mina

“No hemos podido parar a Peña Colorada porque detectan a quien se moviliza y lo desaparecen”

Por Carlos Ruiz López,
militante de la Coordinadora Socialista Revolucionaria

En la Sierra de Manantlán los empresarios mineros, con la complicidad del Estado mexicano, han logrado despojar a las comunidades locales de su territorio y marginarlas de la vida económica, social y política. En un café del centro de la ciudad de Colima tuvimos un encuentro con Martín Corona*, habitante de la comunidad de Ayotitlán, ubicada en lo alto de la sierra, quien nos confesó que “no han podido parar a la minera porque detectan a quien se moviliza y lo desaparecen”.

La última denuncia contra el consorcio minero fue realizada el pasado 23 de julio, cuando la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH) expuso cómo el consorcio, junto con la policía municipal y el comisario del ejido, hostigaron a la última familia que habita la ranchería El Mameycito con el fin de desalojarla del predio, ya que les informaron que las tierras se habían rentado para ser depósito de los desechos de la mina Peña Colorada.

Martín comentó que el consorcio sigue explotando los yacimientos minerales sin regresar nada a las comunidades, además, ponen en riesgo la existencia de algunas especies de plantas y animales y, principalmente, del agua: “cuestión que nos afecta mucho ya que hemos durado hasta quince días sin agua, no podemos sembrar hortalizas”.

El consorcio minero Benito Juárez-Peña Colorada SA de CV, del que forma parte la empresa ítalo-argentina Ternium y la india ArcelorMittal, ha explotado las entrañas de la sierra por más de 45 años en los límites entre Colima y Jalisco, a pesar del sinnúmero de denuncias por contaminación, invasión de terrenos, vínculos con el crimen organizado y acusaciones de represión hacia miembros de las comunidades opositoras, defensores de derechos humanos y ecologistas.

Darcy Tetreault, investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, realizó un estudio para el Colegio de la Frontera Sur en 2013, en el cual menciona que las actividades mineras en Manantlán “evidencian un proceso de acumulación por desposesión en tanto privan a la población local de los recursos naturales y paisajes culturales que sustentan sus medios de vida, bienestar social y cosmovisión indígena”. Además, explica que el tipo de relaciones generadas por el consorcio en cuestión reflejan un proceso de “reciprocidad negativa”, pues se orientan a extraer los minerales a cambio de nada o muy poco para la población local.

“Hemos luchado contra la minera desde sus inicios pero no se ha podido pararla porque detectan a alguien que se moviliza y lo desaparecen, como sucedió con Celedonio Monroy, quien luchó por los derechos de los pueblos indígenas en su defensa de la tierra”, narró Martín Corona.

En julio de 2013, el líder nahua Gaudencio Mancilla, representante legal del Consejo de Mayores, logró escapar cuando un comando armado entró a su casa, en el rancho La Guayaba, del ejido de Ayotitlán. Sin embargo, la madrugada del 22 de agosto del mismo año, cinco camionetas de enmascarados lo capturaron y lo llevaron ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco achacándole el delito de portación ilegal de arma de fuego. Este modus operandi es el mismo del caso de su compañero Celedonio Monroy, desaparecido desde 2012, quien se oponía también a la tala clandestina y a la minería ilegal. Macilla insiste en que su detención “es un asunto relacionado con las minas”.

La mina a cielo abierto Peña Colorada produce por sí sola el 33% del hierro del país arrojando 300 mil millones de toneladas anuales de residuos sólidos, con todo el impacto social y ambiental que esto significa. En septiembre del año anterior, Paolo Rocca, el hombre más rico de Argentina y accionista de este consorcio minero, se reunió con el presidente López Obrador y días después, el 18 de octubre, la Semarnat autorizó a la mina utilizar 155 hectáreas de bosque como depósito de desechos, lo que generó una serie de movilizaciones tanto en la Sierra de Manantlán como en la ciudad de Colima, ya que las comunidades indígenas nunca fueron consultadas.

Tras un sorbo de café, Martín nos explicó su forma de organización tradicional, el Consejo de Mayores, reconstituido en 1997 con el impulso del levantamiento neozapatista, y cómo a partir de este consejo, asociado con otros grupos ambientalistas, estudiantiles, académicos y de defensores de los Derechos Humanos, han dado la pelea para evitar que Peña Colorada siga destruyendo el territorio.

Para el investigador Darcy Tereault, la forma de organización y el actuar del movimiento generado en Ayotitlán corresponde al “ecologismo de los pobres”, ya que sus demandas “no sólo van enfocadas a la distribución de los costos y beneficios de la minera, sino también con la autonomía y la autodeterminación de las comunidades.”

La Sierra de Manantlán no sólo es asediada por la minería legal e ilegal, también los talamontes con arma en mano tienen interés en los recursos madereros de estos cerros. Según la revista Proceso, desde 2008 se ha agudizado el robo de hierro en la zona, con el fin de exportarlo a China utilizando el puerto de Manzanillo. Los habitantes han reportado haber visto gente armada realizando trabajos de exploración y talando árboles de especies preciosas como el tampicirán y la rosamorada, ambas protegidas por las leyes mexicanas de conservación.

Según testimonios de los mismos pobladores, en ambas actividades económicas se han incorporado organizaciones criminales ligadas al narcotráfico. Aunque no sucedió en la zona, está el precedente de que, en 2010, la Procuraduría General de la República capturó a cuatro integrantes del cártel “La Familia Michoacana” acusados de exportar un millón 100 mil toneladas de hierro ilegal por la cantidad de 42 millones de pesos.

Al finalizar nuestro encuentro y con el corazón en la mano, Martín nos confió que lo único que quieren lograr con su lucha es justicia: “queremos que se respeten los derechos de los pueblos indígenas, sus bienes materiales, su territorio. Queremos proteger el territorio, los animales y plantas que están en peligro de extinción y, sobre todo, el agua, pues carecemos de ella”.

 

*El nombre ha sido modificado a petición del entrevistado por motivos de seguridad.

Referencias:

https://socialistarevolucionaria.org/queremos-proteger-el-territorio-entrevista-con-un-comunero-de-ayotitlan/

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=455745076003

https://www.proceso.com.mx/636945/minera-pena-colorada-pide-autorizacion-a-semarnat-para-construir-planta-de-filtrado-en-minatitlan

https://regeneracion.mx/el-ejido-ayotitlan-intenta-desalojar-a-poblado-indigena-para-rentar-tierras-a-la-minera-pena-colorada-denuncian/

https://www.tyt.com.mx/nota/piden-reactivacion-del-fondo-minero-para-colima

https://www.proceso.com.mx/616658/minera-colima

https://www.colimanoticias.com/autoriza-semarnat-a-pena-colorada-deposito-de-desechos/

https://www.proceso.com.mx/352497/mineras-siembran-el-terror-en-la-sierra-de-manantlan

http://www.desi.economia.gob.mx/empresas/Empresas3.asp?Clave=126

https://vanguardia.com.mx/chinacomprabaalafamiliahierrorobado-568489.html