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Sobre la violencia que vive Colima | Declaración de la CSR Colima

Desde el enfrentamiento del 25 de enero en el CERESO de Colima, nuestro estado pasa por una sostenida racha de violencia que ha afectado la vida cotidiana sobre todo de quienes vivimos en la zona conurbada de la capital. Sin embargo, no es la peor crisis de seguridad que atraviesa Colima, como muchos comentaristas señalan. 

Durante el sexenio de Mario Anguiano (2009-2015) se vivieron jornadas de balaceras e incluso la detonación de una bomba en dos negocios al norte de la capital, además de los asesinatos del exgobernador Silverio Cavazos, del coordinador de asesores del gobierno del Estado, Saúl Adame, y el atentado contra el exgobernador Fernando Moreno Peña. Después, la administración de Ignacio Peralta coronó la crisis de seguridad en 2017 con la cifra más alta de homicidios dolosos desde que empezaron los registros, con 93.37 de ellos por cada 100 mil habitantes (una cifra altísima) y con el recurrente primer lugar en asesinatos a nivel nacional. Todo esto se enmarca en una espiral de violencia, inseguridad y luchas por el control del territorio de parte del crimen organizado que no se limita a Colima, sino que forma parte de una problemática nacional que tampoco el gobierno de López Obrador ha podido hacer frente.

Es importante tener en cuenta que el narcotráfico no es un fenómeno externo a este sistema o una excepción al “funcionamiento ordenado” de la economía y la legalidad, sino que es un sector económico que se rige plenamente bajo las reglas capitalistas de la producción, la competencia y el mercado. Los cárteles son, por lo tanto, empresas que se benefician de la alta rentabilidad que la prohibición de las drogas genera en México y Estados Unidos. 

Con mayor control del Estado en décadas anteriores, a partir de los años noventa las políticas neoliberales de privatización alcanzaron también a este negocio, otorgándole más poder a los cárteles e incentivando la competencia violenta entre ellos. Estas mismas políticas de recortes y precarización laboral empobrecieron a la población y debilitaron los lazos comunitarios creando un terreno fértil para que personas, sobre todo jóvenes, encuentren en el crimen organizado un camino rentable ante la falta de oportunidades.

El consumo de drogas existe a pesar de la ley y su prohibición mantiene a estas empresas-cárteles fuera de la regulación estatal, incrementando exorbitantemente los precios, haciendo más lucrativo el negocio, y dejando a quienes trabajan para ellos sin ningún tipo de protección laboral.

Por todo ello, señalamos la hipocresía del PRI y el PAN al expresar su preocupación por la inseguridad que vivimos. Sus gobiernos, a nivel federal y estatal, aplicaron las políticas neoliberales causantes del problema y pactaron con sectores del crimen organizado para beneficiar unos cárteles sobre otros (el caso de García Luna, secretario de Seguridad Pública de Felipe Carderón, aliado del Cártel de Sinaloa, es emblemático). Sus llamados a “cambiar la estrategia de seguridad”, cuando en realidad ha habido continuidad con la estrategia de guerra iniciada por el PAN, buscan nada más golpear políticamente a sus adversarios en el Gobierno del Estado, sin importarles para nada nuestro bienestar.

Por su parte, la tardanza de Indira Vizcaíno en dar un mensaje a la población aumentó la incertidumbre en la sociedad colimense y dio espacio para los discursos oportunistas del PRI y el PAN.

La crisis de seguridad que vivimos es un problema complejo y multicausal que no se resolverá con más presencia militar y policiaca en las calles. No hay recetas para ello pero creemos que elevar el análisis y el debate es un buen inicio para encontrar salidas a esta terrible situación, superando el diálogo de sordos que ha predominado en Colima entre quienes culpan exclusivamente a la gobernadora de lo que está sucediendo y quienes se limitan a ser sus porristas.

Por nuestra parte, vislumbramos algunas pistas que abonan a una solución. Mientras no se regule el mercado de las drogas, se brinden oportunidades a las mayorías sociales y se reconstruyan los lazos comunitarios, en otras palabras, mientras se deje de alimentar socialmente y económicamente el poder de los cárteles, los retenes y el patrullaje militar y policiaco en las calles no servirán de mucho. Y esto solo se puede lograr atacando firmemente las bases neoliberales de la economía mexicana que hasta ahora siguen en pie.

Colima, Colima a 18 de febrero de 2022

Coordinadora Socialista Revolucionaria – Colima