photo-620x400

Zacualpan, Colima: la lucha indígena contra la minería y el despojo

Zacualpan, comunidad indígena nahua que se encuentra a treinta minutos de la capital del estado de Colima resiste con fuerza y valentía desde 2013 a los intereses del gobierno del estado y empresarios mineros por explotar el mineral que guardan los cerros que la rodean. Su lucha contra la minería en Colima los llevó, en 2014, a ser la primera comunidad en todo el país en declararse territorio libre de minería.

Se pretendía – hasta la suspensión de la concesión minera en 2015 – instalar una mina de oro, cobre y manganeso a menos de un kilómetro de los  llamados “Manantiales de Zacualpan”, fuente natural de agua que, además de ser un balneario y centro turístico de donde decenas de familias zacualpenses se benefician económicamente, abastece a cerca de 300 mil personas de la zona conurbada de Colima de este vital líquido.

Desde entonces, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ), junto con la organización ambientalista Bios Iguana A.C. han sufrido innumerables agresiones, amenazas y hostigamiento por parte de autoridades estatales, policiales y de un grupo zacualpense ligado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) encabezado por el ex comisariado de Bienes Comunales, Carlos Guzmán y Enrique Carpio, presidente de la Junta Municipal de Zacualpan, quienes han agredido físicamente a miembros de ambas organizaciones y cerrado, incluso, el acceso al balneario queriéndose apoderar de su administración, todo esto ante la presencia de agentes de la Policía Estatal y Municipal de Comala y con consentimiento de la ex Delegada de la Procuraduría Agraria María Elena Díaz Rivera, quien fue separada de su cargo hace una semana gracias a las denuncias del CIDTZ y de organizaciones de derechos humanos de todo el país.

En marzo de 2014, la comunidad decidió tomar y cerrar las bombas donde el agua viaja hasta las casas de los colimenses en un acto de protesta y hartazgo ante la incompetencia e indiferencia de las autoridades y del gobernador del estado. Ante esto, el entonces secretario de gobierno, Rogelio Rueda, dio la orden de reprimir a los manifestantes con aproximadamente 150 granaderos utilizando una tanqueta nunca antes usada en algún otro conflicto, resultando heridos mujeres y niños.

En las últimas semanas se han suscitado hechos de violencia en la comunidad debido a que el grupo priista tomó de nueva cuenta la entrada del balneario, como lo hizo en marzo de 2015 cuando la Caravana de Observación del Caso Zacualpan, integrada por más de 13 organizaciones nacionales e internacionales, visitó el pueblo. En está ocasión los comuneros priistas agredieron a pedradas a miembros del CIDTZ lesionando a 7 personas, 3 de ellas de edad avanzada y ocasionando pérdidas económicas a la comunidad y para quienes trabajan dentro del balneario.

Sin embargo, las autoridades correspondientes sólo se han limitado a abrir diálogos entre ambas partes donde las resoluciones tomadas nunca se acatan, según dice Taurino Rincón Lorenzo, actual Presidente de Bienes Comunales, quien también se ha opuesto a la instalación de la mina en el poblado.

A pesar de esto y de los intentos de manipulación en las asambleas comunales, de la violencia y estigma hacia activistas y pobladores de la comunidad, de la marginación que han sufrido durante décadas por parte del Estado por el simple hecho de ser indígenas nahuas, Zacualpan se han dado cuenta que los megaproyectos extractivistas son una herramienta más del capitalismo voraz y un adherente del falso progreso, y, por esa razón siguen luchando contra los intentos de despojo de su territorio, su agua, su cultura y costumbres.

Por Monserrat Cárdenas, activista estudiantil y miembro de la organización ambientalista Bios Iguana.