matrimonio entre hombres y mujeres. También encontramos las campañas abiertamente xenófobas, campañas en contra del aborto, etc.; estas campañas y su impacto expresan un intento de recomponer la degradación social con soluciones equivocadas por la derecha a falta de alternativas. Es tal el crecimiento de las posiciones conservadoras que un amplio sector de la izquierda institucional trata de evadir estos temas por el miedo a perder simpatizantes.

 

La profundización de la opresión de las mujeres

En su discurso, el estado, los gobiernos y los partidos burgueses proclaman la necesidad de mayores derechos e igualdad para las mujeres. Sin embargo, sus políticas concretas profundizan la precarización en el trabajo de hombres y mujeres; la carencia de servicios sociales y públicos cuya ausencia dificulta las tareas del hogar, que recaen en ellas por su papel tradicional de madres y esposas; y las leyes se siguen interpretando en detrimento de las mujeres. Aún en el caso de leyes progresistas, como la de protección contra la violencia, o siguen siendo letra muerta, como en el caso del asesinato de la estudiante Lesvy Berlín en la UNAM, o sólo son utilizadas como maquillaje como en el caso de las alertas de género declaradas en varios estados. Y otras leyes son utilizadas en contra de las mujeres, como las que han sido utilizadas para encarcelar a mujeres por décadas, acusadas de homicidio por haber abortado espontáneamente.

La violencia generada por la “guerra contra el narco”, la pérdida del poder adquisitivo de las familias mexicanas y el fortalecimiento de las posiciones conservadoras han incrementado las tensiones sociales y son algunos de los factores que han influido en el incremento de la violencia hacia las mujeres; tan solo los feminicidios llegan a más de 23,800 en los últimos 10 años, cifras que son escalofriantes.

Todo ello implica una mayor opresión de las mujeres por el simple hecho de serlo.

Ante esta situación y como parte de una nueva ola de protestas mundiales, en México se han empezado a organizar de diversas formas  nuevas generaciones de mujeres. Sin embargo, las fuerzas están divididas entre los sectores dominadas por ONGs dedicadas a la elaboración de políticas públicas, los grupos partidarios relacionados sobre todo con el PRD y sus gobiernos, y los nuevos sectores, muy influenciados por el feminismo radical, separatista. La lucha contra la violencia, que puede unificar a los diversos grupos, ha empezado a lograr la sensibilización sobre el tema entre sectores amplios de la población, y  aunque el movimiento feminista adolece de falta consolidación y atraviesa por muchas contradicciones, su desarrollo será importante para detener las posiciones conservadoras y sumar fuerzas a la lucha anticapitalista.

 

La disidencia sexogenérica

Tenemos una comunidad LGBTI+ cada vez más visible y segura de sí misma, que ha ganado espacios en los medios de comunicación, en las manifestaciones culturales, en la opinión de buena parte de la población y ha arrancado importantes conquistas al Estado mexicano durante los últimos años, como lo es el matrimonio igualitario en algunas regiones del país: la Ciudad de México, Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Jalisco, Sonora, Campeche, Michoacán, Morelos y Colima, además por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través de un juicio de amparo en el resto del país. Aunado a esto, están las leyes a nivel constitucional que prohíben la discriminación por orientación sexual, el acceso igualitario a la adopción, con algunas trabas administrativas por homofobia, y el derecho a la reasignación y al cambio legal de género en la Ciudad de México.

La conquista de estos derechos, aunque dentro del marco legal del capitalismo funciona como base para la auto-organización de la comunidad LGBTI desde la cual partir hacia la destrucción del patriarcado. Sin embargo, sigue siendo una comunidad vulnerada, según datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) es uno de los sectores más discriminados, además, los asesinatos de odio siguen siendo frecuentes, y los derechos legales alcanzados se limitan a regiones focalizadas.

 Al mismo tiempo, la derecha religiosa, intenta asestar nuevos golpes en contra de la comunidad LGBTI+ utilizando la defensa de la familia tradicional como el fundamento para sus ataques. Por ejemplo, durante los dos sexenios emanados del partido conservador Acción Nacional (PAN) se intentó invisibilizar a la diversidad sexual y se recortó del presupuesto a salud, el cual también afecta el asignado a la lucha contra el VIH-SIDA, infección que sigue incrementándose año con año.

