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¡Soberanía energética para construir una auténtica transición ecológica!

El “ecologismo” instrumentado por las empresas privadas.

En días recientes, hemos visto un agitado activismo “ecologista” en redes sociales y medios de comunicación, llevado a cabo por compañías trasnacionales y empresas privadas nacionales, involucradas todas en el jugoso negocio de las energías limpias. Esta campaña ha sido replicada con la misma narrativa y dinámica por parte de colectivos, ONG´s y grupos “ambientalistas”, que han apoyado de manera acrítica y subordinada la doble moral de dichos argumentos.

La reacción se generó a partir de la publicación de un Acuerdo sobre la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, emitido por el gobierno federal con el objetivo de controlar la entrada irregular de energía de organismos privados a la red pública del país, pues esta tiende a generar interrupciones en el servicio eléctrico y mantenerlo estable se vuelve particularmente necesario en tiempos de contingencia sanitaria.

Ciertamente, el gobierno actual no ha mostrado intenciones claras de implementar una política energética que busque reducir la emisión de Gases de Efecto Invernadero para revertir el calentamiento global. Tampoco ha tomado acciones efectivas para el cumplimiento de los Acuerdos de París, (importantes aunque globalmente insuficientes para la catástrofe que tenemos enfrente), ni ha informado de los avances, brechas, insuficiencias, retos y desafíos que México tiene para su implementación.

En 2015, el gobierno de Peña Nieto firmó estos acuerdos, con los que buscó legitimar la Reforma Energética y una política entreguista de la soberanía, para que el avance de la energía renovable se diera por la vía privada, debilitando, fraccionando y rematando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Desde hace tiempo, las trasnacionales que explotan energías renovables han intentado presentarse como las “salvadoras” del medio ambiente en México.

En el contexto actual, la reciente campaña de los grandes empresarios de la energía falsamente calificada de “ecológica”, es una reacción de los capitalistas “verdes” que obedece directamente a su miedo de ver afectadas sus ganancias y no a una verdadera preocupación ambiental. Frente a la necesidad temporal de interrupción de operaciones para asegurar la energía constante en los hospitales en plena crisis sanitaria, las empresas no tardaron ni un minuto en coordinar una mentirosa, exagerada e hipócrita campaña de desinformación, fortalecida y replicada en cuestión de horas por diversos actores de la oposición de derecha. El Poder Judicial, por ejemplo, aprobó de manera casi inmediata los amparos que solicitaron 6 empresas privadas, entre ellas, las filiales de la trasnacional italiana ENEL. La presteza de los jueces para proteger a las compañías explotadoras contrasta con la lentitud de respuesta frente a otros casos que tiene que ver con la justicia social.

Del argumento “ecológico” al miedo al comunismo.

Tras la publicación del acuerdo y la suspensión de operaciones de prueba de tan sólo 17 de las 131 centrales eléctrica de generación eólica y solar en el país, se añadió a la campaña de la derecha la denuncia sobre el supuesto “inicio de una sociedad comunista en México”. Articulistas reaccionarios interpretaron las medidas de regulación de la industria eléctrica como el fin del capitalismo en México.

Como antes mencionábamos, la ridícula campaña pseudo-ecologista y anticomunista que engañó a personas que quizás creen en las energías renovables de manera sincera, fue la respuesta de la aún minoritaria ala golpista de la derecha empresarial que no tiene más remedio que dar golpes de propaganda mediatizadora ante al riesgo de disminuir su control en la industria eléctrica.

