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¡Expropiación, sin indemnización, de las empresas eléctricas privadas!

Declaración de la Coordinadora Socialista Revolucionaria – CSR

30-03-2021

La confrontación entre las empresas eléctricas, apoyadas por la oligarquía, y el gobierno federal -por la reforma que pretende recuperar la rectoría del Estado sobre esta industria estratégica y terminar con los contratos leoninos que tanto daño han causado a la nación y a los usuarios-, crece incesantemente y enfrenta a diversos poderes del Estado.

La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica promulgada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 9 de marzo, que no renacionaliza la industria ni elimina el mal llamado “mercado eléctrico”, ha sido rechazada por los empresarios, quienes la llaman, “expropiatoria, y actualmente se encuentra en estado de suspensión definitiva por dos jueces mercenarios, que, en un tiempo record de 48 horas, revisaron los recursos de amparo. En respuesta el gobierno ha denunciado la corrupción detrás de la privatización del sector eléctrico, ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la revisión de estos amparos y ha declarado que, en caso de que la corte avale la suspensión definitiva, promoverá una reforma constitucional para recuperar el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, que impide la participación privada en el servicio público de energía eléctrica.

En nuestra opinión, existen sobrados argumentos que justifican la renacionalización de la industria eléctrica, sin ningún tipo de indemnización, de las empresas eléctricas e incluso de fincar responsabilidades penales a políticos y empresarios que auspiciaron la reforma privatizadora, por daños al patrimonio nacional, fraude, delincuencia organizada y traición a la patria.

  • Nunca fue necesaria la inversión privada en materia de generación eléctrica, al momento de iniciar el proceso privatizador, con la inconstitucional reforma de Carlos Salinas de Gortari a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica de 1992, existía una capacidad de reserva en generación de más del 40 por ciento. Esta reserva se fue reduciendo cerrando plantas con vida útil y reduciendo la capacidad de generación de Comisión Federal de Electricidad (CFE), sobre todo de la hidroeléctricas (que generan la energía más barata). La participación de la inversión privada en la industria eléctrica se basó en una gran farsa y en la más descarada rapiña.
  • Las empresas extranjeras no trajeron “capital fresco” de sus países de origen (otro gran engaño) ni arriesgan un peso, consiguieron créditos de la banca pública, a cuenta de contratos leoninos y una desmedida alza de las tarifas eléctricas, las y los usuarios terminamos pagando las plantas y garantizado las millonarias ganancias de un pequeño número de vivales. El subsidio total derivado de la reforma privatizadora del 2013 asciende a 471 mil 200 millones de pesos mmp, alrededor de 23 mil millones de dólares).
  • Los contratos de compraventa entre las empresas eléctricas privadas y CFE, obligan a esta última a comprar el 100 por ciento de su capacidad de generación, aunque se consuma la mitad, y a los precios más altos que fijen los carroñeros. Una pérdida por 215 mmp.
  • Al dejar de generar CFE para permitir la generación privada, se origina un subsidio por 209 mil millones de pesos.
  • Existe una total simulación en el ramo de la “autogeneración”. Las empresas de “autoconsumo” han convertido en “socios”, a los 72,656 usuarios calificados (los grandes consumidores, anteriormente clientes de CFE), bajo esta figura evaden pagar 29 mmp por la utilización de las redes de transmisión y distribución (porteo).
  • Las empresas de “energías limpias” (eólicas y solar) realizan un sinfín de tropelías: mediante contratos leoninos pagan una renta diez veces menor a lo que pagan en otros países y despojan a las comunidades indígenas de sus territorios para la instalación de sus gigantescas plantas; las eólicas, montadas sobre enormes dados de cimentación, destruyen territorios agrícolas y contaminan el paisaje; acaparan, porque dejan fuera a CFE que produce el 55% de energías limpias, el 100% de los “certificados de energías limpias” obteniendo 6 mil 159 millones de pesos de ganancias adicionales.
  • Las “energías limpias”, al ser intermitentes, requieren que CFE mantenga plantas de respaldo para mantener la estabilidad del sistema. Por supuesto, estas empresas no pagan un centavo por este respaldo ni por el porteo lo que significa 21 mmp.
  • Para garantizar el funcionamiento de las plantas de ciclo combinado, CFE se ve obligada a suministrarles gas a precio subsidiado.
  • Desde antes de poner la primera piedra de sus plantas, estas empresas ya cuentan con “contratos de protección patronal”, signados con los charros del Suterm (Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana), para pagar salarios por debajo de lo establecido en su contrato colectivo y sin libertad sindical.
  • La contrarreforma neoliberal del párrafo sexto del artículo 27 constitucional debe ser abrogada por dos razones fundamentales: contraviene el espíritu original del constituyente de 1917 y de la nacionalización de la industria eléctrica de 1960, que a la letra expresaba: “Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.”; y porque dicha contrarreforma fue producto de un soborno otorgado a los legisladores que la aprobaron.

Por menos de lo que hemos descrito, el gobierno de Adolfo López Mateos, el 1 de septiembre de 1960, decretó la nacionalización de la Industria eléctrica. Ha llegado el momento, guardando estrictas medidas sanitarias, de que el pueblo de México salga a la calle a demandar la Renacionalización de la Industria Eléctrica, la reinserción laboral en CFE de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el “borrón y cuenta nueva” para todas las organizaciones de usuarios de la energía eléctrica y una nueva legislación que contemple el derecho humano de acceso a la energía y por una tarifa justa para todo el pueblo mexicano.

Ciudad de México a 27 de marzo de 2021

¡Por la renacionalización de la industria eléctrica que garantice la recuperación del sector con perspectiva ecológica pública y social con la participación de las comunidades y pueblos que conservan la potestad de sus recursos naturales

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