Parte de la comunidad ha sido ganada por las salidas falsas que el mercado “rosa” le ofrece: lugares y viajes exclusivos, marcas que flirtean con la bandera arcoíris u organizaciones altamente dependientes del Estado. Esto le ha permitido a la burguesía conservadora seguir gobernando y gestionando como siempre, neutralizando a un sector que es potencialmente subversivo. De entre los partidos políticos institucionales, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se ha presentado como la opción política electoral de la comunidad LGBTI+ aun cuando votan leyes que recortan los derechos o utilizan la fuerza pública ahí donde gobiernan para reprimir las protestas sociales y que ha tomado la decisión de ir en alianza electoral con el PAN; al igual que MORENA, que ha tomado la decisión de coaligarse con el partido evangélico (PES) que apoyó abiertamente los movimientos pro-familia en 2016 .

También existe una cooptación del movimiento por los homosexuales masculinos, lo que ha hecho que en los periodos de movilización se tome como bandera casi en exclusiva el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, dejando de lado las demandas de las lesbianas, de las personas trans, de las y los bisexuales, intersexuales y queer. También, se invisibiliza la problemática de las personas LGBTI+ de la tercera edad, de la clase trabajadora, indígenas o afromexicanos, discapacitados y, en general, de todas aquellas personas que no entran en la homonorma.

La homofobia sigue siendo un problema en la sociedad mexicana y los crímenes de odio están a la orden del día, convirtiendo a México en el segundo país en Latinoamérica con más asesinatos por homofobia y transfobia.

 

Las resistencias

Como respuesta a las políticas de este régimen, han tenido lugar explosiones sociales  que no han podido traducirse en rupturas que permitan tomar el poder a las clases populares o construir alternativas políticas, pero que han expresado el amplio descontento y ayudado a la pérdida de legitimidad de las instituciones y sus políticas. Las masivas movilizaciones de estudiantes del yo soy 132, la respuesta gigantesca al llamado de un reducido sector de feministas a movilizarse el 24 de abril de 2016 en contra de la violencia feminicida, la lucha por la presentación con vida de los desaparecidos o las movilizaciones contra el gasolinazo, etc. expresan la debilidad del discurso neoliberal para contener el descontento social que flota en el ambiente.

Pero no solamente se han dado explosiones sociales que se van apagando con el tiempo; a lo largo y ancho del país se han construido diversos movimientos en defensa del territorio, el agua, el trabajo, la energía, la vida etc., como expresión de resistencia a la aplicación del neoliberalismo, cada uno con sus propios tiempos y formas de lucha. Todos ellos han recibido como respuesta del estado indiferencia, criminalización y represión. A pesar de que hay algunos como el CECOP (Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota) que logran un triunfo parcial en sus demandas, el estado busca cómo revertir esos triunfos. A pesar de la solidaridad entre  muchos de estos movimientos y varios intentos buscando la unidad, la mayoría de estos procesos se mantiene absorbida por las tareas para alcanzar sus demandas inmediatas. No se ha podido superar la fragmentación de las luchas y mucho menos que éstas se trasciendan a sí mismas y construyan alguna alternativa política para los amplios sectores de la población descontenta con el actual régimen. A pesar de las dificultades y las contradicciones en los movimientos, el Gobierno Federal no ha podido derrotarlos y cada vez surgen más movimientos y algunos logran construir estructuras que les permiten tener parcialmente control de sus territorios. Su existencia es un elemento más que ha ido minando a las instituciones de este régimen.

La  diversidad de las izquierdas

 

La mayoría de las izquierdas que optaron por disolverse en el PRD han tenido junto con este partido un viraje a la derecha que las ha llevado a aprobar políticas neoliberales. Poco después de su fundación el PRD avanzó por una ruta que lo ha ido definiendo cada vez más como un partido burgués.

Los diversos grupos de la izquierda anticapitalista que se mantuvieron al margen de ese proceso han tenido dificultades para construir una alternativa, quedando aislados de los amplios sectores sociales, con una reducida base, interviniendo esporádicamente en una que otra lucha social. Algunos de estos grupos tienen una visión sectaria y se construyen al margen de los procesos y dinámicas sociales, manteniendo una posición autoproclamatoria como vanguardia revolucionaria que les impide conectarse y dar alternativas ante el descontento social.

