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México: División en la élite y ruido de sables

Por José Luis Hernández Ayala, militante de la Coordinadora Socialista Revolucionaria

El huracán electoral que barrió el dominio hegemónico a los dos principales partidos burgueses en México –el Revolucionario Institucional (PRI) y el de Acción Nacional (PAN)-, en la elección presidencial de julio del 2018, no se ha disipado, antes bien, está recobrando renovado ímpetu.

 

A pesar de que en dicho proceso electoral se repitieron los mismos mecanismos de fraude, compra de votos y decenas de candidatos asesinados -que impidieron el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2006-, el abrumador descontento en contra de la corrupción, antidemocracia y la miseria generada por más de 30 años de neoliberalismo, otorgó más de 30 millones de votos al candidato triunfante o sea el 53% del total. No se trató, como opina un sector de la izquierda mexicana, de una maniobra palaciega para que todo siguiera igual, se trató de un auténtico descontento popular que, de no haber respetado el resultado en las urnas-, hubiera desatado una violenta irrupción de las masas capaz de destruir el orden establecido. López Obrador no era el candidato de una oligarquía clasista y racista -que siempre lo ha visto como un incómodo advenedizo- sino de un sapo que se tuvo que tragar para evitar un mal mayor. Ante la evidencia de que el régimen autoritario y semidictatoral del PRI-PAN estaba agonizando, hubo un sector –encabezado por Alfonso Romo y en menor medida por Carlos Slim, Salinas Pliego y Televisa-, que optaron por otorgarle un discreto apoyo a diferencia de un sector mayoritario que decidió confrontarlo.

 

División en la élite

 

Esta división en la élite viene de antes. Algunos sectores de la oligarquía coincidían con la corriente de economistas, entre los cuales se encuentra Joseph Stiglitz, Paul Krugman o Jeffrey Sachs, que sostenían que el neoliberalismo ortodoxo es inviable y demandaban ajustes el modelo. Además de que cada vez se sentían más incomodos en sostener a un régimen autoritario, corrupto, ligado al narcotráfico y que cobijaba a sectores burgueses arribistas o carroñeros que les hacían competencia, aunque continuaran haciendo negocios comunes. Frente a ellos se ubican otros sectores oligárquicos fuertemente dependientes de su relación con el Estado, que son los más conservadores (patriarcales, homófonos, racistas y clasistas) y ortodoxamente neoliberales que siguen siendo férreos opositores al gobierno de AMLO. Esta división, en el seno de una oligarquía sólidamente unida durante décadas, auguraba importantes desacuerdos con el gobierno que se avecinaba.

 

Las diferencias entre el conjunto de la oligarquía y López Obrador no se centran en la continuidad del capitalismo. El gobierno de López Obrador es un gobierno burgués sin duda alguna. Pero también refleja diferencias centrales sobre el papel que debe jugar el Estado como regulador de la política económica. Estas diferencias se han hecho más agudas durante la pandemia del Covid-19. Mientras los órganos de representación patronal esperaban la declaratoria de un estado de contingencia de salud, que obliga a la parte patronal a pagar un salario mínimo al día hasta por un mes, a modo de indemnización, el gobierno federal decretó un estado de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, que garantiza el pago íntegro de salarios y prestaciones. Lo más conflictivo fue la exigencia patronal de solicitar un incremento de la deuda pública para subsidiar el pago de impuestos o rescatarlos ante posibles quiebras, tal y como estaban acostumbrados bajo el viejo régimen. Ninguno de estos privilegios se les ha concedido y, por el contrario, se ha continuado el gasto en asistencia social y canalizado recursos a los pequeños y medianos empresarios.

