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Soberanía Energética para los pueblos: ¿Cómo pensar una transición energética en México?

José Luis Hernández Ayala

Durante la última década del siglo XX se acentuó la preocupación por el calentamiento global causado por la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). El principal de ellos es el dióxido de carbono (CO2), causado por la quema de combustibles fósiles (gasolina, combustóleo, carbón o gas), que utilizan el sector del transporte (22%), industria (20%) y la generación de electricidad (41%).

De continuar la actual tendencia de emisiones de GEI, a fines de siglo se podría alcanzar un incremento de 2 grados en la temperatura del planeta cuyas consecuencias serían destrozas para el sostenimiento de la vida. El 11 de diciembre de 1997 los países industrializados se comprometieron en Kioto, Japón, a un conjunto de medidas para reducir las emisiones de GEI. Los gobiernos signatarios de dichos países pactaron una reducción, a ser alcanzada entre 2008 y 2012, de al menos un 5 % en promedio de las emisiones de los gases de efecto invernadero, tomando como referencia los niveles de 1990. El acuerdo entró en vigor el 16 de febrero de 2005.

Intentando cumplir estos objetivos, en México se creó un nuevo marco legal para impulsar la transición energética basada principalmente en la construcción de plantas de energía fotovoltaica y eólica, dejando de lado otras fuentes de energía limpia como la geotérmica o mareomotriz.

El principal problema que tenemos para alcanzar una auténtica transición energética en México es que la creación del mencionado marco legal no obedeció a criterios ecológicos y a una visión multidimensional de los problemas técnicos y operativos necesarios para reestructurar nuestra industria eléctrica, sino al interés particular de una oligarquía más interesada en hacer negocios leoninos asociada con empresas trasnacionales.

La privatización furtiva de la generación de electricidad, el inconstitucional decreto extinción de Luz y Fuerza del Centro y el intento de destruir al Sindicato Mexicano de Electricistas, por parte del narco gobierno de Felipe Calderón, y la reforma neoliberal de Enrique Peña Nieto fueron eslabones de una cadena destinada a destruir a Comisión Federal de Electricidad y de entregar la industria a particulares.

No está de más recordar el alto costo que para la Nación significó el cierre de plantas de generación con más de media vida útil, el saqueo de CFE, la inundación del estado de Tabasco en el 2006 por el cierre de las compuertas de las hidroeléctricas del rio Grijalva para darle entrada a la generación privada, los fatales accidentes (con alto costos de vida humana e instalaciones) por el cierre de Luz y Fuerza del Centro y la constante elevación de tarifas eléctricas.

El actual conflicto entre el gobierno federal con las empresas de generación fotovoltaica y eólica es parte de la envenenada herencia de la reforma energética de Peña Nieto. La drástica caída de la demanda de electricidad, provocada por las medidas sanitarias que redujeron la actividad económica, causaron enormes problemas técnicos para garantizar la seguridad y confiabilidad del suministro eléctrico y parte del problema fueron los generadores no convencionales (eólica y fotovoltaica).

La razón estriba en que la generación convencional (ciclo combinado, carboeléctricas o hidroeléctricas), brindan energía constante, sin grandes variaciones en frecuencia y voltaje y aportan corriente de corto circuito. Las plantas de energía no convencional, por los días nublados o la falta de viento, no ofrecen las mismas ventajas, por lo mismo el costo de su consumo se eleva debido a que requieren generación de respaldo y largas líneas de transmisión porque se ubican muy lejos de los centros de consumo.

Hasta ahora esos costos, gracias a contratos leoninos, los absorbía CFE con cargo a los consumidores. Esta fue la razón por la cual la Secretaria de Energía emitió, el pasado 15 de mayo, el “ACUERDO por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”. Su objetivo no es la renacionalización de la industria eléctrica, pero sí la de recuperar la rectoría del Estado y poner orden en los abusos de los generadores privados, principalmente la española Iberdrola, de energía no convencional.

Actualmente este Acuerdo se encuentra suspendido debido a la increíble celeridad del Poder Judicial para dar cauce al amparo promovido por las empresas trasnacionales y de, quien lo diría, de su nuevo aliado, los “ecologistas” de GreenPeace.

Pero este no es el único lado oscuro de las empresas de energía “limpia”. Existen numerosos casos, bien documentados, de despojo de territorio e imposición de estas plantas a comunidades indígenas en varios estados de la república y en donde existen contratos de arrendamiento, las trasnacionales pagan una renta cuatro veces menor que en sus países de origen.

No obstante, todo lo anterior, esto no significa que nos opongamos a la utilización de las plantas de generación no convencionales. No habrá futuro si no aprendemos a mejorarlas y desarrollarlas, así como de impulsar una política de decrecimiento para reducir el demencial consumo de energía.

A poco más de 10 años de iniciar sus operaciones, la generación no convencional ha dado un salto espectacular. Al 31 de diciembre de 2019, de una capacidad total de generación de 79,599 MW, a la fotovoltaica le correspondía el 4.37% y a la eólica el 7.49%, para hacer un total del 11.86%.

En tanto las hidroeléctricas tienen una capacidad de generación del 15.85% y a las geotermoeléctricas el 1.19%. En total las energías llamadas limpias tienen una capacidad de generación del 28.9%, no muy lejos de la meta del 35% programado para el 2024. No incluimos dentro de este cálculo a la energía nuclear, por considerarla demasiado peligrosa para continuar utilizándola.

Para justificar el proceso de privatización del sector eléctrico, los neoliberales nos han espantado con el cuento de que si no se inyectan enormes capitales en la actual capacidad de generación “nos vamos a quedar sin luz”. Sus proyecciones siempre se han quedado cortas. Recordemos cuando el ex secretario de energía Luis Téllez nos hablaba de tasas de crecimiento de la economía del 5% cuando el promedio real de los últimos 20 años ha sido del 2% anual. Estas previsiones deben ser completamente revisadas sobre todo porque la economía mundial está entrando en un periodo de estancamiento similar al que se abrió en 1929-40.

También habrá que revisar todo el marco legal heredado por la reforma neoliberal al sector energético. El acuerdo sobre Política de Confiabilidad es un buen paso en el sentido correcto, pero es del todo insuficiente. Es necesario abrir un gran debate nacional para definir los objetivos estratégicos para alcanzar una Transición Energética democrática, ecológica y que garantice el derecho humano a la energía. Los combustibles fósiles ya no son una opción, pero tampoco energías renovables consideradas como mercancías en manos de multimillonarios nacionales o extranjeros.

Estamos de acuerdo con la política energética de AMLO que busca recuperar el control de la industria eléctrica y petrolera en tanto sector estratégico. Pero es necesario revertir la reforma energética en forma constitucional e instrumentar una política de transición energética hacia las energías limpias desde el sector público y social con la participación de las comunidades y pueblos que conservan la potestad de sus recursos naturales respetando sus derechos, usos y costumbres.