El EZLN tiene una sólida base social en el estado de Chiapas en donde ha profundizado su experiencia autogestiva; es referencia política para varios movimientos en lucha, ha impulsado diversas iniciativas políticas y en torno a ellas ha logrado agrupar a varios de sus simpatizantes que mantienen diversos espacios organizativos en otros estados de la república. Aunque es una referencia anticapitalista. Sin embargo, sus políticas no le han permitido enraizarse en amplios sectores de la población más allá del estado de Chiapas. El proceso más importante que ha impulsado y donde participa es el Congreso Nacional Indígena, que ha convocado a formar un Concejo Indígena de Gobierno para tratar de organizar a más pueblos; esta iniciativa en ese sector le ha permitido crecer, pero está muy lejos de ser la organización que represente a los diferentes pueblos indígenas del país.

Algunos militantes y organizaciones de izquierda acudieron al llamado de la formación de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT), el cual hicieron los trabajadores del SME en medio de su resistencia. Este hecho es importante por haber sido convocado por proletarios que trascendieron sus demandas inmediatas y convocaron a construir una alternativa política anticapitalista y socialista, pero el hecho de que haya sido convocada en el marco de un golpe al sindicato y en un contexto donde la clase trabajadora ha perdido varias de sus conquistas y se mantiene a la defensiva, no ha permitido que se pueda desarrollar como la alternativa política del pueblo y los trabajadores. A pesar de haber sido convocada por el SME, la mayoría de los electricistas en resistencia no la han hecho suya, aunque mantiene militantes que intervienen en diferentes movimientos con núcleos activos en pocos estados en el centro del país; sus militantes tienen un papel importante de dirección en el SME, en la Nueva Central de Trabajadores y en la ANUEE.

Un sector importante de activistas y  militantes que se identifican con la izquierda anticapitalista y algunos de los cuales participan en los movimientos sociales se han incorporado de diferentes formas al proyecto de MORENA, un movimiento caudillista  con orientación nacionalista burguesa y en el cual tienen poca capacidad de incidir en sus políticas y dinámicas.

Coyuntura electoral

La coyuntura electoral tiene por contexto una crisis de legitimidad de las instituciones del Estado, un gran descontento social que se expresa de diferentes formas y en diferentes grados pero se mantiene latente, y una  división de la burguesía que genera fuertes fricciones entre sus diversas facciones. En ese contexto los procesos electorales siguen siendo la forma de expresión política más conocida y de mayor participación.

El que no se haya podido registrar la candidatura de la vocera del Concejo Indígena de Gobierno, al no alcanzar el número de firmas establecido como requisito por las autoridades electorales, nos dejó sin alternativa anticapitalista en estas elecciones y develó las trabas que el sistema electoral nos impone para poder participar de manera independiente. Resulta ridículo que el INE haya condicionado la participación electoral a la posibilidad de tener acceso a un aparato electrónico en un país con los grados de desigualdad existente.

Las opciones representadas por las Coaliciones del PRI y las encabezadas por el PAN representan la continuidad del gobierno de Enrique Peña Nieto.

El descontento social pareciera que se expresará en las urnas votando por MORENA y su candidato Andrés Manuel López Obrador, con la ilusión de que éste represente un cambio frente a la violencia y las políticas que los han empobrecido más a la población en los últimos años. Hay una gran posibilidad de que lo dejen ganar los que actualmente mantienen el poder económico y político siempre y cuando lo puedan delimitar y no afecte sus intereses. El mismo AMLO ha tenido un giro de su discurso y programa a la derecha para tratar de despejar todo tipo de miedos sobre el hecho de que pudiera afectar intereses de la burguesía; es más la mayoría de los miembros de su gabinete y sus actuales operadores políticos vienen de la derecha. Ha hecho coalición con un partido ultraconservador que es el PES (Partido Encuentro Social), y con una lógica pragmática de sumar por sumar ha aceptado candidaturas de políticos oportunistas del PRI y PAN a veces haciendo a un lado a militantes de Morena que la han construido fielmente. No obstante, existen resistencias desde la derecha neoliberal para impedir su victoria y utilizando todos sus recursos tratan de parar el crecimiento de la simpatía de su candidatura, y para nada se descarta la posibilidad de que utilicen el fraude electoral como en otras ocasiones.

Los escenarios posteriores al primero de julio  pueden ser conflictivos ya sea porque haya un fraude electoral o le reconozcan el triunfo y se encuentre con la contradicción de gobernar para los intereses de sectores amplios de la población o para la misma burguesía que tiene intereses en contra sentido de la mayoría de quienes votaron por él.