 

Existen otros temas que han confrontado a la elite y el gobierno de López Obrador, mencionaré los más importantes: la suspensión de la construcción del aeropuerto en el Lago de Texcoco, por antiecológico y ser un negocio corrupto; la cancelación de la mal llamada “Reforma Educativa”, por ser contraria a los intereses del magisterio y abrir el camino a la privatización de la educación pública; la cancelación de la construcción de la planta cervecera de Constellation Brands en la ciudad de Mexicali, Baja California, respetando una consulta popular, debido a que amenazaba el abasto de agua a una ciudad en zona semidesértica; la recuperación de la soberanía energética con la construcción de una nueva refinería y la reconfiguración y modernización de las cinco existentes, en materia eléctrica se estableció un nuevo marco operativo que anula privilegios a las empresas generadoras de energía fotovoltaica y eólica que hizo que las empresas trasnacionales, principalmente Iberdrola, pegaran el grito en el cielo; las continuas denuncias sobre la corrupción de los gobiernos neoliberales que, si bien ha alcanzado a algunos peces gordos, aún está muy lejos de llevar a tribunales y decomisar los bienes de todos aquellos que han saqueado a la nación.

 

Este aspecto progresista de la política obradorista contrasta con otras que reafirman la continuidad de políticas neoliberales como mantener y reforzar el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC); impulsar megaproyectos (Tren Maya y el que cruza el Istmo de Tehuantepec) que, si bien podrían ser importantes palancas para el desarrollo de estas empobrecidas regiones y reducir drásticamente el consumo de hidrocarburos, son  funcionales al desarrollo del gran turismo depredador, de parques industriales y, lo más grave, se han aprobado mediante consultas simuladas a los pueblos originarios; no se contempla ningún tipo de auditoria a la deuda pública; continua la aplicación de una férrea austeridad que ha causado el despido de decenas de miles de empleados públicos y limitado la posibilidad de impulsar el mercado interno; a pesar de prometer la desmilitarización del país, el gobierno se ha visto sobrepasado por el crecimiento de la violencia criminal y ha decidido prolongar la presencia del ejército en las calles durante lo que resta del sexenio y sin crear instancias civiles o humanitarias que lo vigilen o evalúen; muy criticable también es que su gobierno se haya sometido a la política migratoria de Donald Trump.

 

Ruido de sables

 

Este es el marco que explica la ofensiva de la extrema derecha empresarial en contra del gobierno de López Obrador y de porqué existe una seria preocupación por la irrupción de movimientos con un claro discurso golpista. Lamentablemente en México existen diversos sectores de la izquierda radical para los cuales este gobierno es igual al PRI o al PAN, y, por tanto, no ven ningún peligro en la existencia de fuerzas golpistas. Incluso consideran que hablar de “fuerzas golpistas”, es solo un “fantasma” destinado a blindar al actual gobierno de cualquier crítica y “dividir a la izquierda”.

 

Ciertamente que la posibilidad de un golpe de estado en México no representa un peligro inmediato, sobre todo por la enorme popularidad de que aún goza López Obrador, el desprestigio de las fuerzas identificadas con el PRI y el PAN y la carencia de un liderazgo alternativo que los sustituya, pero esto no quiere decir que tomemos a la ligera los siguientes hechos.

 

Desde el inicio de su mandato, el gobierno de López Obrador se ha encontrado con una clara hostilidad de los medios de comunicación y rumores sobre la “necesidad” de un golpe de estado. Dichos rumores incluso provenían de medios castrenses. Tanta fue la inquietud que, el 15 de julio del 2019, ameritaron un oficio de la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde se advierte a militares en retiro que se abstengan de hacer comentarios contra el presidente y les recuerda que siguen sujetos a su jurisdicción  (https://politica.expansion.mx/mexico/2019/06/15/piden-a-militares-en-retiro-abstenerse-de-hacer-comentarios-contra-amlo ).

 

El tema subió de tono, el 22 de octubre del mismo año, cuando el General de División en retiro, Carlos Gaytán Ochoa, emitió un discurso, en presencia del Secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, en donde se cuestionaba las decisiones tomadas por el “comandante Supremo” en un operativo fallido realizado en la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, y se criticaba la situación de “polarización” es que se encuentra el país. Ver el discurso del general en: https://aristeguinoticias.com/3010/mexico/cuestiona-general-decisiones-estrategicas-del-ejecutivo-que-no-han-convencido-a-todos/

 