La campaña fue un intento de fortalecer argumentos de la derecha neoliberal, elitista y golpista, bajo el disfraz de preocupación medioambiental:

  1. En primer lugar, los empresarios han enfatizado que se pone en riesgo la inversión de 6 mil millones de dólares, por lo que se reduce el atractivo de México para los capitales extranjera. Sin embargo, los mismos empresarios saben que sus activos están protegidos por los términos de la Reforma Energética que el gobierno federal actual no ha abrogado a pesar de su carácter privatizador. Saben que hay un marco legal que les permite seguir operando impunemente, independientemente de este acuerdo de suspensión temporal.
  2. Se argumenta que al suspender la producción privada de energías renovables “se está apostando por los combustibles fósiles”. En realidad, los dueños de estas empresas productoras de electricidad “verde” también tienen interés en los combustibles fósiles e incluso participan en este mercado a nivel internacional.
  3. Se acusa de una supuesta violación al Estado de Derecho y a la certidumbre legal para operar en México, cuando son precisamente las compañías eléctricas privadas desplegadas a lo largo y ancho del país unas de las principales promotoras de la evasión de impuestos y de infinidad de marcos legales. Estas utilizan ejércitos de abogados y sucias estrategias jurídicas para operar con impunidad.

Los argumentos de las empresas verdes se sostienen en el engaño y la hipocresía. El Acuerdo aprobado por la Secretaría de Energía no es ni de lejos comunista o socialista, pues solamente reordena dos sistemas (público-privado) de producción de energía. El neoliberalismo sigue tan vigente y operante en este ámbito productivo como antes. Sin embargo, la más mínima intervención del Estado genera una absurda reacción por parte de las empresas, poniendo en evidencia la mezquindad capitalista que impera en el negocio sucio de las energías limpias.

Los dueños del capital verde se comportan como infantes caprichosos que, ante el menor roce, mienten sobre “todos los peligros que se ciernen sobre el país” si el Estado en algún momento se atreve a limitar sus privilegios de lucro y explotación.

Los grupos ambientalistas que se han sumado a esta campaña no han reflexionado que apoyar a estas empresas y su lógica privatizadora de la producción y consumo, significa avalar la sistemática violación de derechos humanos fundamentales que estas realizan, como el derecho a un desarrollo sustentable igualitario y justo, basado en los derechos a una vida y a un ambiente sanos de todas y todos los ciudadanos, todo esto contrario a al concepto de “justicia ambiental”.

No debemos legitimar la aparición de grupos ecologistas funcionales al capitalismo “verde” que respaldan los crímenes de despojo a pueblos y comunidades y la apropiación privada de los recursos naturales. En tiempos de crisis es necesario decirlo claramente: las empresas privadas de energías renovables son una importante base material del ecofascismo, ya que garantizan el despojo y la concentración de la producción y de poder en pocas manos a partir de una falsa transición energética, siendo ésta completamente ajena a la justicia social pues, si sigue avanzando, acabará con la posibilidad de un auténtico control público y democrático de los recursos energéticos y la tecnología necesaria para una verdadera transición.

Muchas de las demandas del nuevo movimiento ambiental liberal son colonialistas y exportan discursos producidos en contextos europeos y de otros países del Norte global que no consideran las particularidades de un país como México. Estos movimientos están siendo instrumentalizados por la agenda del capitalismo verde, reaccionando a sus tiempos e intereses. A las empresas les conviene que se genere la sensación de que hay ONGs “ciudadanas” y “apartidistas” que coinciden “espontáneamente” con su indignación, cuando en realidad avalan su modelo de negocios. No basta con que los movimientos ambientalistas se desmarquen en el discurso de los intereses empresariales, hay que demostrarlo en hechos concretos como el que se acaba de presentar en el país.

La transición ecológica nunca vendrá del capitalismo.

El capitalismo verde no está contribuyendo a combatir el cambio climático. Basta con ver lo que sucede en aquellos países que hoy se presentan como los adalides de la transición energética: en Alemania, por ejemplo, las energías renovables no están sustituyendo a las energías fósiles, sino complementándolas, haciendo crecer el volumen de consumo energético masivo al servicio del interés privado. El país germano, tras 40 años de transición energética sigue siendo, por mucho, el mayor emisor de Gases de Efecto Invernadero de la Unión Europea.