Andrés Manuel y MORENA están muy lejos de  representar una alternativa de izquierda anticapitalista, y su triunfo no garantizará que las demandas de los diferentes movimientos  sociales puedan ser satisfechas. Por eso es importante mantener la unidad en los espacios de organización y lucha que se han construido en los últimos años, independientemente de la táctica que cada quien pueda tener en estas elecciones. Sería un error debilitarnos dividiéndonos por una coyuntura electoral.

En caso de un fraude electoral hay posibilidades de que surja un movimiento social de resistencia que luche por la defensa del voto. Por ello es fundamental que la izquierda mantenga una disposición a la organización en las calles, no sólo por el hecho de que se pase por encima de los derechos democráticos sino por la preparación que ha implicado blindar al Estado con la Ley de Seguridad Interior y la permanencia del ejército en las calles para contener el descontento.

 

Nuestras tareas y propuestas

 

El que tengamos  frente  a nosotros un escenario donde el discurso neoliberal y las instituciones de este régimen han perdido fuerza y credibilidad, donde existe un gran descontento social, nos abre las posibilidades para promover la construcción de una alternativa anticapitalista. Para avanzar en esta tarea no son suficientes las fuerzas propias de la CSR; no debemos perder ninguna oportunidad que nos permita construir con otros revolucionarios espacios organizativos que tengan esta perspectiva; por eso es importante mantenernos y desarrollar  espacios como la OPT. Es importante seguir ayudando a organizar el descontento social en movimientos que adquieran dinámicas que ayuden a desarrollar la conciencia de clase y la necesidad de construir alternativas políticas al capitalismo, sin dejar de construir nuestras propias fuerzas en el desarrollo de los procesos de los movimientos y dentro de las dinámicas sociales. Las contribuciones que desde nuestra posición anticapitalista, feminista y eco-socialista podemos hacer al desarrollo de los procesos y a la construcción de una alternativa política anticapitalista más son importantes, y entre más amplia y organizada sea nuestra militancia, será más eficaz.

En la actual coyuntura la CSR presenta la siguiente propuesta de demandas que consideramos deben formar parte de un programa mínimo y urgente para aliviar la miseria y la falta de democracia en el país. Están dirigidas al conjunto del movimiento social y de izquierda.

  1. Por una nueva Asamblea Constituyente. El pacto social emanado del Constituyente de 1917 está roto y enterrado por las reformas neoliberales. Es necesario convocar a un nuevo constituyente que retome y actualice el espíritu social y nacionalista de 1917. Que proclame el desconocimiento de las reformas energética, laboral, educativa y de seguridad. Que garantice que el derecho al acceso a los servicios públicos debe ser un derecho humano básico y accesible a toda la población, por lo cual deben se monopolio exclusivo del estado. No existe motivo alguno para que alguien carezca de techo, educación, electricidad, agua, transporte, salud, jubilación y de tiempo libre para dedicarse a lo que le plazca.

  1. Alto a la violencia contra las mujeres. Ante la ofensiva hacia las mujeres a nivel internacional y nacional por el derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, es fundamental fortalecer la lucha actual del movimiento feminista abonando a su unidad y llevando las demandas de las mujeres a todas las luchas, el fin de la violencia y el acoso en las calles, el trabajo, y en los hogares, exigiendo el derecho al aborto libre y gratuito y una educación sexual completa, y demandando el fin de los feminicidios, el esclarecimiento de los casos y la justicia por todas las asesinadas a manos del patriarcado y el capitalismo.

  1. Auditoria de la Deuda Pública. Existe evidencia sólida y suficiente para definir que el rescate bancario y carretero, entre otros, son una deuda odiosa producto del fraude y por lo tanto debe ser cancelada de inmediato y sus perpetradores encausados judicialmente, destinando estos recursos al gasto social. Es urgente y pertinente realizar una auditoria similar al resto de la deuda pública.

  1. Auditoria al ejercicio del presupuesto a todos los funcionarios de los tres niveles de gobierno. Los escandalosos casos de corrupción de gobernantes como Javier Duarte, Tomás Yárrington, Guillermo Padrés, Genaro García Luna, Alejandra Sota, Raúl Salinas de Gortari (quien, de acuerdo con Forbes, es un “símbolo de la corrupción y la impunidad”), Humberto Moreira, Fidel Herrera Beltrán, Arturo Montiel, Andrés Granier, así como de los líderes sindicales Carlos Romero Deschamps o Elba Esther Gordillo, son apenas la punta del Iceberg de un monumental sistema de corrupción. Establecer una verdadera democracia en México es imposible si antes no se pone fin a la impunidad, decomisando sus haberes y poniendo tras las rejas a estos delincuentes.