El 4 de noviembre Obrador calificó como imprudente y poco mesurada la declaración del general Carlos Gaytán Ochoa. Ver https://www.eleconomista.com.mx/politica/Lopez-Obrador-critica-postura-del-general-Carlos-Gaytan-Ochoa-20191104-0098.html . A continuación, rechazó que haya condiciones para realizar un golpe de estado, toda vez que se cuenta con el apoyo del pueblo de México, el cual incluye a los militares. “Esto luego de que este fin de semana trascendiera que había generales inconformes con el actual gobierno”. Ver https://d.elhorizonte.mx/nacional/rechaza-amlo-que-haya-condiciones-para-un-golpe-de-estado/2685653

 

Quién de manera más clara y abierta, desde los primeros días de actual gobierno, está incitado al ejército para dar un golpe de estado en contra de López Obrador es el empresario de la ciudad de Monterrey (la más industrializada del país), Nuevo León, Gilberto Lozano. El martes 12 de noviembre del 2019, el también líder del Congreso Nacional Ciudadano, Gilberto Lozano, acudió a la Séptima Zona Militar, ubicada en Escobedo, Nuevo León, para solicitar al Ejército que efectúe un Golpe de Estado para sacar a Andrés Manuel López Obrador de la Presidencia de México. https://polemon.mx/gilberto-lozano-quiere-derrocar-a-amlo-pide-al-ejercito-dar-golpe-de-estado

 

Gilberto Lozano, a quién ya llaman “El Bolsonaro de México”. No es un lunático. Fue director de la multinacional mexicana FEMSA y fundador del Congreso Nacional Ciudadano, que se anunciaba como una «organización ciudadana apartidista que busca derrumbar el sistema político mexicano para ir al México nuevo».

 

FEMSA, la empresa que dirigió, tiene su sede en la capital regia y es la mayor embotelladora de Coca-Cola en el mundo, también pertenece a esta empresa la cadena de tiendas de autoservicio OXXO, y distribuye distintas marcas, entre las que figura Heineken.

 

Con las fiestas de fin de año y la pandemia del coronavirus se abrió una especie de tregua que duró muy poco. El 15 abril el portal de la periodista Carmen Aristegui público un editorial de periódico Financial Times, vocero de la oligarquía británica, en donde se advierte que: “Más y más voces en la élite de México hablan de que se avecina una tragedia. Los líderes empresariales propusieron una alternativa al plan de respuesta contra el virus.” Y se queja de que “el líder de México ha descartado préstamos adicionales, exenciones de impuestos o rescates…”

https://aristeguinoticias.com/1504/mexico/pandemia-evidencia-debilidades-de-amlo-financial-times/

 

El pasado 20 de abril apareció, en las redes sociales, una filtración en donde un conocido periodista, Pedro Ferriz de Con, revela su plan para «derrocar» a AMLO, distintas voces criticaron la postura del periodista detractor de la Cuarta Transformación. https://regeneracion.mx/por-audio-en-redes-acusan-de-golpista-a-pedro-ferriz-de-con/

 

Más recientemente, el sábado 9 de mayo, otro prominente empresario irrumpió en las redes sociales en contra del gobierno de López Obrador en tono lindante con una abierta conspiración. La gravedad del hecho mereció un editorial del periódico La Jornada (11 de mayo), titulado “Martín Bringas: golpismo inadmisible”, cuyo primer párrafo reproduzco: “El empresario Pedro Luis Martín Bringas, accionista de Grupo Soriana, anunció el sábado pasado, en un mensaje en video difundido enredes sociales, que asumía el liderazgo de un Frente nacional anti-AMLO (Frenaaa), grupo irregular constituido por algunos industriales de extrema derecha entre los que destaca Gilberto Lozano, ex oficial mayor de la Secretaría de Gobernación y ex director corporativo de Femsa (Coca-Cola). La familia Martín Bringas es poseedora de una fortuna estimada por la revista Forbes en 3 mil 200 millones de dólares. En su alocución, Martín Bringas declaró que el propósito del grupo referido es remover del cargo al presidente Andrés Manuel López Obrador antes del próximo primero de diciembre.” https://www.jornada.com.mx/2020/05/11/edito

 