Los actores interesados en la privatización de la producción de electricidad han utilizado a las energías renovables como vía de legitimación en sus propios países y en la periferia global, tratando de destruir así sistemas públicos de producción y distribución de energía, como intentan hacer en México en los últimos años. Tras el discurso de interés por el medio ambiente, se encuentra la ambición de desarrollar jugosos negocios, frecuentemente relacionados con historias criminales de robo y despojo a comunidades campesinas e indígenas y de desapariciones y asesinatos a defensoras y defensores del territorio.

El “desarrollo” impuesto en nuestro país por las empresas verdes es completamente violatorio del derecho humano a una vida digna, justa y equitativa, sin privilegios para los poderosos y con igualdad jurídica y social para toda la población. La explotación mercantil de energías renovables eleva los costos de este bien para los sectores pobres y marginados de la población, que cada vez tienen menor capacidad de pagar. La electricidad se ha transformado en una mercancía vendida al mejor postor y es ignorada su condición de derecho humano y social.

En México, los privados multiplican el costo de su producción para venderla cara a la CFE, en busca de mayores ganancias. Además, estas corporaciones llevan años usando de manera gratuita la red eléctrica sostenida con recursos públicos, sin pagar un solo centavo para su mantenimiento. Ese es uno de los principales motivos por los que en los últimos años se ha elevado el precio de la luz para el pueblo mexicano.

Necesitamos impulsar una tercera vía basada en el poder social.

El gobierno de López Obrador ha dado concesiones a un sector de los capitalistas nacionales y extranjeros con la ilusa pretensión de mantener un equilibrio económico, que él resume en la frase: “gobernar para ricos y para pobres.” Al mismo tiempo, quiere recuperar cierta autonomía de acción frente a ellos pues es celoso de su papel como “rector de la economía nacional”.

Es en esta política ambigua y zigzagueante que se ha hecho un timorato intento de recuperar el sector energético nacional. Sin embargo, al mantener la estructura de la Reforma Energética se ha podido avanzar muy poco en la recuperación de la soberanía energética, dejando para un futuro incierto la protección social de la mayoría trabajadora de este país.

La pandemia de Covid-19 ha demostrado que es necesario intervenir el sistema de salud privado para que pueda atender a todas y a todos, sin distinción de clase. Se requiere una intervención de la misma fuerza en el sistema de producción de energía para garantizar el acceso a la misma para todas las personas. Debemos recuperar la industria eléctrica bajo dominio público y comenzar un proceso desde las mayorías sociales para la búsqueda de una salida a la catástrofe social y ecológica del capitalismo.

Una transición energética auténtica debe partir de la renacionalización de la industria y la reafirmación de su carácter público y social. La construcción de esta transición, efectiva y verdaderamente ecológica, debe darse frente a los ojos de todas y todos. Para ello, esta intervención estatal y el proceso de transición ecológica deben ser públicos, rindiendo cuentas a la población, en el sentido de que debe estar bajo control democrático del las y los trabajadores y del pueblo en general.

La CFE, actualmente en un proceso de privatización, debe realizar un giro de 180 grados y romper con todo intento de privatización presente y futura, tomar el control completo de la industria estratégica y comenzar un proceso de transición energética ecológica y soberana, con la participación activa de las y los trabajadores del campo y la ciudad.

Para detener el avance del capitalismo verde y garantizar al mismo tiempo una transición ecológica auténtica en la producción de energías, necesitamos construir una alianza potente entre las organizaciones ecologistas, que impulse la justicia ambiental y que no se subordine a las empresas privadas. Es preciso que los grupos de defensa del medio ambiente se mantengan firmes frente a los intentos de instrumentalizarlos y que generen alianzas coordinadas con las y los usuarios de energía, en particular aquellas que tienen una perspectiva ecologista como la Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia, y con los pueblos campesinos e indígenas que defienden y luchan por el territorio y los bienes comunes naturales.

¡Por la soberanía energética para construir una auténtica transición ecológica!

¡Por la renacionalización ecológica de la industria eléctrica!

¡Fuera empresas privadas trasnacionales y nacionales de nuestra industria eléctrica!