  1. Reducción de la jornada laboral. Los continuos avances en la robótica, las telecomunicaciones y demás avances científicos en todas las esferas productivas, que no sólo reducen el número de trabajadores, sino que provoca la inminente desaparición de algunas profesiones, hacen que ya sea imposible, bajo las actuales condiciones laborales, lograr el pleno empleo. Se requieren transformaciones de gran calado para brindar trabajo y vida digna para todos y todas. La primera medida debe ser la reducción de la jornada laboral. Treinta o treinta y cinco horas de trabajo a la semana son más que suficientes para asegurar la producción de todos los satisfactores necesarios para una vida digna y sustentable.

  1. Renta básica universal. Las políticas asistencialistas, acompañadas de un pesado aparato burocrático con su caudal de corrupción y clientelismo electoral, son completamente insuficientes para aliviar la extrema pobreza que azota a gran parte de la población mexicana. Es necesario sustituir esa pesada carga burocrática con una cuenta en la que se deposite a cada ciudadano —independientemente de su edad, sexo, raza, clase social y nacionalidad— un ingreso que le permita un mínimo de sobrevivencia. Con los fondos asignados a la “erradicación de la pobreza”, su manejo transparente y el ahorro que significa la desaparición del aparato burocrático que los maneja y los recursos que se rescaten de la auditoria a la deuda pública, es perfectamente factible el establecimiento de esta medida.

  1. ¡Aumento general de salarios! La denuncia del líder laboral canadiense Jerry Dias, de que es la delegación mexicana que negocia la revisión el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) la que en todo momento ha frenado las propuestas de Canadá y Estados Unidos para elevar los salarios de los trabajadores mexicanos, es una clara indicación de que el rezago salarial se debe a una política de estado y no de una supuesta baja productividad de nuestra mano de obra. Tomando como ejemplo a la industria automotriz, en donde se labora con las mismas condiciones de productividad en los tres países, tenemos que el sueldo promedio de un obrero estadounidense es de US$26.19 /hora, mientras que en México se paga US$2.36/hora, es decir, apenas el 9 por ciento de lo que gana su contraparte. Esta cifra significa un ahorro para las empresas automovilísticas de entre 600 y 700 dólares por unidad o una sobre-ganancia de entre US$1.2 y US$1.4 miles de millones de dólares por año. Expresamos nuestro pleno acuerdo con nuestras contrapartes laborales de Canadá y Estados Unidos para impulsar una política de homologación salarial entre los trabajadores de los tres países. El principio de “a trabajo igual, igual salario”, debe aplicarse tomado en cuenta las asimetrías existentes, pero aboliendo toda política de contención salarial impuesta por políticas gubernamentales. Frente a la brutal escalada de precios de este año, desatada por el incremento a los combustibles de principios de este año y que actualmente, según cifras oficiales, llega ya al 6.66 por ciento, debemos demandar un aumento salarial de emergencia, independiente del que cada sindicato pueda negociar con su respectiva empresa. En el entendido de que las grandes empresas exportadoras, e incluso el mismo gobierno, pueden sobrepasar dicho aumento.

  1. ¡Libertad de organización! El principal mecanismo de control del estado para asegurar el sometimiento de la clase trabajadora es haber transformado sus organizaciones en mecanismos corporativos en las que es el propio estado quién veta o asesina a los auténticos dirigentes e impone a una mafia corrupta para someter a sus agremiados. Ya es hora de hacer valer el derecho a la libre sindicalización y de exigir que el estado saque sus manos de toda organización campesina y popular. Ya basta de que instituciones gubernamentales, incluyendo el PRI, califiquen o designen quien debe ser el dirigente de tal o cual organización. El órgano directivo de cualquier organización popular debe ser bajo los principios del voto directo y secreto, la asamblea general como máximo órgano en la toma de decisiones, el establecimiento de mecanismos de control sobre sus dirigencias y el derecho a revocar, en cualquier momento, a sus representantes.

  1. ¡Sufragio efectivo! Es importante defender el respeto al voto como el elemento mínimo que nos puede permitir profundizar en una mayor democracia.

 

 México, Mayo de 2018

Coordinadora Socialista Revolucionaria