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Sobre la militarización | Declaración de la CSR

Hoy, a 54 años de la masacre perpetrada contra el movimiento estudiantil en Tlatelolco por parte del Ejército, es momento de rechazar contundentemente los esfuerzos del presidente Andrés Manuel López Obrador de limpiarle la cara a un ejército que ha servido históricamente para reprimir la lucha social. También es momento de volver a rechazar la aprobación de la reforma constitucional que pasa el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), como parte del proceso iniciado en administraciones anteriores que profundiza la presencia militar en la vida pública.

El PAN, Movimiento Ciudadano y lo que queda del PRD se han manifestado en contra, rasgándose las vestiduras de manera hipócrita por algo que comenzó la presidencia del panista Felipe Calderón y que continuó con el priista Enrique Peña Nieto. Por otro lado, el PRI, desoyendo a sus compañeros del bloque derechista Va por México y a su mentor, el empresario Claudio X. González, presentó una propuesta para que la Guardia Nacional siga bajo mando militar durante por lo menos diez años más, la cual fue aprobada con los votos de las y los diputados oficialistas, en un guiño lanzado a AMLO desde el oportunismo que caracteriza a este partido.

Por otro lado, Morena, grupos y personalidades afines a la 4T, han justificado la decisión de López Obrador desdiciéndose de anteriores posturas antimilitaristas. Mientras tanto, un sector de la izquierda social y de organizaciones de derechos humanos han señalado los peligros de darle más espacio y poder a las fuerzas armadas, sin encontrar mucho eco en las bases que simpatizan con AMLO, las cuáles identifican la oposición a la militarización con la campaña de la derecha, debido al discurso que una y otra vez desde las mañaneras, difunde el presidente con este propósito.

Lo cierto es que, a pesar de la presencia de militares en las calles desde hace 16 años, la violencia, los índices delictivos y la fuerza de los cárteles no han disminuido, al contrario, ha habido un aumento en la tasa de homicidios, desapariciones y criminalidad desde entonces, así como en el fortalecimiento de los vínculos entre el Ejército y el crimen organizado. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es una clara muestra de ello.

La permanencia de políticas neoliberales que incrementan la pobreza, el abandono al campo, la dependencia con Estados Unidos y la destrucción del tejido social crean las condiciones propicias para que los cárteles se nutran de mano de obra dispuesta a trabajar para ellos ante la falta de oportunidades y de sostén comunitario. A su vez, la desregulación del comercio internacional en beneficio del mercado estadounidense nos ha convertido en productores de drogas para el consumo del vecino del norte y en receptores de armas que terminan en manos de los capos.

Las Fuerzas Armadas, envueltas a lo largo de su historia en episodios de represión (Tlatelolco, Acteal, Aguas Blancas, Tlatlaya, Nochixtlán, Ostula, Ayotzinapa) y de violaciones a los derechos humanos contra sectores sociales estigmatizados (clases populares, indígenas, mujeres, disidencias sexuales…), no han sufrido cambios con la llegada de AMLO al gobierno, al contrario, han mantenido intactas sus estructuras llenas de impunidad y opacidad. Los últimos acontecimientos en torno al caso Ayotzinapa, de resistencia del Ejército a ser juzgado, nos habla de que sigue habiendo corrupción dentro de él y que es mentira que sea “pueblo uniformado” respetuoso de los derechos humanos.

Sabemos que resolver altos niveles de violencia que atraviesa nuestro país no es un asunto sencillo, pero consideramos que incrementar el poder económico y político y la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública va en sentido contrario a la solución de esta crisis. Tampoco es opción fortalecer otras instituciones represivas del Estado como la policía o la Guardia Nacional bajo mando civil. Todo esto sería expandir los alcances de corporaciones que a lo largo de los años han sido los instrumentos de las élites para reprimir al pueblo cuando el consenso social no alcanza para gobernar.

El camino complejo y difícil para encontrar una solución a la inseguridad pasa, en última instancia, por atacar las causas sociales y económicas de empobrecimiento y dependencia que son caldo de cultivo para el fortalecimiento del crimen organizado. Lanzar incursiones decididas contra el poder de las grandes empresas nacionales y transnacionales, en otras palabras, apuntar contra el sistema capitalista. Mientras esto pasa, necesitamos comenzar el debate sobre la legalización de todas las drogas, irrumpir en las finanzas de los cárteles y promover en todo ello la auto-organización social.

 

¡Alto a la militarización de la vida pública profundizada por el gobierno de López Obrador!

¡Fuera PRI, PAN y la derecha hipócrita que son antimilitaristas por oportunismo!

¡Fortalezcamos la resistencia popular contra la militarización!

México a 2 de octubre de 2022

Coordinadora Socialista Revolucionaria