Intelectuales ligados al movimiento que encabeza el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como Carlos Antonio Aguirre Rojas y Gilberto López y Rivas, que también califican al gobierno obradorista de ser igual al PRI y al PAN, coinciden en que se está fraguando “un golpe de estado blando contra AMLO”. HTTPS://WWW.CONTRALINEA.COM.MX/ARCHIVO-REVISTA/2020/05/05/OPOSICION-FRAGUA-GOLPE-DE-ESTADO-BLANDO-CONTRA-AMLO-EXPERTOS/

 

Reconocer la existencia de estas fuerzas golpistas no significa, en modo alguno, que debamos “alinearnos” al gobierno de López Obrador, pero sí nos obliga a realizar un examen más mesurado del análisis de estas contradicciones y de tener la capacidad de anticipar que una futura crisis política no desemboque en un auténtico golpe de estado, “blando o duro”, como acontece en países hermanos de Sudamérica.

 

López Obrador y la clase trabajadora

 

Dentro del débil y fragmentado sindicalismo democrático se guardaba gran esperanza en que el arribo del nuevo gobierno sirviera para desmantelar las viejas estructuras corporativas y corruptas que mantienen maniatada al grueso de la clase trabajadora y revertir las reformas neoliberales en materia laboral. Ese control corporativo fue la clave que explica la relativa estabilidad del régimen emanado de la Revolución Mexicana de 1910.

 

A continuación, haremos un rápido examen de la política laboral del obradorismo.

Por la parte positiva está el reconocimiento del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo al derecho de sindicación y contratación colectiva y se ha hecho una reforma laboral que, aunque introduce severos controles a la vida interna de las organizaciones sindicales, impulsa la elección de sus directivas mediante el voto libre, directo y secreto; obliga a las directivas sindicales a dar cuenta precisa del manejo de las cuotas y de la negociación de los contratos colectivos de trabajo; bloquea la existencia de contratos colectivos de protección patronal; transparenta el registro de organizaciones sindicales y de contratos colectivos de trabajo al hacerlos públicos; permite una mayor libertad sindical al reconocer la existencia de más de una organización sindical en cada empresa, aunque ello signifique un arma de doble filo; y la mencionada derogación de la reforma educativa.

En los dos últimos años los salarios mínimos generales se han incrementado en 39.45% y 110% en la franja fronteriza del norte, aunque este beneficio no se ha extendido a los salarios contractuales; el establecimiento de una renta básica para los adultos mayores de 68 años y 65 para los grupos indígenas ($1,275 pesos mensuales); y el establecimiento del programa de capacitación para jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, que no estudian y no trabajan, en empresas, talleres, instituciones o negocios, con un apoyo mensual de $3,748.00 y seguro médico contra enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo, el problema es que este programa está siendo monopolizado por grandes empresas que obtienen mano de obra gratuita y no otorgan ninguna garantía de permanencia en el trabajo.

Por la negativa observamos que aún se mantienen los topes salariales en las revisiones contractuales; no se ha emprendido una reforma legislativa para desterrar el outsourcing y otras formas perversas de contratación laboral; éstas formas de contratación aún persisten dentro de la misma administración pública.

Ante la crisis de las Afores (sistema privado de pensiones copiado del fracasado modelo de la dictadura chilena), generado en el periodo neoliberal, Obrador aún no deja en claro cuál es su propuesta para garantizar una vejez digna para las nuevas generaciones. Lo que necesitamos es su completa derogación, regresar a un sistema solidario acompañado del control de los trabajadores sobre sus fondos de pensión y realizar una auditoría sobre su mal manejo.

Aunque la reforma laboral propicia la depuración y democratización de las organizaciones sindicales, no se ha podido alcanzar este objetivo debido a la extrema debilidad, fragmentación y gremialismo del sindicalismo independiente y los trabajadores, bajo el yugo del corporativismo, aún no son capaces de recuperar sus organizaciones sindicales. En México apenas el 3% de la clase trabajadora cuenta con sindicatos auténticos, los sindicatos burocráticos representan al 8% y casi el 90% no tienen organización sindical o aún pertenecen a sindicatos de protección patronal. En la tarea de reorganizar a la clase trabajadora -de manera independiente, democrática y con un programa clasista-, destaca el esfuerzo de la Nueva Central de Trabajadores. Hacemos notar la negativa del gobierno de López Obrador a reunirse con las dirigencias sindicales democráticas, cosa que si ha hecho con el sindicalismo “charro”.

¿Cómo debemos posicionarnos ante el gobierno de López Obrador?

Coincidir en la caracterización del gobierno de López Obrador como un gobierno burgués es importante, pero del todo insuficiente. López Obrador, como lo hemos descrito anteriormente, no es igual al PRI o al PAN, pues no se subordina a los dictados de la oligarquía, aunque tampoco se atreve a romper con ella. Para poder sacar del poder al viejo régimen, tuvo que apoyarse en una intensa movilización popular y en una alianza con una fracción de la clase dominante. Este origen le confiere a su gobierno rasgos de un bonapartismo progresista. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando la clase dominante ya no puede gobernar como antes y la clase trabajadora aún no cuenta con la conciencia, organización y disciplina para ponerse al frente de la nación, surge una tercera alternativa, normalmente concentrada en una sola persona, que se presenta por “encima de las clases sociales” y que, sin pretender cambiar de fondo el orden capitalista, intenta conciliarlas haciendo concesiones a unos y luego a los otros en interés de la “Nación”. El actual gobierno oscila entre el capital extranjero y el doméstico, entre una oligarquía nacional y un proletariado relativamente débil y dividido. Se eleva, por así decirlo, por encima de las clases sociales. Desde una perspectiva nacional, López Obrador forma parte de esa vieja corriente “nacionalista revolucionaria o cardenista (por el presidente Lázaro Cárdenas)”, que intenta restablecer un Estado de Bienestar sobre bases democráticas y no autoritarias.

Es por esta razón que podemos reivindicar, sin el menor rubor, que podemos coincidir, en algunos puntos, con el programa democrático-progresista de López Obrador, sobre todo cuando retoma banderas que los movimientos sociales hemos levantado durante décadas, aunque también discrepemos y critiquemos las inconsecuencias y limitaciones que hemos mencionado. La clave estriba en mantenernos por fuera de las instituciones y defender, con todo, nuestra independencia política.

Un claro ejemplo de esta posición, es la actitud del Sindicato Mexicano de Electricistas ante la airada respuesta de las multinacionales de generación fotovoltaica y eólica por la pérdida de sus contratos leoninos con Comisión Federal de Electricidad. ¿Apoyamos esta medida? Por supuesto que sí, pero insistiendo en la renacionalización del sector eléctrico y la solución de su conflicto. Esta postura en nada redujo la autonomía de esta combativa organización sindical hacia el gobierno.

No debemos cerrar los ojos al surgimiento de fuerzas de extrema derecha o pensar que ese es un “problema de López Obrador”. Si estas fuerzas logran deponer del poder a López Obrador en el referéndum revocatorio del año entrante, quedarían muy bien posicionadas para acceder al poder y ello significaría un fuerte golpe a todos los movimientos sociales y un retroceso histórico. La extrema derecha también es nuestra enemiga y, en caso de una mayor crisis política, se hará necesario recurrir a la unidad de acción de todas las fuerzas democráticas para derrotarla.

Impulsar la construcción de un polo social independiente

Todavía tenemos tiempo para evitar un escenario político trágico. Debemos aprovechar las nuevas condiciones para organizar a los trabajadores actualmente desorganizados, recuperar a los sindicatos actualmente controlados por el charrismo sindical y unificar al sindicalismo democrático e independiente. Procesos similares deben desarrollarse en el campo y en las más diversas organizaciones sociales. Sin sectarismo y partiendo del actual nivel de conciencia de las masas, debemos proponer un programa basado en ideas-fuerza para impedir que esta nueva crisis afecte a la clase trabajadora y sean los ricos los que asuman el costo de una crisis provocada por su avaricia. Demandar una auditoria a la deuda pública, realizar una reforma fiscal progresiva, una Renta Básica Universal, renacionalizar los sectores estratégicos de la economía o la expropiación de la Banca, son propuestas que están ganado cada vez más audiencia entre sectores académicos y políticos y apuntan a la creación de otro mundo posible, siempre y cuando logremos que estas ideas sean asumidas por la clase trabajadora.

Yautepec, Morelos, México, a 2 de junio de 2020